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Movimientos de izquierda y del oficialismo se reunirán para «coordinar un plan común»

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El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, mostró su preocupación por la realidad económica y adelantó que habrá un nuevo encuentro para definir los lineamientos a seguir para nuevas acciones.

Tras la movilización del pasado jueves a Plaza de Mayo, Unidad Piquetera llamó a realizar un encuentro con la UTEP, que nuclea a sectores oficialistas, para coordinar «un plan común» frente a la actual situación de los sectores populares.

Uno de sus principales dirigentes, Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero aseguró que los movimientos sociales alineados con Alberto Fernández «no estaban en la calle», pero destacó que la presión social aumenta y las bases tensionan a sus direcciones a volcarse a los reclamos.

Durante la jornada de ayer, la izquierda marchó a Plaza de Mayo y formalizó el petitorio en el Ministerio de Economía para que la flamante ministra los reciba. Aún sin respuestas oficiales, Belliboni reveló: «Fuimos a la puerta de Economía, no nos atendieron y nos dijeron que la semana que viene podíamos hacer una cita con el Secretario de Relaciones Internacionales, que ni siquiera sabemos quien es, pero sabemos que no es la ministra. No nos recibieron, con lo cual seguimos en la plaza, resolvimos no acampar, pero decidimos darle continuidad a un plan de lucha ampliándola a sectores que manifiestan que quieren salir a reclamar algo parecido, t coordinar acciones en común. Hoy vamos a coordinar acciones con la UTEP de Grabois y Alderete que quieren coordinar un plan común. Son los sectores que no estaban en la calle».

En la misma línea, el dirigente trotskista se diferenció de la CGT y la CTA, que convocaron una movilización para el 17 de agosto, a las que acusó de no estar genuinamente preocupados por la situación, e indicó que Unidad Piquetera «saldrá a pelear» para respetar y bregar por los intereses de los trabajadores.

«Ha habido una inflación galopante de la que nadie habla, y no ha habido ni un refuerzo de ingresos, que sirvió para contener un poco, para dar un alivio a trabajadores precarizados, jubilados de la mínima que aparecen al fondo del tacho. Hoy la gente financia la comida con tarjeta de crédito, antes se suponía que era un instrumento de crédito, hoy se endeudan por comida», denunció «Chiquito», al tiempo que cuestionó las medidas «de ajuste» de Silvina Batakis.

Asimismo, planteó: «Se trata de que haya un refuerzo para el conjunto de los trabajadores, un incremento que el mismo ministerio de economía, no dirigido por ella, implementó a través de un bono de 18 mil pesos en dos cuotas, producto de una crisis inflacionaria que el gobierno reconocía. Y ¿ahora? ¿no ocurre esta situación, no está peor? Tenemos una inflación creciendo y agrego una tensión a ese problema. La ministra dice que hay que cerrar todo y que el plan del fondo es lo único que importa».

También puso en tela de juicio la medida que congela los gastos del Estado tras destacar que implicaría un ajuste en el gasto en escuelas, hospitales y en las jubilaciones.

El dirigente del Polo Obrero, planteó la necesidad de cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y concluyó: «Es preocuparte escucharla a Cristalina Georgieva decir que hay que sufrir más, que la salida debe ser con más dolor, y siempre la salida sale del pueblo y no de los poderosos».

A pesar de haber sido recibidos por el Presidente el pasado miércoles, las direcciones de los movimientos sociales oficialistas dejaron ver rispideces con el Gobierno de Alberto Fernández, el más crítico de ellos fue Juan Grabois que, en reiteradas ocasiones, declaró que sentir decepción de la actual gestión. «El Chino» Navarro, dirigente del Movimiento Evita, enfatizó ayer que la sociedad tiene razones para estar «descontenta» con la gestión del Frente de Todos, y Juan Carlos Alderete, de la CCC, al igual que los dos titulares de los movimientos oficialistas, partició de forma solidaria en la movilización convocada por la izquierda.

Tras el encuentro de hoy, los espacios definirán cómo continuar para efectivizar los reclamos del Salario Básico Universal, la apertura de planes sociales y un bono de 20 mil para trabajadores informalizados.


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Reunión de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina

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Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.

La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional.  
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que  habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego; Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.


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