NACIONALES
La nueva ola privatizadora de Milei a la luz de la experiencia de Menem
El paquete de empresas que la ley ómnibus habilitó vender total o parcialmente es amplio, treinta años después el saldo de la experiencia menemista.
La media sanción en Diputados de la Ley Bases abre la puerta para un proceso privatizador sólo comparable al que concretó el presidente Carlos Menem en la década del noventa. De aprobarse la ley en el Senado, el gobierno quedaría habilitado a privatizar mas de una decena de empresas estatales, algunas de ellas muy importantes por su incidencia en sectores estratégicos o su impacto en la vida cotidiana de la gente. No es un tema menor.
En el capítulo 2 de la ley ómnibus se precisa que podrán ser privatizadas de manera total Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo.
En tanto, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales podrán ser privatizadas parcialmente, y el Estado conservar una porción minoritaria, es decir, perderá el control de las compañías.
Un tercer grupo lo conforman Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), que podrán incorporar capitales privados, aunque en este caso mantendrán mayoría de participación estatal.
Con 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones, resultó llamativo el pronunciamiento a favor de una de las espadas legislativas de Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz que mantuvo una férrea oposición al avance sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El diputado Sergio Acevedo del Frente Por Santa Cruz defendió el éxito de las negociaciones con el Poder Ejecutivo. Desde el entorno del gobernador afirmaron a LPO: «Este es el mal menor, es preservar a la empresa bajo control del Estado, proteger los puestos de trabajo e impedir el desguace de la unidad económica de Río Turbio compuesta por la mina de carbón, la vía férrea y la central térmica», dijo a LPO un funcionario santacruceño.
Este acelerado y vasto programa de privatizaciones trajo aparejado, hasta fines de 1993, un ingreso de recursos superior a los 15 000 millones de dólares, que en el corto plazo tuvo un impacto positivo en la balanza de pagos.
Si bien aún resta ver como transita la ley bases por el Senado, donde el oficialismo no la tiene fácil, la media sanción muestra el respaldo de buena parte del arco político a la privatización de empresas importantes para la vida cotidiana de la gente, como los trenes, el mantenimiento y construcción de rutas y los servicios de agua y cloacas.
Incluso, se decidió vender empresas que dejan ganancias al Estado como Intercargo, firma que brinda asistencia a aeronaves en tierra y presta servicios a las principales compañías aéreas, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, en 20 aeropuertos del país.
No parece un dato menor que tanto Milei como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, hayan trabajado durante años para el concesionario de los aeropuertos privatizados en los noventa, Eduardo Eurnekian, que siempre estuvo interesado en el negocio de Intercargo.
Según un informe de CEPA que dirige Hernan Letcher, la empresa»siempre fue rentable y no necesitó transferencias del Estado Nacional a lo largo de su historia salvo contadas excepciones». En el 2023 tuvo un resultado positivo que ascendió a 1.500 millones de pesos.
Por su parte, Corredores Viales está compuesta por un capital social del 51% del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y por un 49% de la Dirección Nacional de Vialidad. El objetivo de la empresa es construir y mantener rutas y autopistas. Esta empresa estatal se creó durante el gobierno de Macri, lo que marca una diferencia conceptual importante entre la experiencia neoliberal del macrismo y la versión que encarna Milei.
Con 5.885 km concesionados, Corredores Viales es responsable de 10 tramos de la red vial nacional. Para el informe realizado por CEPA, esta empresa está dentro del sector «cuyo rol es estratégico, como el sector nuclear, telecomunicaciones y defensa. Su privatización implicaría desregulaciones y pérdida de soberanía».
Milei decidió vender incluso empresas que le dan ganancias al Estado como la operadora de cargas de los aeropuertos Intercargo, que el 2023 tuvo un resultado positivo de 1.500 millones.
El mismo informe reveló queel 90% del punto de PBI (0,9%) que supone el total del déficit de empresas públicas en 2023 se destinó a tres rubros: energía, agua y trenes. Más de la mitad fue una sola empresa: ENARSA, con 0,5% del PBI, porque afrontaba los subsidios a la energía y se ocupó de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
A su vez, ENARSA junto con AySA (Agua y Saneamientos Argentina) y a las sociedades ferroviarias (Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos SA, entre las más relevantes), alcanzan el 86,9% del total de las transferencias a empresas del Estado.
Desde el Consejo Económico para América Latina (CEPAL) que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estudiaron los efectos tanto positivos como negativos de los procesos desestatizadores en esta parte del continente.
En el capítulo argentino se afirma que entre 1990 y 1991 se privatizaron las empresas de telecomunicaciones, de aeronavegación, tenencias accionarias en la industria petroquímica, áreas centrales y secundarias de la explotación petrolífera, más de un tercio de la red nacional de carreteras, más de 5 000 km de ramales ferroviarios.
Y en 1992 y 1993 el proceso de privatizaciones llegó a nuevos e importantes sectores, en especial los energéticos: la distribución del gas natural, la energía eléctrica tanto en generación, transporte como en distribución, Obras Sanitarias de la Nación, puertos y las dos empresas siderúrgicas integradas (SOMISA y Altos Hornos Zapla).
«Este acelerado y vasto programa de privatizaciones trajo aparejado, hasta fines de 1993, un ingreso de recursos superior a los 15 000 millones de dólares, de los cuales más de la tercera parte corresponde al valor de mercado de los títulos de la deuda», afirman los economistas Daniel Azpiazu y Adolfo Vispo en este documento que destacaron que «en el corto plazo, los ingresos de capitales tienen un impacto positivo en la balanza de pagos».
El documento señala que esto contribuyó de manera decisiva a revertir una tendencia que se remontaba a más dedos décadas: las permanentes transferencias netas de capitales al exterior.
La iniciativa privatizadora de Milei va en el sentido contrario del modelo kirchnerista de los últimos veinte años que avanzó en la estatización de empresas privatizadas y la creación de otras. Incluso ahora mismo, su exponente más competitivo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, intenta que la Legislatura le apruebe la creación de dos empresas estatales para el sector de la salud pública.
Asi mismo Azpiazu y Vispo advierten también las fragilidades a las que quedó expuesta a economía doméstica a partir del proceso de privatización. Efectos en el sector externo, efector en la estructura de precios y efector en la inversión.
La iniciativa privatizadora de Milei va en el sentido contrario del modelo kirchnerista de los últimos veinte años, incluso ahora mismo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, intenta que la Legislatura le apruebe la creación de dos empresas estatales para el sector de la salud.
La primera condicionada por la remisión de utilidades y dividendos al exterior por parte de los consorcios adjudicatarios de las empresas privatizadas. La segunda favoreció a áreas privatizadas proveedoras de servicios en detrimento de los sectores productores de bienes.
Por último sobre los efectos sobre la inversión la CEPAL considera que «a corto plazo se verifica un impacto positivo en la inversión agregada que, sin embargo, ve amortiguados sus efectos multiplicadores locales por el alto componente de equipamiento adquirido en el exterior, como en el caso de las telecomunicaciones, y queda circunscrito a un número reducido de sectores de actividad».
No parece casual que en el paper sobre privatizaciónes que firma la ONU destaque que «la absorción por parte del Ministerio de Economía de las misiones y funciones del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en cuya órbita se agrupaba la mayor parte de las empresas públicas sujetas a privatización, la mejora en la situación fiscal de corto plazo, el sostén de la paridad cambiaria fija y la moderada recuperación de la inversión, emergieron como rasgos decisivos de la funcionalidad de las privatizaciones».
NACIONALES
Divide y reinarás: El Gobierno aumenta el presupuesto solo para la Universidad de Buenos Aires
Incrementará un 300 por ciento los recursos destinados a los gastos de funcionamiento. El Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. El vicerrector Emiliano Yacobitti aseguró que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió levantar la emergencia presupuestaria, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Javier Milei por los gastos de funcionamiento, que recibirán una suba del 270 por ciento, y de sus hospitales, cuyo incrementp será cercano al 300 por ciento. En un comunicado, el Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. Tampoco la inversión en ciencia y las obras que están paradas. En tanto otras 60 universidades continúan con el reclamo que llevó a la marcha universitaria y que no fue respondido. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio. Las otras universidades indicaron que el aumento solo a la UBA «resulta inadmisible y provocador«. «No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, lanzaron. El Gobierno quedó a tiro de una cautelar.
Desde el comienzo de las negociaciones con las universidades y, sobre todo, en las reuniones posteriores a la marcha universitaria que resultó masiva en todo el país (algunas estimaciones llegaban al millón de personas), el Gobierno buscó dividir a la UBA del resto de las instituciones. De hecho, tuvieron una atención especial con el rector Ricardo Gelpi, a quien la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, recibió un día antes que al resto. En los encuentros con todos los rectores, el Gobierno escuchó, pero no hubo avances reales en destrabar fondos. De hecho, en una exposición ante el Congreso, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, no pudo dar precisiones sobre cómo se resolverá el conflicto universitario.
A partir de ahí, lo público se separa de las negociaciones a puertas cerradas. Con la UBA particularmente, el encargado de las negociaciones, que pasó a ser Torrendell, tuvo tres reuniones más. Estuvo presente también el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, aunque moderó sus modales. Allí, las autoridades de la UBA insistieron con el planteo de actualizar lo presupuestario y tuvieron varias discusiones, avances y retrocesos. Finalmente, desde el Gobierno nacional aceptaron aumentar aquellas partidas sin las cuales directamente se iba a un cierre de la UBA: el funcionamiento básico (la luz, etc) y el presupuesto para los hospitales. Según confirmaron a este diario, no solo acordaron sino que ya empezaron a pagar.
En el caso de la UBA, los gastos de funcionamiento representan el 14 por ciento de los gastos totales (porque allí hay que contemplar también los seis hospitales; en otras universidades es la mitad de ese porcentaje). «Si ellos no garantizaban ni el presupuesto mínimo para prender las luces, teníamos que cerrar», insistieron desde el rectorado a este diario.
Sigue la discusión
No obstante, en el comunicado que emitió el Consejo Superior de la UBA para anunciar que levantaba la emergencia universitaria, dejaron en claro que sigue la discusión por ese otro 86 por ciento del gasto sobre el que no hubo acuerdo (principalmente, son los salarios docentes y no docentes). Lo que recibieron fue una actualización de los gastos de funcionamiento del 270 por ciento interanual y del 300 por ciento para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculados al área asistencial. Se trata de 26.016.488.265 pesos que el Gobierno les comenzó a transferir con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros 35.436.785.336 de pesos para sostener los niveles de atención de la salud.
“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, señaló la UBA, que también destacó que continúa el “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial como también otras partidas “particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”. Es decir, las obras que están paradas, algunas de las cuales ya estaban en curso.
En materia salarial, no hubo acuerdo con el Frente Sindical de las Universidades: la propuesta del Gobierno, ante una inflación acumulada superior al 70 por ciento, fue: 16 por ciento en febrero, 12 por ciento para marzo y 8 por ciento para abril. Es decir, un 36 por ciento. Los números solos indican por qué están muy lejos de un acuerdo con los gremios. Desde el Consejo Superior de la UBA advirtieron que este acuerdo debería llegar urgente y también se mostraron a favor de que el Congreso sancione una Ley de Financiamiento Universitario que establezca un criterio de actualización para el presupuesto universitario, para que no se repita lo de este año.
Tras el acuerdo, Yacobitti escribió en su cuenta de Twitter: «Gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro». Luego aclaró: «Vamos a seguir reclamando por los salarios docentes y no docentes que perdieron más de un tercio de su capacidad económica en 4 meses, por los recursos para CyT y las obras de mantenimiento de los edificios y laboratorios».
Y luego volvió a aclarar: «También es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes». Esto último quizás tenga que ver con la reacción del resto de las universidades, que tronaron apenas se conoció la noticia.
«Universidades de segunda»
Todas las universidades vienen funcionando con un presupuesto que se votó a fines de 2022 y que, insisten, es insuficiente para llegar no ya a fin de este año, sino a mitad de año en algunos casos. Por lo tanto, apenas se conoció el aumento para la UBA, las otras 60 casas de estudio pusieron el grito en el cielo y hablaron de una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno.
Hubo una reunión de emergencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para tratar el tema. «Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, señaló antes de ingresar a la reunión Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.
El CIN emitió luego un comunicado que dejó en claro como estaban los ánimos: «Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, remarcaron los rectores en un comunicado del CIN.
«Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios», le advirtieron al Gobierno.
Por otro lado, advirtieron que el Gobierno reconoció con ese pago que tienen razón y que «hay plata». Según pudo saber este diario, todavía no harán una presentación judicial, sino que esperarán una respuesta del Gobierno, pero la disparidad de criterios pone a la administración nacional a tiro de una cautelar. En el comunicado indicaron que esa transferencia a la UBA «implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.
«Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas», concluyeron.
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