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PROVINCIALES

Presentaron millonaria denuncia contra funcionarios públicos en Río Gallegos

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Desde el Tribunal de Cuentas iniciaron denuncias penales por pago de sobreprecios y desvío de fondos públicos. La denuncia incluye una millonaria suma que se pagó en sobreprecios. Además, se certificaban obras que no avanzaban y se detectaron contrataciones irregulares

La vocal del Tribunal de Cuentas, Dra. Yanina Gribaudo, realizó dos denuncias penales en la localidad de Río Gallegos por delitos de corrupción que involucran al actual Intendente Pablo Grasso, a Oscar Arbe, Subgerente de Ferrocarril y Puertos de YCRT, a Juan Pedro Cvitanic, y a Jonathan Nifosi, entre otros funcionarios provinciales. La primera denuncia fue radicada en el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo de la Dra. Marcela del Valle Quintana, y luego se realizó otra en sede federal en la fiscalía a cargo del Dr. Julio Cesar Zarate. Las acusaciones se basan en diversas irregularidades verificadas por el Tribunal de Cuentas debido al estudio de cuentas del IDUV.

Según la Dra. Gribaudo “se puede evidenciar en ambos expedientes un cúmulo de irregularidades que llevan a la conclusión de un apartamiento alarmante y consciente de las normas por parte de los funcionarios del organismo, y la presunción de haber incurrido en delitos contra la administración pública.” Además, Gribaudo remarcó que “lamentablemente, esta es una muestra más de que en nuestro país, y más aún, en nuestra provincia, la lucha contra la corrupción, la transparencia y el castigo a los funcionarios que no cumplen las normas, está muy lejos de ser una realidad».

«Debemos entender que este tipo de actos repercute en nuestra vida cotidiana, como el estado de nuestros colegios, la falta de servicios básicos, nuestros hospitales, nuestras rutas, la contención a los jóvenes y adultos. Anunciar obras que nunca se hacen realidad, a pesar de haberlas pagado; pagar con sobreprecios insumos para los más vulnerables, con el dinero de todos los santacruceños, eso es corrupción: tomar como propio, lo que es de todos”, expresó.


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El Gobierno inició sumario administrativo a la firma Costa Chubut S.A.

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Lo hizo a través de la Subsecretaría de Coordinación Pesquera, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria. En ese sentido, dispuso instrumentar un sumario a la empresa Costa Chubut S.A., responsable del buque pesquero Huafeng 822, por presunta infracción a la Legislación Provincial, al pescar en aguas jurisdiccionales sin el permiso de Santa Cruz, y descargar en otra provincia.

En el marco del trabajo de reestructuración que se lleva adelante en la Secretaría de Pesca y Acuicultura, se puso en marcha una serie de investigaciones relativas a supuestas infracciones cometidas en años anteriores que no fueron controladas durante las últimas dos gestiones. Para ello, además, se reforzó la cartera con el personal que ya se encontraba prestando servicios en los sectores de Monitoreo y Sumarios.

Fue así que se detectó al buque fresquero Huafeng 822 (Mat. 01537) en tareas de pesca en aguas jurisdiccionales de nuestra provincia, sin contar con el permiso de pesca de Santa Cruz, operando los días 23, 24 y 25 de marzo de 2024, en la zona del Golfo San Jorge, según la información proporcionada por el Sistema de Monitoreo Satelital de Posicionamiento.

Asimismo, según su declaración en el Parte de Pesca digital, que están obligados a cargar en el sistema de Nación SIFIPA, posteriormente realizó la descarga en otra jurisdicción, el puerto de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Considerando que pescar sin permiso y descargar en otra provincia son actividades que están contempladas como infracciones dentro de la Legislación de Santa Cruz, desde la cartera provincial de Coordinación Pesquera se dispuso iniciar un sumario administrativo a la armadora Costa Chubut S.A.

Cabe mencionar, que de la investigación también se desprende una diferencia en el volumen capturado por la flota pesquera entre la información del Parte Electrónico y del Libro Diario de Navegación, pero se concluyó que el hecho está dentro del rango de tolerancia, por lo que no constituye infracción.

Por su parte, la empresa reconoció el error cometido y manifestó su intención de allanarse a los cargos, por lo que deberá afrontar una multa que contempla las dos infracciones anteriormente descriptas, es decir, presunto incumplimiento de los artículos 3° y 6° del Decreto N° 1875/90, en actividad de pesca realizada en aguas jurisdiccionales en una marea de tres días y posterior descarga en otra provincia.


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