“Con la puesta en vigencia del protocolo, la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito”, afirma Diego Morales, del CELS. El repudio de la CGT y la CTA de los Trabajadores. La marcha del 20 de diciembre

Por Luciana Bertoia

Patricia Bullrich decidió que su primera acción al frente del Ministerio de Seguridad fuera una demostración de fuerza ante todos aquellos que decidan salir a las calles para manifestarse por las consecuencias del ajuste que implementa el gobierno de Javier Milei. Horas después de que se publicara en el Boletín Oficial su protocolo para el “mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación”, un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos empezó a preparar presentaciones ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que la administración de La Libertad Avanza (LLA) busca prohibir la protesta en el país. El consejo directivo de la CGT, por su parte, advirtió que la maniobra no solamente atenta contra la libertad de expresión sino también contra la libertad sindical.

Quiso hacerlo durante su primera gestión al frente de la cartera de Seguridad –durante el gobierno de Mauricio Macri–, pero no pasó de un anuncio y un mensaje a las fuerzas. Esta vez, Bullrich consiguió el aval de Milei para avanzar con una resolución ministerial que busca poner en jaque derechos consagrados en la Constitución nacional.

Según el protocolo, cualquier corte es un delito en flagrancia que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes pueden ser denunciados; las organizaciones perder su personería. Si quien se manifiesta es un migrante, puede ser deportado y se estigmatiza a padres y madres que vayan con sus hijos o hijas a una protesta o marcha que corte una calle. Por si eso fuera poco, el Ministerio de Seguridad está facultado para confeccionar un registro de organizaciones que suelen manifestarse, algo que viola la Ley de Inteligencia, que impide almacenar información de personas o grupos por razones políticas, sociales o sindicales.

“Con la puesta en vigencia del protocolo, la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito”, advierte Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que coordina la estrategia de recurrir a organismos internacionales para denunciar la avanzada de LLA. Si bien ya se entablaron comunicaciones, está previsto que las presentaciones se terminen de hacer durante el fin de semana.

En junio pasado, la CIDH se pronunció ante la represión que implementó el entonces gobernador de Jujuy Gerardo Morales tras la aprobación de una reforma constitucional entre gallos y medianoche. Entonces, el organismo regional dijo que era “necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”. Todo indica que el pronunciamiento debería ser en la misma línea, por lo que Bullrich podría batir su propio récord de recibir una reprimenda por parte de organismos internacionales antes de cumplir dos semanas al frente del Ministerio de Seguridad de Milei.

Hubo ya otros pronunciamientos internacionales. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as (CSA), representan a 180 millones de trabajadoresrepudiaron el protocolo de Bullrich y llamaron a la comunidad internacional a unirse en la condena. “El gobierno argentino, en verdad, busca suprimir las legítimas manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas”, sostuvieron. En tanto, la CTA-T que lidera Hugo Yasky aseguró que lo que pretende el gobierno es «amedrentar a la población para callar las legítimas manifestaciones públicas que surgirán tras los efectos brutales de sus propias políticas de ajuste».

El consejo directivo de la CGT ya se había reunido después de que Luis Caputo presentó su plan económico. Ahora, volvió a pronunciarse: esta vez contra el protocolo de Bullrich al que consideró una “estrategia para criminalizar la protesta social que, a la luz de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, implica vulnerar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la libertad de expresión y la libertad sindical”.

20 de diciembre

La prueba de fuego del protocolo de Bullrich será el próximo miércoles, cuando se cumplan 22 años de la represión que marcó el final del gobierno de Fernando de la Rúa –administración que también integraba la actual ministra de Seguridad. Para ese día están convocados cortes y manifestaciones. Alejandro Bodart (MST) ya adelantó que presentará un amparo ante los tribunales para evitar que Bullrich ponga en marcha su estrategia represiva.

Este viernes, hubo una reunión en la sede de la AGD-UBA en la que participaron más de 100 organizaciones –sindicales, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, ambientalistas y de mujeres– para organizar la marcha –que se hará a las 16.30 del miércoles desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Fue una reunión de coordinación entre el Plenario Sindical Combativo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la unidad piquetera. Allí se acordó avanzar con dos consignas: abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no al protocolo represivo de Bullrich. Si bien la convocatoria fue nutrida, los organizadores comentaron que continuarán convocando a otros sectores y que prevén una conferencia de prensa para el martes al mediodía.

Para ese mismo día, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)-Unidad convocó a una audiencia pública en el Congreso para repudiar el protocolo y las amenazas de “cárcel o bala” que sufrieron tanto Myriam Bregman como Nicolás del Caño por parte del diputado José Luis Espert –que volvió a tener buen vínculo con Milei. “El protocolo es absolutamente ilegal. Por una simple resolución ministerial, Bullrich quiere cambiar la ley de seguridad interior y darse el poder de violar jurisprudencia internacional”, denunció Bregman en diálogo con este diario.

Un pedido de reunión con Bullrich

Este viernes, Bullrich les tomó juramento a los nuevos jefes de las fuerzas federales. En el acto –que se llevó a cabo en Palermo–, la ministra aprovechó para lanzar un mensaje corporativo: «Voy a velar por cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas. Voy a protegerlos frente a las injusticias por casos que no corresponden”.

En simultáneo, Bullrich recibió un pedido de reunión del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y del Consejo Federal de Mecanismos Locales para que revea el protocolo. Entre otras cuestiones, estos organismos le advertían que la resolución no prohíbe la portación de armas letales y munición de plomo por parte de los uniformados que intervendrán en las manifestaciones.

La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) reparó en otras irregularidades porque Bullrich pretende que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) intervengan en la represión de la protesta. Sin embargo, una es una fuerza de custodia y la otra tiene competencia para actuar en los aeropuertos.

Por otra parte, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) alertó que la resolución de Bullrich funciona como una “imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías”. La organización, además, resaltó que el Ministerio de Seguridad pretende demandar por daños y perjuicios a los manifestantes –como se hizo con quienes concurrieron a protestar contra la reforma previsional de Macri o con los padres o madres de estudiantes que participaron de las tomas de colegios en la Ciudad– y hacerles pagar los costos de los operativos de seguridad a quienes salgan a la calle a expresarse. “O sea, te apalean y después te cobran el palo”, ejemplificaron.

El abogado Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), se focalizó en una de las implicancias del protocolo. “El Estado no puede recabar información sobre la actividad política, partidaria, social, gremial que realizan los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo específicamente el protocolo dice que el ministerio armará un archivo, identificará, tomará fotografías, filmará a todos los participantes en este tipo de actividades. Uno llega a la conclusión de que este protocolo es un disparate”, afirmó.