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Oficializaron los nuevos montos de asignaciones familiares que se cobran desde marzo

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Se dispuso que se eleve el límite de ingresos máximo aplicable a los titulares de asignaciones para igualarlo con el mínimo no imponible de Ganancias.

El Gobierno oficializó su decisión de igualar el tope de ingresos para percibir las Asignaciones Familiares con el piso del Impuesto a las Ganancias, con lo cual más de 900 mil niños y adolescentes serán alcanzados por la medida.

El beneficio ya había sido anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, el 16 de febrero; ahora, a través del Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) 101/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se formalizó.

Así el Poder Ejecutivo estableció que el beneficio será de aplicación para las asignaciones familiares cuya puesta al pago se realice a partir de este mes. Además, dispuso que se eleve el límite de ingresos máximo aplicable a las personas titulares de asignaciones de $158.366 a $ 404.000, que es el mínimo no imponible de Ganancias.

Según lo dispuesto, esta decisión es de carácter permanente, por lo cual a medida que se actualice el mínimo no imponible, lo mismo sucederá con el tope de las Asignaciones Familiares.

El decreto aclaró que quienes estén alcanzados por Ganancias «tienen derecho a deducir sus cargas de familia de sus ganancias netas, siempre que sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores al límite allí establecido por la legislación impositiva».

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo fue autorizada a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación
de la medida.

El Gobierno justificó el DNU al señalar que «existen cientos de miles de trabajadores y trabajadoras con hijos e hijas a cargo cuyos ingresos se encuentran entre el tope máximo individual de ingresos, actualmente de $158.366, y el monto a partir del cual deben tributar Ganancias».

«La situación afecta a los ingresos de los hogares de los trabajadores y de las trabajadoras, y además, altera las condiciones de acceso al derecho a la seguridad social de niños, niñas y adolescentes», añadió.

En consecuencia, subrayó que esta medida «resulta de carácter urgente, toda vez que esa situación genera que una gran cantidad de familias no vean el impacto en sus ingresos del acompañamiento que el Estado garantiza a las infancias y adolescencias de nuestro país, ya sea por la cobertura del Régimen de Asignaciones Familiares o de los mecanismos de deducción».


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Bronca universitaria por los aumentos a la UBA

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Rectores de todo el país expresaron su rechazo al acuerdo del Gobierno con la UBA. Adorni negó que exista discriminación hacia el resto de las universidades y habló de «analizar caso por caso». Judialización en puerta y nuevo paro nacional el jueves 23 de mayo. 

Werner Pertot

Por Werner Pertot

El Gobierno y la UBA salieron a aclararse encima, mientras las otras universidades siguen prendidas fuego por la decisión del Ejecutivo nacional de aumentarle el presupuesto exclusivamente a la UBA y dejar al resto en una larga fila de espera que no se sabe cuando terminará. Los rectores recordaron que el 85 por ciento de los estudiantes del país estudian en otras universidades e hicieron cola, pero para cuestionar la decisión. Algunos admitieron lo que este diario adelantó ayer: que se esta estudiando una presentación judicial por discriminación y violación de la Ley de Educación Superior. 

Condenado a atajar penales, el vocero Manuel Adorni sostuvo su cara de pocos amigos para decir que es falso que estén discriminando a las otras universidades y que se tomarán decisiones caso por caso. A su turno, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aseguró: «Nosotros no nos cortamos solos».

Ante esta situación, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un nuevo paro nacional. Será el jueves 23 de mayo, a un mes de la marcha federal.

Adorni primero se mostró ofendido cuando le preguntaron por la denuncia de discriminación a las otras universidades. Luego negó que exista una discriminación hacia las otras universidades, y dijo que van a continuar el diálogo de forma sectorial con cada una, analizando caso por caso, para “ajustar los presupuestos y necesidades a lo que cada uno les pasa”.

No aclares que oscurece

“No es lo mismo la UBA con su volumen y su propia dinámica de lo que puede ser alguna otra universidad. Es razonable”, destacó. Y aquí está una de las claves de la estrategia del Gobierno: el objetivo es, al parecer, arreglar con las universidades más grandes (podrían seguir la de Córdoba, la de Santa Fe o la de Cuyo) y dejar al resto en espera por tiempo indeterminado. 

“Se conversa con todos. No hay diálogo cortado con ninguna universidad. Ayer se conoció el acuerdo con la UBA y se seguirán conociendo. Se van a ir sorteando las trabas y obstáculos”, insistió Adorni ante el comunicado furibundo que recibió el Gobierno de parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde consideraron «inadmisible y provocador aumentarle solo a la UBA». “Siempre planteábamos que el diálogo sigue abierto, pero hay un empecinamiento en decir que cortamos los diálogos y no es así”, se ofendió el portavoz. En rigor, lo que vienen diciendo los rectores es que los diálogos con ellos son infructuosos, mientras que la UBA tuvo tres reuniones aparte con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, que redundó en el aumento del 270 por ciento para gastos de funcionamiento y 300 por ciento para los seis hospitales universitarios. 

El resto de las universidades recibieron apenas un aumento del 70 por ciento para los gastos de funcionamiento, que representan en algunos casos solo el 7 por ciento de todos los costos. No obstante, para el vocero del presidente Javier Milei, “no hay ningún tipo de discriminación entre universidades, sino que con todas se está terminando de diseñar el ajuste presupuestario porque cada una tiene particularidades que se deben atender de manera individual».

A la lista de los que salieron a aclarar se sumó Yacobitti, que dijo: «No nos cortamos solos». También descartó que el acuerdo con la UBA luego se traduzca en un voto favorable del bloque de la UCR en el Senado a la Ley Omnibus: «No tiene nada que ver destrabar el financiamiento universitario con la ley Bases». Eso sí, el vicerrector de la UBA reconoció que es “provocador aumentarle solo a la UBA”, sin embargo señaló que la institución “forma parte del Consejo Interuniversitario, pero cada universidad también dialoga por separado con el Gobierno«.

Marcha de la bronca

En el CIN, masticaron furia desde que se enteraron de la medida. Y la lista de rectores que la cuestionaron es larga, comenzando por el presidente del CIN, Victor Moriñigo, quien dijo con tristeza: «Todos creíamos que la UBA era el mascarón de proa en el cual íbamos a estar todos integrados. Nunca pensamos que íbamos a estar en las vísperas de un acontecimiento histórico por lo desastroso, lo vergonzoso”, reprochó. Por las dudas: Moriñigo es radical, al igual que Yacobitti. “Esto no pasó nunca en la historia de la educación argentina, que a una se le diera todo y a 60 universidades de menor escala se les dé cero”, insistió el rector de la Universidad de San Luis.

Se le sumó el rector de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol, quien remarcó que “es inadmisible y arbitrario que solo le otorguen a la UBA la actualización del presupuesto. Somos un colectivo y las necesidades las tenemos todas las unidades académicas”. “Quizás el Gobierno hizo una mala lectura de la marcha federal universitaria, que se dio en todas las provincias”, le dijo a radio Provincia. Y remarcó que están evaluando una presentación judicial  “por la arbitrariedad de la decisión, porque todas las universidades necesitamos la misma actualización presupuestaria”. Y advirtió que el debate no es solo por los gastos de funcionamiento, sino que “existe un atraso muy importante en el salario de los trabajadores y un sistema científico tecnológico con carencias”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Moreno, Hugo Andrade, destaco que «el CIN está considerando estar en sesión permanente. Se ha considerado la opción de presentarse a la Justicia, porque la Ley de Educación Superior plantea que los presupuestos no pueden ser disminuidos. Estamos considerando cuál es el mejor camino». «El resto de las universidades están muy preocupadas. Es un aumento exclusivo para la UBA. Con ese aumento que le dieron a la UBA, se financia todo el año diez universidades como la de Moreno. Todas las universidades entramos en crisis cuando se prorrogó el presupuesto», indicó a radio Splendid.

«Las conversaciones con el Gobierno son asombrosas por la imposibilidad de considerar la situación de las otras universidades. Hay estudiantes de primera y de segunda. Los de segunda serían el 85 por ciento de todos los estudiantes del país«, destacó el rector de una de las universidades del conurbano. «El Ejecutivo nos dijo que va a considerar caso por caso. Nosotros ya presentamos los reclamos y los documentos en febrero y no fue considerado el caso aún. Lamentablemente, el Ejecutivo maneja el presupuesto y decide permanentemente la vida y la muerte de las universidades, alterando la autonomía universitaria», destacó.

En la misma línea fue la rectora de la universidad Rio Cuarto, Maria Rovera: «Esto es muy preocupante y entristece ver este tipo de decisiones. Hubo un acuerdo para la UBA. El resto de las universidades, nada. Por un lado, está el análisis de que claramente se admite con la decisión que hay un desfinanciamiento del sistema universitario. Por otro lado, se decide reforzar el financiamiento con una única universidad. Hay un desconocimiento del sistema universitario: el 85 por ciento estudia en el resto de las universidades. Es inadmisible esta decisión». Y recordó también: «En la movilización, no solo focalizamos el reclamo en el funcionamiento sino también en el salario, las becas estudiantiles, y el sistema científico, además de la obra pública. 


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