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PROVINCIALES

Vidal solicitó renuncias a la cúpula de SPSE de Caleta Olivia

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El gobernador Claudio Vidal descubrió una serie de irregularidades, que podrían constituir supuestos delitos. En tal sentido, solicitó varios pedidos de renuncias a los cargos más altos de la empresa de Servicios Públicos. La sospecha cae sobre una organización dedicada a robar agua potable, para venderla en forma privada, afectando a la población de Caleta Olivia.

El mandatario provincial reunió hoy, en Caleta Olivia, a la conducción completa de la delegación de Servicios Públicos Sociedad del Estado, representantes sindicales de los trabajadores agrupados en el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, el jefe de la regional de Policía y el intendente local, Pablo Carrizo.

Preocupado por numerosas denuncias de vecinos de la localidad, Vidal solicitó renuncias en los cargos de conducción de la empresa pública, ya que existen fundadas sospechas, de acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Las mismas serán informadas a partir de mañana.

Esos supuestos sabotajes tendrían por objeto “robar” el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, para cargarla en camiones y venderla en forma particular.

Esa operatoria tendría varios años de antigüedad y el mandatario santacruceño piensa caer con todo el peso de la ley.

A tal efecto, ordenó al jefe de Policía de la regional, control total y custodia de las llaves y válvulas de los acueductos, por encima de los trabajadores de la empresa.

Además, ordenó un exhaustivo trabajo técnico, soluciones urgentes relacionadas al suministro del agua, un estudio de las principales inversiones para mejorar el servicio y todo lo que hay que hacer respecto de reestructuraciones para coordinar que los trabajos se hagan correctamente.

Del encuentro participó el Presidente de Servicios Públicos, Jorge Avendaño, el Gerente General de Explotación, Miguel Arroyo, la Subgerente de Mantenimiento, Marcela Quiroga, el Gerente General de Administración, Pablo Gordillo Regada, y el Gerente de Distrito Caleta Olivia, Alejandro Mamaní. Junto a ellos, los representantes sindicales  y autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía.

El mandatario ya había denunciado públicamente que en Caleta Olivia «hubo negocios con el agua toda la vida».

Reiteró, también en forma pública, que «hay que cambiar algunos cargos de forma urgente» y que «hay cosas que se siguen haciendo y no se tendrían que hacer».

Dijo que la planta de Ósmosis invertida en Caleta funciona «en un 35 por ciento» y que la toma de agua «está construida en un lugar que no corresponde». «La planta funcionó solamente 8 años y parte de la tecnología que se utiliza para esto no se fabrica más», aseveró.

Vidal expresó que es importante «poder comenzar el acueducto que va a aportar casi 2.500 metros cúbicos de agua». «Acá hubo negocios con el agua toda la vida. Basta de tapar las cosas. La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción. Pequeños grupos de la política que se quedó con el patrimonio de los santacruceños”, denunció.


PROVINCIALES

Bloque de Diputados por Santa Cruz

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Desde el Bloque de Diputados Por Santa Cruz queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y preocupación por la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que habría ocurrido en la Fundación Valdocco donde se encuentran alojados niños y jóvenes de 6 a 18 años, sin aparente intervención de ninguna autoridad de infancia ni del Poder Judicial y a más de 3000 km. del lugar de origen de algunos de ellos.

La preocupación es total ante la falta de cumplimiento de la Ley 26.061 concordante con nuestra Ley Provincial 3.062 por parte de la Juez que intervino en la causa, quien luego de admitir la vulneración de derechos de los menores, procedió a archivar la misma.

Instamos a todas las autoridades de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a respetar y salvaguardar de manera irrestricta la Convención Sobre los Derechos del Niño y reafirmar los derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el debido proceso legal, el respeto a su centro de vida, el derecho a la convivencia familiar que integran el interés superior del niño.


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