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Preparan asambleas de inquilinos en defensa de la Ley de Alquileres

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La iniciativa surge luego de que desde las inmobiliarias se presentara un proyecto de ley que elimina el corazón de la norma: la duración de los contratos y el índice de actualización.

Por: Randy Stagnaro@randystagnaro

La Federación de Inquilinos Nacional empezará el sábado próximo una serie de asambleas en las que se debatirán acciones en defensa de la Ley de Alquileres y que incluirán movilizaciones de inquilinos.

Así lo confirmó a Tiempo Gervasio Muñoz, presidente de la organización civil.

La novedad surge inmediatamente después de que el sector de las inmobiliarias presentara en el Congreso un proyecto de ley que borra dos artículos de la Ley de alquileres, el que establece la duración de los contratos y el que impone un índice para determinar los incrementos anuales del alquiler.

«El mercado inmobiliario, los medios de comunicación, además de muchos sectores de la política, no pueden soportar que el Estado decida el precio de los alquileres. Se puede aceptar la urbanización de las villas porque ya no tocan los intereses de nadie, lo mismo con la entrega de poquitas casas por mes. Lo que desde ningún punto de vista pueden hacer es poner en discusión cuánto pueden ganar los rentistas en Argentina», dijo Muñoz.

El referente nacional de los inquilinos agregó: «Esa es nuestra pelea, denunciar una sociedad profundamente desigual, donde algunos pocos tienen cientos de viviendas y muchos nunca van a tener un lugar donde vivir».

En ese sentido, anunció que la organización está convocando a asambleas inquilinas el próximo sábado a las 16 en Bartolome Mitre 1767, CABA. «Vamos a empezar con las asambleas para convocar a movilizaciones, pero sobre todas las cosas, a algo que también hace falta hacer y es construir cada vez más organización porque lo único que va a lograr que el mercado inmobiliario deje de avanzar sobre la vida, pero también sobre una clase política cada vez más cobarde, es la organización de los inquilinos y las inquilinas de la Ciudad de Buenos Aires».

Terreno de disputas

El Congreso es, desde hace tiempo, el terreno de disputas entre el poderoso mercado inmobiliario y de la tierra y los inquilinos, debilitados por su permanente atomización.

El proyecto presentado el jueves pasado lleva las firmas de la Cámara Inmobiliaria (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI).

Las entidades firmantes aseguraron que la iniciativa «traerá en el corto plazo un alivio para el sector locativo habitacional, generando un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores de los alquileres».

La propuesta exige que el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, con ajustes cuatrimestrales, como mínimo, usando un índice conformado, en partes iguales, por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), elaborado por el Ministerio de Trabajo). Y reclama que los contratos deberían tener «un plazo de vigencia mínimo» de dos años.

Respecto del rol del Congreso en el próximo período, Muñoz lo subordinó a la marcha del proceso electoral. «Creo que va a ser muy importante el resultado de las PASO», dijo, y agregó: «Si en ellas, Juntos por el Cambio y los libertarios hacen una gran elección y (Sergio) Massa no tiene los votos como para seguir en carrera después de las PASO, entonces el Congreso quedaría bajo el control de la oposición y, en ese escenario, pueden llegar a modificar la Ley de Alquileres con un sector del oficialismo profundamente debilitado en el Congreso y en términos políticos».

La advertencia de Muñoz apunta a que los sectores propietarios no van a esperar a que haya un nuevo régimen político en el país para intentar modificar o eliminar la Ley de Alquileres. Cabe recordar que el proyecto que presentaron días atrás las inmobiliarias y los desarrolladores se suma a otros varios que están dando vueltas en  la Cámara de diputados, especialmente.

Para Muñoz, «hay un consenso muy importante en volver a flexibilizar los contratos de alquiler en Argentina y esto se engloba en otro consenso mayoritario de flexibilizar las condiciones laborales, achicar el Estado y devaluar. La Ley de Alquileres entra dentro de ese mismo universo. La Secretaría de Comercio no puede controlar el precio del azúcar, mucho menos va a controlar el valor de los alquileres». 


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Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

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El titular de la Cámara baja busca evitar que se judicialice el tema. El PRO puso a sus abogados a chequear las actas porque no les registraron el voto negativo a dos diputadas.

Los bloques de la Cámara de Diputados atraviesan horas frenéticas luego del escándalo de la votación del capítulo del tabaco de la ley ómnibus.

Este medio explicó que el bloque peronista abrió una auditoría interna para verificar si Martín Menem adulteró el resultado de la votación del martes pasado para incorporar el impuesto a las tabacaleras.

Según se desprende de las actas parlamentarias, hubo más abstenciones de las que se computaron en recinto, se contabilizaron como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva y no se incluyeron los votos negativos de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO y de Benedit Beltrán, de La Libertad Avanza. Estos diputados pidieron votar a viva voz porque sus votos no habían sido registrados en el sistema de votación por computadora.

La situación es muy delicada porque si se registraban esos votos de manera adecuada, la votación hubiera terminado 80 a 80 y Menem debía desempatar como presidente de la Cámara.

Una diputada del PRO adelantó que el bloque puso a sus abogados a chequear la votación. Si bien la intención del bloque amarillo es no complicar a Menem, quieren garantizarse de que no hubo ninguna maniobra que pueda ser objetada en la Justicia.

Es que una adulteración de la votación puede tener derivaciones penales, tanto en denuncias de falsificación de instrumento público como de falsedad ideológica. Además puede haber lugar para la impugnación del acta de la votación y la consecuente judicialización de la ley, que haría que se caiga la media sanción y por ende el Senado no podría aprobarla de manera definitiva.

Menem por estas horas busca que el tema no escale y se ampara en que la mesa de conducción de la Cámara es multipartidaria, por lo que puede alegar que la culpa no fue sólo de él sino también del secretario parlamentario o el proseceretario. Incluso los libertarios que reniegan del presidente de la Cámara creen que se buscará un chivo expiatorio antes de llegar tan alto.

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

En el PRO, la explicación que bajaron a sus diputados es que en el caso de Leiva y Chomiak por sistema votaron afirmativamente por lo que en el tablero no aparecieron como «voto pendiente de votación» (su voto fue emitido válidamente), pero luego pidieron la palabra y expresaron un voto distinto al emitido. «El único voto valido es el emitido por sistema», dicen en el bloque del PRO.

«En el caso de los diputados Parola, Lopez Rodriguez, Daives, Freites, Araujo Hernadez, Ginocchio, Rauschenberger, Martinez, Sand, Figueroa Casas, Benedit, Y Fernandez Molero, durante la votación se deslogearon (por ejemplo, habiéndose levantado de sus bancas) o ingresaron al recinto luego de cerrada la votación, por lo que el sistema los computó como ausentes (en estos casos el voto de dichos diputados tampoco figuró como «pendiente de votación»)», comunicaron internamente en el bloque que encabeza Cristian Ritondo

«Sin embargo, una vez cerrada la votación pidieron la palabra y expresaron como su voto, pero dicho voto no cuenta», explicaron. «En resumen: se busca generar confusión con el hecho de que, una vez cerrada la votación, el presidente les haya dado la palabra a muchos diputados que no figuraban ‘pendientes de votación para no cercenar su derecho a expresarse», aseguran en el PRO. Pese a esto, sus abogados siguen investigando.


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