NACIONALES
Derogar la ley de abastecimiento: un guiño para las grandes empresas
Sin la administración del comercio exterior ni los controles de precios, el organismo dejará de tener la importancia que tuvo en gestiones anteriores. Qué espíritu le quieren dar al organismo
Lo había advertido Javier Milei antes de asumir como presidente electo: «La Secretaría de Comercio Interior no existirá en el sentido que le han dado históricamente» otros gobiernos. Desde la Secretaría de Comercio confirmaron a PáginaI12 que el Programa Ahora 12 continuará solo hasta el 31 de enero, y que tampoco renovarán el programa Precios Justos. Para ambos cranean alternativas de participación voluntaria en el que el Estado actúe como mediador entre privados. El sistema SIRA para administrar el comercio exterior, la herramienta más fuerte de negociación de la Secretaría para controlar los precios internos, quedará relegado a un «registro estadístico». En diálogo con la UIA, el recién asumido secretario de Comercio, Pablo Lavigne, confirmó que derogaran la Ley de Góndolas y de Abastecimiento.
A solo tres días de asumir, el decreto 30/2023 suscribía al licenciado en Economía Pablo Lavigne como Secretario de Comercio. Lavigne es un hombre del riñón del exministro de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri, Francisco Cabrera, y ocupó el rol de subsecretario de Facilitación del Comercio durante su gestión. Entraron con él Fernando Blanco Muiño, que se encargará de las tareas relacionadas con comercio interior y Esteban Marzorati, de exterior; ambos directores del área durante la gestión de Mauricio Macri.
El nuevo equipo se volvió a acomodar en el edificio de Roca 651, donde funciona desde hace por lo menos diez años la Secretaría de Comercio (Secom), y comenzó a dar definiciones. Liberaran importaciones, derogaran leyes para regular a los grandes jugadores de la industria y se limitarán a actuar como facilitadores entre privados para los acuerdos de precios: qué se sabe hasta ahora del nuevo rol de la Secretaría.
De poder de fuego a registro estadístico
La primera definición importante que concierne a esta Secretaría la dio el ministro de Economía Luis Caputo:» Reemplazaremos el sistema SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto», explicó en el mensaje grabado que dio el martes por la noche.
El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) fue un instrumento para realizar política de protección industrial vía la administración de las importaciones. También actuaba como herramienta de negociación para el cumplimiento de los acuerdos de precios. Tanto en su actual versión como en las más antiguas (las SIMI o las DJAI), el mecanismo era similar: los importadores presentaban a Comercio el detalle de los productos a importar y, en función del tipo de producto (si es un bien final, materia prima o bien de capital; si tiene o no fabricación nacional, por ejemplo), e incluso del desempeño de la empresa solicitante en términos de generación de empleo, inversiones y/o cumplimiento de acuerdos de precios, se aprobaba o no la importación.
«Ahora cambió el espíritu, no va a haber más restricciones para importar, pero la Secretaría de Comercio pedirá que las empresas envíen solicitudes de importación que serán aprobadas. Pero queremos que quede un registro estadístico que es importante para luego tomar decisiones», aseguraron a PáginaI12 fuentes de la Secretaría.
Una amenaza
La Ley de Abastecimiento fue sancionada el 20 de junio de 1974, unos días antes de la muerte de Juan Domingo Perón, y modificada en 2014 (se creó un Observatorio de Precios y se matizaron los castigos por incumplimiento, por ejemplo se sacaron las penas de prisión). Su regulación y posibilidad de aplicación es muy amplia. La ley regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población”.
Al activarla, es conveniente que el gobierno sancione una resolución que detente una situación de emergencia o excepcionalidad para evitar judicializaciones. Una vez realizado, tiene la facultad de establecer precios máximos, disponer la continuidad de la producción e incluso aumentar la capacidad de producción, confiscar productos y penalizar a infractores, entre otras.
Lo cierto es que fueron pocas las veces que se utilizó la ley. Se aplicó en 2011 contra Shell por una suba en los combustibles, en 2013 por un incremento en el precio del trigo y en 2014 por el precio de los medicamentos. Uno de los ejemplos últimos y más claros de la aplicación de la ley fue durante la pandemia de Covid-19 en el gobierno de Alberto Fernández. En ese momento, la Secretaría que encabezaba Paula Español se amparó en la ley para garantizar el abastecimiento de alcohol en gel, e incluso ponerle precio máximo a los barbijos.
Ante la pregunta de PáginaI12 de por qué derogarla, fuentes de la Secom respondieron que «es una herramienta autoritaria que ningún gobierno usó en 50 años. Hay otras herramientas institucionales como defensa de la competencia y lealtad comercial». Del otro lado del mostrador, fuentes de la industria aseguraron a PáginaI12 que «es una ley que sirve para amenazar. Más allá de que se aplique o no, está siempre latente». Lo cierto es que es una herramienta que sirve para estos casos de excepcionalidad, y la realidad es que si no hay intención de aplicarla no se utiliza. Por ese motivo, parece ser que la derogación es más un guiño simbólico – que le quita poder de negociación al gobierno en caso de emergencia- que un cambio radical.
Desde el gobierno dejaron trascender que también derogaran la ley de góndolas, que regula la disposición y variedad de productos que exhibidos en las góndolas de los supermercados con el objetivo de brindar una mayor oferta en las grandes cadenas. Sobre la ley de etiquetado frontal, que regula la aparición de los octógonos negros que advierten sobre el exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio al frente de los envases de alimentos y bebidas, desde la Secom aseguraron que «no hay ningún proyecto relacionado con eso«.
Facilitador de acuerdos
«La Secom actuará como facilitadora de un acuerdo entre privados», responden ante la consulta de la vigencia del programa Ahora 12, Precios Justos y Cortes Cuidados. En efecto, fueron los privados quienes se acercaron a lo nuevos funcionarios con propuestas de bienes más accesibles para fomentar un consumo que ya observan, temerosos, enfriarse.
Si bien terminó el programa Precios Justos, los frigoríficos nucleados en el consorcio de exportadores de carne ABC hicieron una oferta para mantener un plan de cinco cortes a precios de referencia a las nuevas autoridades, y ya hay varios supermercados que se sumarán. Será hasta fin de mes y aún está en proceso de evaluación.
Para lo que se conocía como Precios Justos, los presidentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón, y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli propusieron elaborar una lista de productos con “precios muy convenientes para ofrecerlos en la red de todo el país”.
Sobre el programa Ahora 12 que financia cuotas para fomentar el consumo, desde Secom aseguraron que durará hasta el 31 de enero y elaboran un mecanismo de participación voluntaria para alentar el financiamiento, que se encuentra en proceso y podría haber novedades las próximas semanas. El plan actual sirve para realizar compras financiadas en 3, 6, 10, 12, 18 y 24 cuotas fijas mensuales con tarjeta de crédito. Todos los productos y servicios se pueden adquirir vía compra online y en los locales adheridos de todo el país.
NACIONALES
El futuro de la energía atómica: renuncias, desfinanciamiento y deudas millonarias
La CNEA tiene parados sus proyectos principales y acumula deudas millonarias. Los despidos ya llegan a 570. Paro y protestas de la Uocra. La voz de la presidenta saliente, Adriana Serquis.
En medio del brutal ajuste en el sector nuclear, el gobierno finalmente aceptó la renuncia que Adriana Serquis había presentado el 10 de diciembre y, mediante un decreto, determinó que Germán Lavalle y Luis Rovere asumieran como presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La funcionaria saliente había denunciado la falta de fondos para continuar con obras claves como el Carem y el RA-10 –dos reactores nucleares que se construyen desde 2014 y 2016, y que en poco tiempo podían estar listos–, así como también alertó por la acumulación de una deuda millonaria con las compañías subcontratistas que contribuían a la fabricación de las tecnologías. Representa toda una incógnita el futuro de la institución a partir del cambio de timón y el recambio de autoridades, que se produce mientras la motosierra trabaja a pleno: los dos proyectos están paralizados y en torno al Carem los despidos ya están por llegar a los 570, según denunció la Uocra, que mantiene en Zárate una huelga por tiempo indeterminado. Esta semana, hubo marchas y cortes de ruta en esa ciudad en reclamo de la continuidad de los trabajos.
Más allá de las dudas, Serquis aventura sus propias proyecciones a partir de las conversaciones sostenidas con los nuevos gestores. “Me dijeron que el RA-10 lo van a tratar de sacar adelante sí o sí, porque le falta poquito. La mayor duda está con el Carem, con el que quieren hacer una revisión integral con auditores externos”. Y completa: “Veo difícil que puedan destrabar el conflicto presupuestario, ellos dicen que van a intentar resolverlo. Nosotros les comunicamos la urgencia y la necesidad de fondos para cada uno de los proyectos. La institución a partir de junio no va a poder funcionar, eso está claro”.
La situación de la CNEA, el organismo rector de la energía nuclear en el país, es conflictiva por varios motivos: en los últimos meses contrajo deudas millonarias con los contratistas que trabajan en la puesta en marcha de los reactores (en el caso del Carem, por ejemplo, acumula una suma de 7 mil millones de pesos), despidos de trabajadores implicados en líneas de trabajo que están suspendidas por el momento (principalmente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, una de las principales contratistas) y cerebros que ya se fugan ante la imposibilidad de condiciones de trabajo adecuadas. El gobierno no envía los fondos necesarios y ello sirve como detonante para empujar a la Comisión al borde del abismo.
Finalmente, el presidente Milei le aceptó la renuncia a Serquis y luego de la transición asumieron los nuevos nombres. La doctora en Física y además Investigadora Principal del Conicet lo relata de este modo: “Hace un par de semanas vengo trabajando con esta gente. Me había comprometido a hacer una transición razonable y lo hice. El secretario de Energía me pidió que me pusiera en contacto con Germán Lavalle, que también realizó reuniones con los gerentes de área de nuestra institución. Como vicepresidente lo acompaña Luis Rovere. Ambos son ingenieros nucleares y egresados del Instituto Balseiro”, comenta quien a partir de la semana que viene volverá a estar al frente del Instituto de Nanociencia y nanotecnología del Conicet.
Los que entran y los que salen
Consultada por este diario, Serquis brinda un detalle de la trayectoria de las autoridades designadas. “En los 90’s, Lavalle fue gerente de institucionales en el momento en que la CNEA perdió el control de las centrales nucleares, cuando fueron a parar a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. En el 2000 se fue de la institución con un retiro voluntario que le ofreció el gobierno de la Alianza”. Lavalle, según cuenta la expresidenta, se autoasume con un perfil “más técnico que político”. A menudo, se utiliza tal caracterización cuando se busca dotar de legitimidad el rol experto en detrimento del ideológico; como si la ciencia y la política podrían pensarse como dos campos autónomos. Rovere, por su parte, es ingeniero nuclear y es gerente del Centro de Medicina Intecnus, una institución sanitaria reconocida en Bariloche. “Las nuevas autoridades tratarán de poner nuevos gerentes de las gestiones anteriores. Por ahora, no vi en carpeta a ninguna mujer en su equipo de trabajo y no tengo idea si sacarán a las que ahora están a cargo. Estoy preocupada, la verdad”.
Lavalle y Rovere reemplazan a Adriana Serquis y a Diego Hurtado, que había presentado su renuncia el 9 de diciembre cuando Alberto Fernández aún era el presidente. Serquis se destacó en su rol por conducir iniciativas relevantes como los reactores nucleares Carem y el RA 10, desarrollos que están en etapas muy avanzadas de diseño y que podrían ser fundamentales para el ingreso de miles de millones de dólares al país si en el futuro inmediato consiguieran finalizarse. Tecnologías que, de hecho, podrían colocar a Argentina a la vanguardia de la energía nuclear.
Asimismo, Serquis tuvo un rol fundamental al democratizar las condiciones de acceso y participación de las mujeres en la gestión de la energía nuclear. También se destacó por un relato muy activo en pos de cambiar la percepción social con respecto a la materia. En cada intervención pública, trató de narrar las ventajas que tiene la energía nuclear en relación a otras energías e intentó desestigmatizar una fuente que históricamente estuvo marcada por desastres como Chernobil y Fukushima. También, sus colegas detallan su énfasis en promover el conocimiento local como vía hacia la soberanía: se forman científicos y científicas en instituciones públicas y luego le devuelven al Estado esta educación de excelencia a través del diseño de tecnologías autóctonas que, en última instancia, permiten el ingreso de divisas al país.
Casi listos, casi paralizados
El Carem es el primer reactor de potencia baja y media, diseñado y desarrollado 100 por ciento en Argentina. Su puesta en marcha podría ser clave para el abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de centros urbanos y en parques fabriles, así como también para objetivos diversos que serán cruciales en los próximos años, como la desalinización del agua de mar y la producción de hidrógeno. Por su parte, el RA 10 servirá, entre otras cosas, para abastecer de radioisótopos a todos los centros de medicina nuclear del país; insumos fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer.
Las aplicaciones en salud, industria, ciencia y tecnología son infinitas para estas dos tecnologías de primer nivel internacional que, según las proyecciones y si el ritmo no se hubiese ralentizado por falta de financiamiento, deberían haber estado listos para 2025 (RA-10) y 2028 (Carem). Para tener referencia, el proyecto Carem ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría de una partida de 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares. En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares; mientras que el RA-10, de ponerse en marcha, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.
Las potencialidades de ambas iniciativas son innegables. Sin embargo, por el momento, la inercia parece estar frenada hasta nuevo aviso. Para los tiempos que maneja la ciencia ya están casi listos, pero por una decisión política están prácticamente paralizados.
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