NACIONALES
Tensión, chicanas y discusiones fuertes en la primera jornada del debate por el juicio político a la Corte

Para el oficialismo es un necesidad de la democracia, para Juntos por el Cambio un circo y para la izquierda un montaje. Qué se dijo y cómo sigue la puja en la Comisión.
La Cámara de Diputados abrió el debate en comisión del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema con un debate tenso, que incluyó contrapuntos entre legisladores y en el que se repasaron los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro magistrados por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2×1 a represores condenados o haber resuelto en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires la polémica por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
En las casi cuatro horas que duró la reunión se sucedieron los planteos contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por parte de los diputados del oficialismo, con argumentos en sintonía con el presidente Alberto Fernández y gobernadores, pero al mismo tiempo hubo reproches cruzados entre los diputados del FdT y los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, lo que anticipa una dura batalla a lo largo de este procedimiento legislativo.
Para abrir las sesiones de la comisión, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), el FdT logró el quórum con la presencia de sus 16 legisladores, ya que la principal bancada opositora intentó infructuosamente trabar la actividad parlamentaria, en rechazo al enjuiciamiento a los miembros del alto tribunal.

Foto: Presidencia
Al iniciar la reunión, que se extendió entre las 11 y las 14:50, Gaillard adelantó que el próximo jueves 2 de febrero la comisión recibirá a los firmantes de los 14 proyectos de juicio político presentados contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Una semana más tarde, el jueves 9 de febrero, se analizará el informe de admisibilidad para determinar si corresponde comenzar el período de prueba, amplió Gaillard.
En sus discursos, los representantes del oficialismo acusaron a los cuatro miembros del tribunal de «mal desempeño» de sus funciones, sobre todo por los fallos dictados en relación al número de integrantes del Consejo de la Magistratura -reiteraron que la Corte asumió una función del Poder Legislativo-; también por el fallo del ‘2×1’ y por denuncias de irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, entre otras causales.
Otras exposiciones los responsabilizaron por no ejercer el rol de superintendencia sobre el Poder Judicial al observar sin hacer nada el dictado de «fallos vergonzosos» o constatarse irregularidades y desvíos en la conducta de algunos jueces: este fue uno de los planteos del diputado de origen radical Leopoldo Moreau, quien los acusó de no hacer nada ante el episodio del viaje a Lago Escondido, pese a que «un grupo de jueces y fiscales viajen invitados por una empresa (por el Grupo Clarín) a lugares de lujo, en aviones de lujo, en un ejercicio claro del delito de dádivas» y luego «planifiquen nuevos delitos para ver cómo tapaban el delito original».

Foto: Archivo TA /Télam
«Esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño, y entonces los dueños, los que sienten que es su Corte, salieron a defenderla», agregó Moreau en referencia a la carta abierta al Congreso que 500 empresarios difundieron hace una semana para reclamar que se frene el pedido de juicio político, y vinculó esa iniciativa con grupos económicos -nombró a la empresa Ledesma- y «medios de comunicación hegemónicos» que, dijo, «han obtenido fallos favorables de la Corte».
La reunión dio inicio al procedimiento de enjuiciamiento a miembros del tribunal y coincidió con los casi veinte años del último juicio político promovido contra jueces de la Corte, realizado en los primeros años del Gobierno de Néstor Kirchner, cuando se aprobó en la Cámara baja la acusación a Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor.
El paso fundamental para avanzar en el procedimiento será aprobar en comisión por simple mayoría -se requieren 16 firmas- la admisibilidad para abrir una investigación a partir de los 14 pedidos de juicio político presentados por el Gobierno nacional, diputados oficialistas e incluso algunos opositores -en el caso de Lorenzetti-, para luego comenzar la etapa de recolección de pruebas.
Esta mañana, a lo largo de la reunión, se sucedieron los reproches entre legisladores oficialistas y opositores, quienes advertían que la iniciativa del FdT no tendría éxito y la encuadraban como un «circo»; en algunos momentos la entrerriana Gaillard debió alzar la voz para llamar al orden.
Hubo fuertes cruces como los que protagonizaron el oficialista del Chaco Juan Manuel Pedrini y el ex ministro macrista Alejandro Finocchiaro y otro que tuvieron el legislador del FdT y titular de la comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, con su par del Interbloque Federal Alejandro «Topo» Rodríguez.
Al abrir la reunión, Gaillard aseguró que «voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión», para luego aclarar: «Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades que si tienen la justicia».
En ese sentido, precisó que «una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso».
«En caso que la admisibilidad sea favorable estaríamos en condiciones de aprobarla e iría al recinto», añadió, y luego leyó el resumen de los 14 expedientes a analizar.
Desde la oposición, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que desde ese espacio propondrán «una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles».
Le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, ya que «las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas».
Ante una consulta del diputado del PRO Álvaro González sobre si se conformaría una subcomisión para que continúe con el proceso, el jefe parlamentario del FdT aclaró que «la intención del bloque oficialista es que los elementos sean analizados en conjunto por parte de toda la comisión».
Por su parte, el diputado mendocino del PRO Omar De Marchi calificó la apertura del debate en la comisión como «una puesta en escena que nos ofrece hoy el Presidente», a quien consideró «el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario».
Martínez, del FdT, salió a contestarle: «No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer», afirmó Martínez, y remarcó que los legisladores del oficialismo no andan «en conciliábulos nocturnos».
«Estamos ante una situación de gravedad institucional extrema. Estamos ante una crisis en la justicia Argentina, de la cual hay realmente sospechas gravísimas», agregó el santafesino.
En tanto, el diputado del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, anticipó su rechazo a este proceso, al sostener que «no vamos a entrar en la descalificación. No me parece que, por señalar que pensamos distinto, seamos empleados de poderes oscuros. Es la anulación de cualquier respeto por la posición política», replicó.

A su turno, la diputada del FdT y miembro del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley aseguró que el objetivo del juicio político es «preservar la institución (el máximo tribunal) de pésimos funcionarios. El objetivo es preservar la institución de los pésimos funcionarios que tiene la Corte Suprema», insistió.
Cuando la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, le preguntó a Siley si le concedía una interrupción pedida por el radical Mario Negri, la legisladora respondió: «No le concedo la palabra por machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo». En ese momento Siley pedía que la dejen terminar de hablar, había planteado que había escuchado a todos atentamente y agregó: «Hablo como yo quiero, diputado Negri, déjeme terminar la idea y digo lo que quiero».
Por su parte, el diputado del FdT y secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky destacó que en el impulso del juicio político confluyen «movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen como debería ser pero por lo menos que sea independiente».
Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman sostuvo que la discusión tenía «mucho montaje» y afirmó que a pesar de los llamados a la «despolarización» aparece una iniciativa que -dijo- «le conviene a Juntos por el Cambio».

Por otro lado, varios legisladores del FdT -entre ellas la propia Gaillard- insistieron en aclarar que la comisión no impulsa «un juicio a la Corte» en tanto institución del Estado y cabeza del Poder Judicial sino a sus cuatro miembros actuales.
«Lo que sucede -argumentó Moreau- es que esta es una Corte escuálida, que se ha ido achicando no solamente en numero sino también en su prestigio jurídico e intelectual. Se habla de ‘un juicio a la Corte’, algunos lo hacen intencionadamente, pero lo se está realizando aquí es un juicio a cuatro miembros, esto es muy importante que quede claro», puntualizó.
Y sobre los planteos opositores de que se está montando «un circo», una «patoteada», un «show» o «una amenaza», Moreau señaló: «Se habla de circo y se argumenta que está destinado al show porque no se van a reunir los dos tercios (de los votos necesarios para la destitución), pero no tuvieron el mismo concepto cuando la Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político a Lorenzetti a pesar de que entonces era matemáticamente improbable que se reunieran los dos tercios».
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Qué le espera al país con Javier Milei como presidente

La historia muestra que cada vez que gobernó la ortodoxia económica hubo catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, entrega de soberanía y atraso económico. Milei no será la excepción.

«Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatinos y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace más de diez años. Dejaremos que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos lanzar hoy una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno’«. El nefasto experimento de Alvaro Alsogaray, ministro de Hacienda de Arturo Frondizi entre 1959 y 1961, que llegó al cargo por presión militar, empezará a repetirse a partir de mañana con Javier Milei como presidente.
Le espera al país lo que ya vivió tantas veces a lo largo de décadas de gobiernos liberales: catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, atraso económico. Cada una de esas experiencias hundió a la Argentina en un pantano del que cada vez resultó más difícil salir. La entrega de soberanía también fue una constante con esos gobiernos.
Como Alsogaray a mediados del siglo pasado, el endeudador serial Luis «Toto» Caputo sostiene ahora que su gestión como ministro de Economía será muy complicada por «la pesada herencia» que recibe del gobierno que se va. Deja de lado que en su paso anterior por la gestión pública, como ministro de Finanzas, Economía y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, llegó al extremo de comprometer a diez generaciones a pagar la deuda que contrajo a cien años.
Esa plata no se usó para la construcción de rutas, centrales eléctricas o nuevas industrias, sino para la especulación financiera. Los dólares se evaporaron en esa fiesta que disfrutaron pocos y pagarán todos los argentinos. También como suele pasar, el gobierno peronista tuvo que reestructurar esos pasivos con el capital financiero internacional y, junto con ello, la deuda monumental que Macri, Caputo y compañía dejaron con el FMI. La desfachatez de Caputo para hablar de pesada herencia es marca registrada de los gobiernos liberales.
La lista
La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, tuvo como uno de sus ministros de Economía emblemáticos al liberal Adalbert Krieger Vasena. Ese gobierno fue responsable de la adquisición de un préstamo con varios bancos europeos que supuestamente se pagaría con el crecimiento económico que generarían las políticas liberales. El resultado fue que el préstamo no se pudo devolver, la Argentina cayó en default y los gobiernos de Europa crearon el Club de París para presionar por los pagos. También a esa administración hay que computarle la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional y el alineamiento incondicional con Estados Unidos.
El gobierno que siguió, de Arturo Frondizi, tuvo como ministros de Economía al mencionado Alsogaray y luego al liberal Roberto Alemann, quien en 1981 volvería al Palacio de Hacienda como ministro del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1961 estuvo al frente de una renegociación ruinosa de la deuda con el Club de París y desplegó un plan de ajuste que sumergió a las mayorías populares: hubo despidos y congelamiento de salarios de empleados estatales, aumentos exorbitantes de tarifas de servicios públicos, quita de aranceles a la importación, rebaja de indemnizaciones por despido y acortamiento de licencias por maternidad.
En 1962, días antes del derrocamiento de Frondizi y la asunción de José María Guido, Jorge Wehbe llegó por primera vez al Ministerio de Economía. Permaneció en ese cargo apenas un mes y mantuvo la línea del ajuste permanente. Wehbe reapareció como ministro de Economía con Alejandro Agustín Lanusse en 1972, con la misma impronta, y tuvo una tercera participación sobre el final de la última dictadura, en la gestión de Reynaldo Bignone en 1982 y 1983.
En 1962 y 1963, con Guido, se sucedieron como ministros de Economía Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Joe, como lo llamaban, fue exponente principal de la oligarquía terrateniente y la patria financiera, odiador acérrimo de la industria nacional, fanático de la apertura importadora, la desregulación económica y la libertad de mercado. Cada vez que intervino en la gestión pública, el país cayó en graves crisis, terminó endeudado hasta el cuello y su círculo social se enriqueció en la misma proporción.
Después de los tres años de gobierno de Arturo Illia, otro golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía nombraría como ministros de Economía otra vez a Krieger Vasena (1967-1969) y a otra figura rutilante de la derecha económica, José María Dagnino Pastore (1969-1970). En esos años se decretó la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, se aprobó la ley de hidrocarburos que permitió la participación de empresas privadas en el negocio petrolero, se sancionó la ley de alquileres que facilitó los desalojos, se suspendieron los aumentos de salarios por dos años y se dio impulso a la patria contratista para la realización de obras públicas que antes asumía el Estado. Unas cuantas de esas políticas se repetirán ahora con Milei.
Dictadura
Tras casi dos décadas de exilio forzoso, Perón volvió a ser presidente entre octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974, cuando falleció. Fueron apenas ocho meses, pero los resultados de la gestión económica resultaron exitosos. El plan del ministro José Ber Gelbard, quien había sido fundador de la Confederación General Económica (CGE), consistió en una revitalización notable del mercado interno, los salarios, las pymes y las actividades productivas. Hubo una fuerte intervención del Estado en la economía y la imposición de reglas estrictas a capitales nacionales y extranjeros. En 1974 la inflación bajó al 30,2 por ciento, desde el 79,6 de 1972; la desocupación se redujo a solo 2,5 por ciento, desde el 6,1 por ciento del gobierno de Lanusse, y el PIB trepó 6,4 por ciento, desde el 3,5 de dos años antes.
El plan de Gelbard se completó con la firma de un pacto social entre la CGT y la CGE para coordinar precios y salarios, anclar expectativas y habilitar una etapa de expansión económica. Sin embargo, esa estrategia se vino a pique con el fallecimiento de Perón y el pandemónium político que le siguió.
Gelbard renunció en octubre de 1974 y tras un interregno de ocho meses de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo escaló al Ministerio de Economía. Su número dos y auténtico creador del plan de desestabilización más grande de la historia argentina, Ricardo Zinn, convenció al gobierno de María Estela Martínez de Perón de producir una enorme devaluación, con suba astronómica de tarifas y precios, y los salarios por detrás. Fue allí que se generó una bisagra histórica en el país, porque de ese caos empezó a surgir la economía bimonetaria que aún persiste, con la cobertura permanente en el dólar.
Zinn tenía fuertes vínculos con grupos empresarios, particularmente el Consejo Empresario Argentino, que integraba Martínez de Hoz y que tuvo activa participación desestabilizadora en las semanas previas al golpe del 24 de marzo.
Después del derrocamiento de Isabelita, la dictadura genocida cívico-militar desplegó con Martínez de Hoz un plan con los siguientes ejes estructurales: liberación de los precios, del mercado cambiario, de las importaciones, de los alquileres, quita de retenciones a las exportaciones, eliminación de subsidios y planes sociales y endeudamiento millonario con el FMI y la banca extranjera.
Ese plan, con sus más y sus menos, fue continuado por sus sucesores, otros conspicuos representantes de la ortodoxia económica: Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, con los resultados conocidos de destrucción del aparato productivo, incremento de la pobreza y atraso por generaciones.
Menem, De la Rúa, Macri
Después del golpe de mercado que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, en el que hubo economía de guerra y más inviernos que primaveras, el menemismo produjo otro quiebre histórico similar al que ahora quiere recrear Milei, con privatizaciones, negociación de la deuda en default a favor de los acreedores, destrucción del Estado y sus capacidades de intervención, reformas estructurales regresivas en materia laboral, previsional e impositiva, endeudamiento a mansalva y afianzamiento de la economía bimonetaria con la convertibilidad. Las consecuencias fueron lamentables para las mayorías populares y rutilantes para los sectores concentrados, con seis años de crisis, desocupación y fractura social, y apenas cuatro en los que Domingo Cavallo pudo disfrutar de una expansión del PIB que solo favoreció a un sector minoritario de la sociedad.
Fernando de la Rúa mantuvo el esquema de la convertibilidad y se hundió con el propio Cavallo en diciembre de 2001. La reaparición de los liberales en la Casa Rosada se dio con Macri, con resultados fáciles de recordar: trajo nuevamente al FMI, tomó deuda en dólares por casi 100 mil millones y el país permaneció casi todo el tiempo en crisis. A eso le sumó la post verdad, que consiste en decir cualquier cosa negando los hechos objetivos. Pero la única verdad es la realidad de que con los liberales, la Argentina no hizo más que retroceder. Milei no será la excepción.
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