NACIONALES
Tarifas: las principales dudas sobre los subsidios y cómo impactarán los aumentos

El detalle de los puntos principales del nuevo esquema tarifario que anunció el Gobierno.
El Gobierno dio a conocer en la jornada de ayer cómo funcionará el nuevo esquema tarifario, que implica la reducción o quita de subsidios a usuarios de electricidad, gas y agua. A raíz de eso surgen distintas inquietudes y dudas sobre el impacto y el alcance del anuncio:
¿De qué manera quedó definida la segmentación para los usuarios de luz y gas?
En el caso de la luz y el gas, el Ejecutivo estableció tres segmentos de usuarios según su nivel de ingresos:
El nivel 1 corresponde a los hogares de mayores ingresos y personas que no se registraron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), el formulario disponible para solicitar conservar los subsidios.
El nivel 2 se refiere a las personas de menores ingresos registrados, por lo que se incluyen también a los beneficiarios de la tarifa social.
El nivel 3 está compuesto por los usuarios de ingresos medios, es decir, los hogares que perciben menos de $364.759, el equivalente a 3,5 canastas básicas.
El impacto de la quita de subsidios en el gas
El nuevo esquema en el que se agruparon los usuarios de gas muestra que en el nivel 1 quedaron 269.725 usuarios; en el 2, 2.880.090; y en el 3, 2.599.550. El nivel 1 perderá el subsidio por completo para todo el consumo, con un aumento que alcanza el 167%.
Al nivel 2 se les mantendrá la tarifa vigente. Mientras que al nivel 3, se le subsidia un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y sub-zona. El excedente aumentará también un 167%. Por ejemplo, un hogar de nivel 3 que en junio abonó una factura de gas de $1650 en enero, pagará $2146.
El impacto de la quita de subsidios en la luz
En el RASE se registraron 8.890.998 de usuarios para mantener los subsidios a la energía eléctrica, de los cuales 399.156 (4,49%) corresponden al nivel 1; 5.040.120 (56,69%) al nivel 2; y 3.451.722 (38,32%) al nivel 3.
Se aplicará un tope de consumo de 400 kWh mensual por hogar, para mantener la tarifa con subsidio y otro de 550 kWh para las localidades que no cuenten con gas natural por redes. El Gobierno estimó que un usuario de altos ingresos de Edesur, con un consumo medio de 300 kWh, el monto sin impuestos pasará de $1467 a $2285.
En las facturas del mes en curso aumentará el Precio Estacional de la Energía Eléctrica un 113,9%, que es el componente subsidiado de las boletas y sobre el cual se calcula el consumo. Este valor pasará de $3.529 a un total de $7.684 cuando se aplique la quita total de subsidios en enero, por lo cual a quienes se les retiren los subsidios totalmente o por la parte excedente, pagarán además ese precio más alto.
El impacto de la quita de subsidios en el agua
La quita del subsidio se realiza en tres zonas que AYSA agrupó de acuerdo con su código de zonificación que se desprende de su marco regulatorio. Los usuarios del segmento alto (500.000 hogares) pierden la totalidad del subsidio desde el 1 de noviembre. Los de medio (980.000 usuarios) y bajo (1,1 millón de clientes) tendrán una quita en forma progresiva y se sacarán en forma definitiva en marzo del 2023. Los bajos continuarán con un 15% hasta mayo del 2023.
Las personas que tienen tarifa social o comunitaria quedan fuera de este esquema. En tanto que los usuarios que consideren que necesitan solicitar la tarifa social, pueden pedirla. Solo el 15% del universo de hogares que tiene AYSA, van a verse afectados por la eliminación del subsidio en noviembre.
La factura promedio en el segmento alto significa una suba promedio desde los $841 hasta $2099 en junio de 2023, mientras que los de nivel medio pasarán de $754 a $1883, y los de nivel medio bajo de $707 a $1501.
¿Desde cuándo entra en vigencia la quita de subsidios?
En el caso de la luz y el gas, los aumentos para los niveles 1 y 3 se aplicarán gradualmente en tres bimestres: a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre, que impactarán a partir de septiembre, noviembre y enero.
Mientras que por el lado del agua, para el nivel alto el impacto de la pérdida total del subsidio será en noviembre. Los niveles medio y bajo tendrán una quita progresiva hasta perderlos definitivamente en marzo del próximo año.
¿Qué pasa con los usuarios que alquilan un inmueble que es propiedad de alguien que califica en el nivel alto?
La quita de subsidios a las boletas de luz y gas no afectará a las personas que alquilan la vivienda en la que residen, siempre que no pertenezcan a un grupo familiar que gana $350.000 mensuales. Los inquilinos que no lleguen a ese nivel de ingresos se deben anotar en un registro especial, en el que declaren ser «Usuario o Usuaria residencial del Servicio», para ser contemplados en la nueva segmentación.
¿Qué sucede con los usuarios que son electrodependientes?
En caso de ser electrodependiente no se debe completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí es necesario hacerlo para solicitar el de gas.
¿Un usuario que reside en Choele Choel paga lo mismo que uno que vive en Resistencia?
No, porque el nuevo esquema tarifario contempla la realidad de cada zona del país, es decir, si el hogar tiene o no conexión a gas por red, así como también en qué región se ubica para considerar el factor climático en el consumo. Una ciudad del sur argentino no tendrá la misma factura que una del norte.
Esto se debe a que hay muchos hogares en distintos puntos del país que tienen que recurrir a la electricidad para calefaccionarse y cocinar, por lo que es factible que gasten más que 400 kWh al mes, el tope de consumo para mantener el subsidio. En el caso del gas, el consumo en los hogares ubicados en las regiones más frías del país duplica al de regiones templadas.
NACIONALES
Qué le espera al país con Javier Milei como presidente

La historia muestra que cada vez que gobernó la ortodoxia económica hubo catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, entrega de soberanía y atraso económico. Milei no será la excepción.

«Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatinos y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace más de diez años. Dejaremos que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos lanzar hoy una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno’«. El nefasto experimento de Alvaro Alsogaray, ministro de Hacienda de Arturo Frondizi entre 1959 y 1961, que llegó al cargo por presión militar, empezará a repetirse a partir de mañana con Javier Milei como presidente.
Le espera al país lo que ya vivió tantas veces a lo largo de décadas de gobiernos liberales: catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, atraso económico. Cada una de esas experiencias hundió a la Argentina en un pantano del que cada vez resultó más difícil salir. La entrega de soberanía también fue una constante con esos gobiernos.
Como Alsogaray a mediados del siglo pasado, el endeudador serial Luis «Toto» Caputo sostiene ahora que su gestión como ministro de Economía será muy complicada por «la pesada herencia» que recibe del gobierno que se va. Deja de lado que en su paso anterior por la gestión pública, como ministro de Finanzas, Economía y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, llegó al extremo de comprometer a diez generaciones a pagar la deuda que contrajo a cien años.
Esa plata no se usó para la construcción de rutas, centrales eléctricas o nuevas industrias, sino para la especulación financiera. Los dólares se evaporaron en esa fiesta que disfrutaron pocos y pagarán todos los argentinos. También como suele pasar, el gobierno peronista tuvo que reestructurar esos pasivos con el capital financiero internacional y, junto con ello, la deuda monumental que Macri, Caputo y compañía dejaron con el FMI. La desfachatez de Caputo para hablar de pesada herencia es marca registrada de los gobiernos liberales.
La lista
La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, tuvo como uno de sus ministros de Economía emblemáticos al liberal Adalbert Krieger Vasena. Ese gobierno fue responsable de la adquisición de un préstamo con varios bancos europeos que supuestamente se pagaría con el crecimiento económico que generarían las políticas liberales. El resultado fue que el préstamo no se pudo devolver, la Argentina cayó en default y los gobiernos de Europa crearon el Club de París para presionar por los pagos. También a esa administración hay que computarle la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional y el alineamiento incondicional con Estados Unidos.
El gobierno que siguió, de Arturo Frondizi, tuvo como ministros de Economía al mencionado Alsogaray y luego al liberal Roberto Alemann, quien en 1981 volvería al Palacio de Hacienda como ministro del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1961 estuvo al frente de una renegociación ruinosa de la deuda con el Club de París y desplegó un plan de ajuste que sumergió a las mayorías populares: hubo despidos y congelamiento de salarios de empleados estatales, aumentos exorbitantes de tarifas de servicios públicos, quita de aranceles a la importación, rebaja de indemnizaciones por despido y acortamiento de licencias por maternidad.
En 1962, días antes del derrocamiento de Frondizi y la asunción de José María Guido, Jorge Wehbe llegó por primera vez al Ministerio de Economía. Permaneció en ese cargo apenas un mes y mantuvo la línea del ajuste permanente. Wehbe reapareció como ministro de Economía con Alejandro Agustín Lanusse en 1972, con la misma impronta, y tuvo una tercera participación sobre el final de la última dictadura, en la gestión de Reynaldo Bignone en 1982 y 1983.
En 1962 y 1963, con Guido, se sucedieron como ministros de Economía Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Joe, como lo llamaban, fue exponente principal de la oligarquía terrateniente y la patria financiera, odiador acérrimo de la industria nacional, fanático de la apertura importadora, la desregulación económica y la libertad de mercado. Cada vez que intervino en la gestión pública, el país cayó en graves crisis, terminó endeudado hasta el cuello y su círculo social se enriqueció en la misma proporción.
Después de los tres años de gobierno de Arturo Illia, otro golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía nombraría como ministros de Economía otra vez a Krieger Vasena (1967-1969) y a otra figura rutilante de la derecha económica, José María Dagnino Pastore (1969-1970). En esos años se decretó la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, se aprobó la ley de hidrocarburos que permitió la participación de empresas privadas en el negocio petrolero, se sancionó la ley de alquileres que facilitó los desalojos, se suspendieron los aumentos de salarios por dos años y se dio impulso a la patria contratista para la realización de obras públicas que antes asumía el Estado. Unas cuantas de esas políticas se repetirán ahora con Milei.
Dictadura
Tras casi dos décadas de exilio forzoso, Perón volvió a ser presidente entre octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974, cuando falleció. Fueron apenas ocho meses, pero los resultados de la gestión económica resultaron exitosos. El plan del ministro José Ber Gelbard, quien había sido fundador de la Confederación General Económica (CGE), consistió en una revitalización notable del mercado interno, los salarios, las pymes y las actividades productivas. Hubo una fuerte intervención del Estado en la economía y la imposición de reglas estrictas a capitales nacionales y extranjeros. En 1974 la inflación bajó al 30,2 por ciento, desde el 79,6 de 1972; la desocupación se redujo a solo 2,5 por ciento, desde el 6,1 por ciento del gobierno de Lanusse, y el PIB trepó 6,4 por ciento, desde el 3,5 de dos años antes.
El plan de Gelbard se completó con la firma de un pacto social entre la CGT y la CGE para coordinar precios y salarios, anclar expectativas y habilitar una etapa de expansión económica. Sin embargo, esa estrategia se vino a pique con el fallecimiento de Perón y el pandemónium político que le siguió.
Gelbard renunció en octubre de 1974 y tras un interregno de ocho meses de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo escaló al Ministerio de Economía. Su número dos y auténtico creador del plan de desestabilización más grande de la historia argentina, Ricardo Zinn, convenció al gobierno de María Estela Martínez de Perón de producir una enorme devaluación, con suba astronómica de tarifas y precios, y los salarios por detrás. Fue allí que se generó una bisagra histórica en el país, porque de ese caos empezó a surgir la economía bimonetaria que aún persiste, con la cobertura permanente en el dólar.
Zinn tenía fuertes vínculos con grupos empresarios, particularmente el Consejo Empresario Argentino, que integraba Martínez de Hoz y que tuvo activa participación desestabilizadora en las semanas previas al golpe del 24 de marzo.
Después del derrocamiento de Isabelita, la dictadura genocida cívico-militar desplegó con Martínez de Hoz un plan con los siguientes ejes estructurales: liberación de los precios, del mercado cambiario, de las importaciones, de los alquileres, quita de retenciones a las exportaciones, eliminación de subsidios y planes sociales y endeudamiento millonario con el FMI y la banca extranjera.
Ese plan, con sus más y sus menos, fue continuado por sus sucesores, otros conspicuos representantes de la ortodoxia económica: Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, con los resultados conocidos de destrucción del aparato productivo, incremento de la pobreza y atraso por generaciones.
Menem, De la Rúa, Macri
Después del golpe de mercado que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, en el que hubo economía de guerra y más inviernos que primaveras, el menemismo produjo otro quiebre histórico similar al que ahora quiere recrear Milei, con privatizaciones, negociación de la deuda en default a favor de los acreedores, destrucción del Estado y sus capacidades de intervención, reformas estructurales regresivas en materia laboral, previsional e impositiva, endeudamiento a mansalva y afianzamiento de la economía bimonetaria con la convertibilidad. Las consecuencias fueron lamentables para las mayorías populares y rutilantes para los sectores concentrados, con seis años de crisis, desocupación y fractura social, y apenas cuatro en los que Domingo Cavallo pudo disfrutar de una expansión del PIB que solo favoreció a un sector minoritario de la sociedad.
Fernando de la Rúa mantuvo el esquema de la convertibilidad y se hundió con el propio Cavallo en diciembre de 2001. La reaparición de los liberales en la Casa Rosada se dio con Macri, con resultados fáciles de recordar: trajo nuevamente al FMI, tomó deuda en dólares por casi 100 mil millones y el país permaneció casi todo el tiempo en crisis. A eso le sumó la post verdad, que consiste en decir cualquier cosa negando los hechos objetivos. Pero la única verdad es la realidad de que con los liberales, la Argentina no hizo más que retroceder. Milei no será la excepción.
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