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Juicio político a la Corte: Cómo se negociaban fallos con el gobierno de Mauricio Macri

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La comisión de Juicio Político llamó como testigos al operador prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, al ex ministro de Justicia Germán Garavano y al senador del PRO José Torello para que den explicaciones sobre el fallo del 2×1 con que la Corte buscó beneficiar a represores. La sospecha es que detrás de esa sentencia hubo un acuerdo con los entonces funcionarios que le permitió a la juez Elena Highton continuar en el tribunal pese a haber superado la edad límite. 

Por María Cafferata

Era el chiste fácil apenas se oficializó quiénes serían los testigos de la próxima reunión de la comisión de Juicio Político. «¿Te imaginás si Pepín termina viniendo?», ironizaban les diputades apenas Carolina Gaillard anunció que el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, y el senador del PRO José Torello serían citados para dar explicaciones sobre el fallo del 2×1 que benefició a represores. Y es que, a partir de la semana que viene, se abre una nueva etapa en el juicio político a la Corte Suprema, que comenzará a ahondar -una por una- cada acusación por mal desempeño que pesa sobre los magistrados. La más sensible es la del fallo Muiña: la gran mancha que marcó para siempre la Corte renovada por Mauricio Macri y, por ello, una de las causales más fuertes de la investigación. 

En 2017, apenas un año después del desembarco de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la Corte falló a favor de beneficiar al represor del Hospital Posadas Luis Muiña, con una ley aprobada en 1994 que sostenía que la prisión preventiva no podía superar los dos años y que, si se pasaba ese plazo, cada día en prisión se computaría doble. La masividad del repudio en las calles, con movilizaciones multitudinarias en distintos puntos del país, llevó a que el Congreso sancionara a las apuradas una ley que prohibía la aplicación de este beneficio para condenados por delitos de lesa humanidad. Un año después, la Corte volvió a tratar la cuestión del 2×1 ante un planteo del represor Rufino Batalla y terminó fallando en contra -solo Rosenkrantz votó en disidencia-, buscando cerrar así el capítulo del 2×1 a los genocidas que tan mal parados los había dejado. 

Lejos de haberse cerrado, sin embargo, el 2×1 a los genocidas es hoy una de las causales con más peso en el juicio político a los miembros de la Corte. Y no solo por el contenido del fallo -que resulta más difícil de discutir, ya que Juntos por el Cambio se abraza a la premisa de que «no se puede juzgar a un juez por el contenido de su sentencia»-, sino porque visibiliza un punto clave que el oficialismo busca probar en la investigación: que la Corte negociaba y traficaba sus sentencias. En el caso del fallo del 2×1, la lupa está puesta en el voto de Elena Highton, la ex jueza de la Corte que renunció en 2021.

La hipótesis del FdT es que existió una negociación entre el gobierno de Macri -con Pepín Simón y Germán Garavano a la cabeza- y Rosenkrantz para beneficiar a los genocidas a partir de la conmutación de penas. ¿Cómo? A través del voto de Highton, quien en el pasado -puntualmente en el fallo Simón, que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- había votado en otra línea y, sin embargo, en 2017 terminó votando a favor de otorgarle el 2×1 a Muiña. El oficialismo sostiene que, a cambio del voto de Highton -que resultó clave, porque Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia-, Garavano no apeló el amparo que la jueza había presentado contra el fallo Schiffrin, el que sostenía que la edad límite para permanecer en la Corte era de 75 años y, por lo tanto, le impedía a ella continuar en su cargo (tenía entonces 74 años). La ex magistrada promovió un recurso de amparo para que le permitieran continuar como jueza y, gracias a que el gobierno de Macri no apeló ese amparo, pudo continuar siendo magistrada tras cumplir los 75. 

El objetivo del FdT, entonces, es probar que hubo una negociación orquestada entre Rosenkrantz -entonces presidente de la Corte- y el gobierno de Macri para liberar represores. Por eso es que el martes 21 serán convocados a comparecer Garavano, Rodríguez Simon y Torello, así como el ex funcionario del Ministerio de Justicia Santiago Otamendi, y el actual subprocurador del Tesoro, Horacio Diez. A su vez, la comisión citará a Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía de Rosenkrantz. 

Los testigos que generan mayor expectativa en el oficialismo son tres: Garavano, Torello y Pepín Rodríguez Simón, quienes son identificados como los que orquestaron el plan para que pudiera salir el fallo Muiña. Sin embargo, tal como recordaban irónicamente todes les diputades en la reunión de comisión del martes pasado, Pepín se encuentra prófugo de la Justicia hace más de dos años. El operador judicial de Macri está siendo investigado por formar parte de una asociación ilícita que tenía el fin de perseguir a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa (propietarios del Grupo Indalo) y desde 2019 se pasea por Uruguay, eludiendo la Justicia, por lo que resulta poco viable que se arriesgue a volver a la Argentina para comparecer ante la comisión de Juicio Político. Gaillard, sin embargo, envió una nota a la Interpol solicitándole información sobre cómo se podía proceder. 

En el caso de Garavano, este confirmó a Página/12 que estaba dispuesto a comparecer pero que no podría hacerlo el martes porque estará de viaje. En diálogo con Radio Rivadavia, sin embargo, apuntó con dureza contra el proceso de juicio político: «Es muy triste en términos de país y en términos institucionales ver cómo se intenta remover o condicionar a la Corte Suprema de Justicia». 

También serán citadas Gladys Cuervo y Zulema Chéster, dos víctimas del terrorismo de Estado en el Hospital Posadas. Luis Muiña había sido parte de la guardia de seguridad que montó un campo de concentración en una de las áreas del Posadas, donde fueron torturados y asesinados trabajadores del centro médico. 


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Cristina propone un pacto parlamentario para proteger la caja de las provincias

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La ex presidenta cree que la discusión del momento no es ideológica ni partidaria, se trata de sancionar leyes para garantizar los recursos de las provincias.

Cristina Kirchner está convencida que este año la discusión central de la Argentina debe darse en el Congreso. «La justicia tiene tiempos muy lentos y el ajuste sobre las provincias las va a poner en crisis en dos o tres meses», evalúa un dirigente del kirchnerismo que habla con la ex presidenta.

Por eso, Cristina cree que la ferocidad del ajuste que lanzó Milei obliga a deponer pruritos partidarios, ideológicos y hasta especulaciones electorales, para trabajar un acuerdo parlamentario que reponga a las provincias los recursos que necesitan para sobrevivir. Esto es lo básico: pagar sueldos de estatales, municipales, policías, médicos y docentes.

Los mecanismos posibles van desde reponer por ley el Fondo Docente, hasta sancionar la coparticipación de un parte del impuesto PAIS, restituir el Fondo Sojero que devuelve a las provincias el 30 por ciento de lo que recaudan las retenciones o cualquier otra alternativa que surja de los acuerdos en el Congreso.

La oposición dialoguista tiene que cruzar el Rubicón y atreverse a votar junto al peronismo. Porque no se trata sólo de conseguir la mayoría para sancionar las leyes, sino de alcanzar los dos tercios para poder rechazar un veto de Milei, que se descuenta inevitable.

Política gonzo

La velocidad es un tema central. En el entorno de la ex presidenta ven a Milei «avanzando a 180 kilómetros por hora y sin frenar en las curvas». Por eso, creen que el acuerdo parlamentario tiene que ocurrir rápido, porque en pocas semanas la crisis puede empezar a estallar en las provincias. Ya hubo amagues de sublevación policial en Tucumán y Catamarca. «Estamos ante un problema de caja, después viene la política», sintetizan.

La velocidad es un tema central. En el entorno de la ex presidenta ven a Milei «avanzando a 180 kilómetros por hora y sin frenar en las curvas». 

La ex presidenta está convencida que el plan de Milei sigue siendo la dolarización, que podría ocurrir en los próximos meses. «Milei no puede seguir ajustando eternamente, necesita cristalizar esta situación, por eso va a dolarizar», explica un economista que habla con Cristina sobre el modelo en marcha. Un experimento que puede llevar al país a una tensión límite porque «hay mucha gente que no está de acuerdo con dolarizar».

«Esto la Argentina nunca lo vivió, no es neoliberalismo, esto es anarcocapitalismo», agrega el economista que cree que si Milei tiene éxito, Argentina se convertirá en un típico país latinoamericano «con una clase media muy enflaquecida, una altísima pobreza estructural y un núcleo muy concentrado y pequeño de grandes riquezas». «Es la muerte definitiva del país del ascenso social», vaticinan.

Los asesores que rodean a la ex presidenta analizan al detalle el impacto del ajuste sobre la sociedad y creen que paradójicamente, Milei es beneficiario de las política sociales de las últimas décadas. «En el 2001 no existía la AUH, ni el Plan Alimentar, ni las moratorias jubilatorias. Hoy un jubilado cobra 180 mil pesos, que es muy poco, pero en el 2001 cobraba cero, por eso todavía la sociedad aguanta», explican.

De hecho uno de los gráficos que la ex presidenta sigue con más atención es la evolución del índice salarial (Ripte) cruzado con la línea de la pobreza. Si bien desde que asumió Milei se desplomó, acentuando una caída iniciada en los gobiernos de Macri y Alberto, todavía no perforó la línea de la pobreza como ocurrió en el 2001.

«La onda más fuerte del ajuste es probable que se sienta entre marzo y abril, como dice el propio Milei», reconocen en el entorno de Cristina. ¿Significa esto que en ese momento es posible que la Argentina enfrente un estallido social?

Cristina propone un pacto parlamentario para proteger la caja de las provincias

«Nadie puede predecir el desencadenante de una crisis, seguramente antes de Carrasco hubo muchos conscriptos muertos o torturados, pero ese día la sociedad dijo basta y la colimba cayó ¿Por qué no ocurrió antes o después? Imposible saberlo», explica un dirigente que suele hablar de estos temas con la ex presidenta.

Por eso, Cristina analiza dos momentos. Uno urgente que es el acuerdo parlamentario para proteger los recursos que necesitan las provincias para sobrevivir este año. Y otro más político que es abrir en el peronismo una discusión que adecúe sus propuestas al nuevo mundo que se abrió con la irrupción de Milei, imposible de disociar de la frustrada experiencia de gobierno de Alberto Fernández.

Algo de esto planteó Cristina en su último documento, donde avanzó sobre temas tabúes para el ideario kirchnerista como las privatizaciones, un régimen especial para las grandes inversiones, la reforma laboral y la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. «Todos hablan del Estado presente, pero esos mismos dirigentes que defienden la escuela pública mandan a sus hijos a colegios privados, defienden la salud pública y tienen prepaga y viven en countries custodiados. Hay que sincerar la discusión sobre que Estado tenemos», reflexiona un dirigente importante del kirchnerismo, crítico de alguno de sus pares.

La ex presidenta suele comentar que ella no está en contra de la participación privada en empresas públicas y pone como ejemplo el modelo de YPF.

El documento, incluso motivo un interesantísimo intercambio entre la ex presidenta y el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo. El diputado le cuestionó que incluyera entre los temas a debatir las privatizaciones. «Sergio, si el Banco Nación tuviera 50% de capital privado y cotizara en Wall Street como el Macro o el Galicia ¿Vos pensás que hubiera pasado por el directorio un préstamo como el de Vicentín?», lo desafió Cristina.

En efecto la ex presidenta suele comentar que ella no está en contra de la participación privada en empresas públicas y pone como ejemplo el modelo de YPF.

Esa parte propositiva del documento de Cristina parece buscar abrir una discusión para una actualización del peronismo, que claro, debe sortear la crisis de liderazgo que transita.

Una crisis que no se resuelve solamente con el relevo de Alberto Fernández de la presidencia del partido y que plantea desafíos mucho más profundos y que llevan a preguntarse porqué dirigentes exitosos que se han convertido en gobernadores, como Martín Llaryora, Rolo Figueroa o Claudio Vidal, han decidido alejarse del peronismo.


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