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Mauricio Macri quiere incendiar la economía y aplicar la Doctrina del shock

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El comunicado de la mesa política de JxC sobre la deuda en pesos no apunta a discutir su sustentabilidad, sino a provocar el miedo de que no se pagará. El objetivo es generar una corrida cambiaria terminal en este año para que, en tierra arrasada, poder aplicar un ajuste regresivo violento en un futuro gobierno que ya consideran suyo.

El comunicado de la mesa política de Juntos por el Cambio sobre la supuesta bomba de deuda en pesos que dejaría el gobierno de Alberto Fernández merece el análisis económico-financiero y político, pero especialmente identificar cuál es el objetivo perseguido con el brulote. Mauricio Macri lo avaló y lo impulsó.

El propósito es provocar el caos financiero antes de la asunción de un nuevo gobierno, que con marcada suficiencia la principal fuerza política de oposición ya lo considera suyo, para aplicar una serie de medidas profundamente regresivas en términos económicos, sociales y laborales, que en condiciones normales tendrían muchísima resistencia y que, en cambio, una sociedad en estado de shock las aceptaría.

Existen antecedentes de esta estrategia expuesta a cielo abierto por la alianza macrista-radical: la intervención desestabilizadora de Domingo Cavallo en Washington, en 1988, cuando instó a que el Banco Mundial no realizara el desembolso comprometido al gobierno de Raúl Alfonsín. Esa movida tuvo éxito y, en una economía frágil y escasas reservas en el Banco Central, precipitó una fuerte devaluación el 6 de febrero de 1989, puntapié inicial del proceso de hiperinflación, crisis política, adelantamiento de las elecciones presidenciales y posterior triunfo de Carlos Saúl Menem.

El economista radical e historiador Pablo Gerchunoff lo recordó en su cuenta de Twitter: «No entiendo cómo radicales que vivieron la campaña de Menem y Cavallo en 1988 y 1989 terminaron firmando el comunicado «bombástico» de la mesa política de JxC…».

Está estudiado que la hiperinflación, o sea el caos económico financiero, genera un shock en la sociedad similar a una posguerra o un terremoto devastador. En ese estado de cosas la población acepta medidas que en situaciones normales rechazaría.

Así fue en los años noventa con la reforma del Estado, privatizaciones, apertura financiera y comercial, desregulación y flexibilización laboral, que derivó en destrucción de parte del aparato productivo y miles de despidos. La hiperinflación y la convertibilidad fueron potentes disciplinadores sociales para desplegar esta política regresiva.

Doctrina del shock

La periodista canadiense Naomi Klein presentó esta idea en el libro La Doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre, publicado en 2007. Su planteo central es que el sistema capitalista, en forma sistemática, se ha aprovechado de los grandes desastres para implementar y afianzar una serie de principios favorables a los intereses de grupos económicos poderosos y privilegiados.

Klein señala que el principal objetivo de la doctrina del shock es desmantelar lo que queda del llamado Estado del Bienestar e instalar, al mismo tiempo, el neoliberalismo.

Klein ha señalado que los desastres son una oportunidad para llevar este programa a su máxima expresión y esto se habría aplicado en varias oportunidades en diferentes países, entre ellos Argentina.

Se manifiesta con un mismo esquema: una fuerte conmoción económica, seguida por medidas políticas en favor de los grandes capitales, en el marco de una situación en donde la sociedad no muestra capacidad de reacción debido a las circunstancias particulares a las que se tiene que enfrentar.

Milton Friedman, padre del neoliberalismo, a comienzos de los setenta dijo lo mismo de la siguiente manera: “Solo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”.

La dramática historia de la deuda con Macri y sus economistas

El comunicado de JxC se refiere al cuadro crítico del endeudamiento como si la gestión 2015-2019 no hubiese existido. Resulta imprescindible detallarla.

El desastre financiero del gobierno de Mauricio Macri dejó con escasos márgenes de financiamiento al sector público. Por un lado, en el último año defolteó la deuda en pesos emitida en su propia gestión, dos condiciones que nunca antes habían sucedido en simultáneo pese a la historia trágica del país con la deuda.

El responsable de ejecutar ese default, que denominó con el término marketinero «reperfilamiento», fue Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri y que hoy es uno de los referentes y vocero económico de Juntos por el Cambio.

Por otro lado, en enero de 2018, luego de emitir 9000 millones de dólares en bonos en el mercado internacional, el acceso a financiamiento externo quedó vedado. Fueron casi 100 mil millones de dólares en apenas dos años de gobierno, agotando esa fuente de recursos. Por volumen y velocidad nunca antes se había contabilizado semejante endeudamiento externo (en dólares constantes), superando el ciclo de deuda de la dictadura militar, que hasta entonces había sido el peor de la historia.

Los responsables de diseñar e implementar esta orgía de deuda fueron Alfonso Prat Gay y Luis Caputo, quienes con el rostro cubierto de cemento opinan y critican el manejo de las finanzas del gobierno de Alberto Fernández.

Finalmente, la obra de terror de la deuda macrista concluye con el crédito político de 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Además de haber reintroducido al Fondo como auditor de la economía y, por lo tanto, reducir los márgenes de autonomía de la política económica, limitó en forma considerable la capacidad de obtener financiamiento de organismos multilaterales.

El responsable de correr desesperado a abrazarse al FMI fue Nicolás Dujovne, quien sigue asesorando a Macri en cuestiones económicas.

Romper el mercado de deuda en pesos

Sin financiamiento en pesos y en dólares, con el mercado de capitales cerrado, la emisión monetaria es la única vía que queda disponible. Esta opción fue utilizada ampliamente en el primer año de la pandemia pero, en una economía bimonetaria como la argentina y con una base inflacionaria elevada, rápidamente encontró limitaciones. Además, el acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI estableció restricciones a la expansión monetaria vía emisión.

En estos años, con bastantes dificultades y complejidades, la gestión de Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda pudo reconstruir el mercado local de deuda en pesos.

Con los condicionamientos mencionados para conseguir financiamiento local y del exterior, la emisión de deuda en pesos quedó como principal fuente de acceso a recursos adicionales para el Tesoro.

Apuntar precisamente a la sustentabilidad de esa deuda sin ningún rigor técnico-financiero, como hizo la mesa política de Juntos por el Cambio, busca desfinanciar al fisco y generar una más fuerte corrida cambiaria. La consecuencia inmediata sería el estallido económico-financiero.

Esto no sería otra cosa que la aplicación de la doctrina del shock para provocar tierra arrasada para poder desplegar un fulminante plan económico con costos sociolaborales dramáticos para trabajadores, jubilados y clases medias, además de una debacle electoral del peronismo a nivel nacional y en las provincias, en especial en la de Buenos Aires.

Macri ya lo adelantó: hacer lo mismo pero más rápido.

El macrismo no devuelve favores

Desde hace varios años se ha definido un peculiar escenario político en el cual el sector que reclama diálogo e institucionalidad es el mismo que violenta en forma persistente ambas proclamas.

Varios son los casos en ese sentido y específicamente en el frente financiero hay dos emblemáticos. El último fue el comunicado incendiario de la alianza macrista-radical y el otro más lejano fue en la última mitad de 2015.

En esos meses, previos a las elecciones presidenciales de ese año, se intensificó la corrida cambiaria y el Banco Central, como hacen todas las bancas centrales del mundo, intervino en el mercado de futuros para contrarrestar las presiones devaluacionistas.

En lugar de acompañar esta estrategia de estabilización, la entonces oposición presentó una desopilante denuncia judicial por esas operaciones, que el juez Claudio Bonadio impulsó como parte de una serie de causas de persecución a Cristina Fernández de Kirchner y otras figuras del kirchnerismo.

Pese a este y otros antecedentes, el candidato presidencial triunfante de las PASO 2019 reaccionó de otra manera. En estos días de cruces entre oficialismo y oposición por el comunicado incendiario de JxC, Emmanuel Álvarez Agis relató la siguiente situación que se desarrolló en agosto de 2019: «A mí me llamaban Hernán Lacunza (ministro de Economía) y Guido Sandleris (presidente del Banco Central) para pedirme que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri. Alberto Fernández tuvo la opción de tocar un botón y que vuele todo por el aire pero eligió ponerle un techo al dólar».

Lo que había pasado era que Macri perdió por paliza en las PASO, le echó la culpa a la población por el resultado presentándose ante la sociedad en un estado lamentable que atribuyó a que durmió poco y dejó acéfalo el manejo económico por más de 24 horas, provocando una violenta devaluación.

Alberto Fernández le tiró un salvavidas. Hoy, en cambio, Macri busca aplicar la doctrina de shock contra el gobierno.

La ingenuidad política paga muy mal

Alberto Fernández hizo lo que habían acordado con los economistas de Macri en un reportaje con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, al afirmar que el dólar a 60 pesos estaba bien. Se frenó la corrida y se estabilizó la cotización, pero esta colaboración fue a cambio de nada. Por caso, no se exigió que se detenga la sangría de dólares del Banco Central estableciendo fuertes límites a las compras. En la última quincena de agosto de 2019 se perdieron unos 2000 millones de dólares.

Sólo después se autorizaron compras de hasta 10 mil dólares mensuales por persona, lo que no significaba desacelerar la pérdida de reservas del Banco Central. Pérdidas que luego el gobierno de Alberto Fernández padecería y condicionaría su gestión económica.

El economista Hernán Letcher señala que la cooperación no logró persuadir a «las autoridades que urgía poner regulaciones cambiarias en serio, dado que entre el primero de septiembre y el 27 de octubre (de 2015) el Banco Central perdió 5600 millones de dólares sólo en intervenciones cambiarias».

En total, hubo una caída de reservas de 7600 millones de dólares.

Letcher explica que «las elecciones generales de 2019 confirmaron la victoria del Frente de Todos y, al día siguiente, el gobierno de Macri estableció las regulaciones cambiarias que tenemos actualmente y logró recuperar más de 2000 millones de dólares en menos de dos meses».

El aporte político responsable de Fernández a la estabilidad económica-financiera, para evitar que el descontrol del dólar termine perjudicando a la mayoría de la población, también sirvió para que Macri –estabilizado el mercado cambiario- recuperara volumen político con giras proselitistas y mejorara el caudal electoral en las elecciones. Así el Frente de Todos no consiguió una mayoría holgada en Diputados y, fundamentalmente, fue la primera gran discordia entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión de salvar del incendio económico a Macri sin ninguna negociación política previa ni de administración financiera-cambiaria no fue conversada entre los integrantes de la fórmula ganadora de las PASO 2019.

Si bien en ese momento no fue motivo de una fuerte pelea entre ambos, con el tiempo se ha resignificado, para reconocer enesa intervención solitaria de Fernández un inmenso costo para la posterior administración de la economía y la convivencia política de la coalición del Frente de Todos.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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