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Los responsables de Edesur en el banquillo de los acusados por los cortes

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La presentación será por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. El interventor del ENRE, Walter Martello, sostuvo hay una serie de incumplimientos que comprometen a la compañía, pero aclaró que elevarán el caso al Congreso para que la política decida. 

La Secretaría de Energía instruyó al ENRE a que mañana denuncie penalmente a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. Asimismo le exigió al ENRE que eleve el informe de estado de la concesión a la Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión.

Esta medida se anunció luego de varios días de cortes de luz en el área de concesión de la empresa, cuyo concesionario los italianos de Enel habían anunciado que abandonarían el país. Además el Frente de Todos presentará en el Congreso un proyecto para estatizar Edesur.

La ola de calor que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires durante los últimos 15 días volvió a dejar en evidencia las vulnerabilidades del sistema eléctrico, fundamentalmente en el área de concesión de Edesur. El martes unos 188 mil clientes de la distribuidora se quedaron sin servicio mientras debieron soportar una sensación térmica superior a los 40 grados. 

Este miércoles la lluvia trajo un poco de alivio en varias zonas, pero igual por la tarde seguían sin luz 71 mil usuarios de Edesur. Lo que preocupa en el gobierno no solo son los cortes sino su extensión, ya que hay familias que no tienen servicio hace más de 4 días y otras a las que se les viene cortando la luz de manera recurrente durante largas horas. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anticipó el martes que dentro de los próximos 90 días elevará las conclusiones de su informe de auditoría a las autoridades competentes y al Congreso Nacional y aclaró que los incumplimientos detectados “pueden afectar la continuidad de la concesión”.

Casi todos los cortes que se vienen registrando en el AMBA se concentran en el área de concesión de Edesur. La falta de inversión de la compañía y su lenta reacción cuando se producen los cortes la llevó a estar contra las cuerdas en varias ocasiones. De hecho, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya estuvo cerca de expropiar la empresa a comienzos de 2014 luego de los grandes apagones que se registraron en el AMBA, pero finalmente se descartó esa opción. Ahora Edesur vuelve a estar en la mira del gobierno por el deficiente servicio que presta y su impacto en la calidad de vida de decenas de miles de vecinos. “Ya es el séptimo día con más de 70 mil personas afectadas. Eso amerita sanciones extraordinarias. Algunas de ellas tienen resarcimiento directo al usuario, pero nuestro esfuerzo está puesto ahora en presionar a la empresa para, ahora que bajo la temperatura, empiece a levantar esos cortes que en muchos casos vienen desde cuatro o cinco días”, aseguró el interventor del ENRE, Walter Martello.

Página/12 preguntó en el ENRE cuáles fueron los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano más afectados por los cortes y el listado incluye a Caballito, Flores, Mataderos, Liniers, Villa Lugano, Lomas de Zamora y Quilmes. “Por supuesto que hay muchas más zonas afectadas pero estas son en las que se repitieron y se extendieron los cortes en los últimos días”, señaló una fuente del organismo. En esas zonas donde los cortes se han extendido durante días es donde los vecinos decidieron salir a cortar la calle y quemar gomas y/o basura para forzar algún tipo de respuesta, tanto de la empresa como de las autoridades.

Desde la compañía suelen remarcar que el congelamiento tarifario condicionó los niveles de inversión y constituye un dato imposible de soslayar al momento de entender la situación actual. Sin embargo, ese mismo congelamiento también afectó a Edenor y ni la cantidad de cortes ni la reacción frente a esos cortes viene siendo la misma.

Los próximos pasos

A mediados de febrero el ministro de Economía Sergio Massa instruyó la puesta en marcha de una veeduría del ENRE con auditoría en la distribuidora para revisar el valor del activo regulatorio, el cumplimiento del régimen de inversiones, los tiempos de respuesta a los usuarios y la calidad del servicio. A fines de febrero, el ENRE dio inicio a la auditoría técnica y este martes el organismo informó que dentro de los próximos 90 días elevará un informe con las conclusiones. “La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios y en la reposición del servicio, incumplimientos estos que, más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión”, aseguró a través de un comunicado.

Martello dio más precisiones esté miércoles en diálogo con la TV Pública. “El informe final va a dejar todos los parámetros por las fallas en la calidad del servicio para que quienes tienen la responsabilidad de decidir, que en este caso no es el ENRE, tomen las medidas que consideren pertinentes. Nosotros consideramos que 60 años más de concesión, que es lo que le queda a la empresa, no amerita que tengamos está calidad pésima de servicio y pésima de vida. Como es una decisión que va a trascender a varios gobiernos, creemos que es la política la que tiene que involucrarse y empezar a tomar decisiones sobre la continuidad o no de la empresa», sostuvo.

Martello aseguró que «no se quiere dejar ningún flanco abierto ante eventuales demandas judiciales de Enel”, la controladora italiana de Edesur. “Enel han contratado a un estudio internacional de abogados para litigar ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en caso de la rescisión (…) No le vamos a dar a Edesur la posibilidad de que litigue con fundamento, vamos a tomar todas las precauciones para que el Congreso, la política en su conjunto, defina qué hacer», agregó el interventor.

Con un pie afuera

Enel anunció en noviembre un plan de desinversión que incluye su salida de Argentina, Perú y Rumania con el objetivo de reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías más limpias. La firma vendió recientemente las centrales térmicas Costanera y Dock Sud y designó al banco Santander Río para que consiga un comprador para Edesur ya que quiere estar fuera antes de fin de año. Este es un dato que no pasa desapercibido en el gobierno porque forzar un conflicto en el CIADI con una empresa que se está yendo no parece la decisión más inteligente. Algunas voces oficiales señalan que lo mejor es tratar de incidir en esa transición para que ingrese un accionista nacional con otro grado de compromiso, pero todavía no hay nada definido. Los próximos meses serán claves para ver si Edesur se va por las buenas o por las malas.


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Cristina Kirchner: «Nos persiguen porque igualamos a las sociedades»

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Acompañada por expresidentes del Grupo de Puebla y por juristas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner trazó una línea de continuidad entre las persecuciones de las dictaduras militares y el actual ataque a la democracia desde el «partido judicial». «No nos van a perdonar nunca la reconstrucción de la economía y lo que pudimos construir en materia de derechos humanos», dijo.

Luciana Bertoia

Por Luciana Bertoia

“No fue solamente la economía sino lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca”. Está allí la razón de la persecución en los tribunales para Cristina Fernández de Kirchner, la razón de la condena y la proscripción que puede dejarla afuera de la carrera electoral. Y así lo hizo saber la vicepresidenta frente a un auditorio compuesto por expresidentes de la región y juristas que integran el Grupo de Puebla y vienen hace tiempo denunciando que el lawfare es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.

No fue un acto altisonante pero el mensaje fue concreto: ya no es el partido militar el que le respira en la nuca a la democracia, sino el partido judicial. Y ella lo sufre en carne propia. “Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, el lawfare lo es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Exactamente lo mismo”, dijo CFK mientras la aplaudían dirigentes de la región, integrantes del Frente de Todos y miembros de organismos de derechos humanos que se congregaron en el III Foro de Derechos Humanos, pero sobre todo para brindarle su apoyo después de la condena del Tribunal Oral Federal 2 en causa Vialidad. “No nos persiguen porque somos populistas. Nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social y por el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen”.

Rodeada de expresidentes que acompañaron sus mandatos como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) o José “Pepe” Mujica (Uruguay), CFK repasó cuáles fueron sus políticas que terminaron siendo combatidas desde los tribunales. En dos meses, de hecho, se cumplirán veinte años desde que su compañero, Néstor Kirchner, llegó a la Casa Rosada.

«Se inició en 2003 la construcción de una nueva Argentina. se empezó una Argentina diferente. Ese hombre junto con Lula, decidieron pagarle al FMI, para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina”, remarcó CFK. “Fue la década virtuosa. Fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región, esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen”, agregó.

Desde entonces, la apuesta tuvo que ver con reconstruir el Estado democrático constitucional, dijo CFK: no solo lo que representaba la Casa Rosada, sino lo que representaba el Poder Legislativo. En el Congreso, recordó, se compraban leyes y puso como ejemplo la denuncia de la Banelco para aprobar la flexibilización laboral de Fernando de la Rúa. “También le tocó a él –en referencia a Kirchner–, pese al 22 por ciento de los votos, reconstruir un Poder Judicial que había eliminado la mayoría automática y que había amenazado, no al gobierno sino a los argentinos con la dolarización de la economía».

El eje del rencor

Parte central de esa reconstrucción fue la política de verdad y justicia del kirchnerismo: la anulación de las leyes de impunidad y la renovación de una Corte Suprema que estuviera dispuesta a sostener la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían juzgar a los responsables de crímenes atroces.

“Cuando Néstor llegó al gobierno, el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia no existía, no figuraba en las encuestas”, rememoró. “Los organismos seguían marchando, pero es más, hasta hubo ofrecimientos de declarar constitucionales las leyes de la impunidad, que Néstor rechazó”, contó la vicepresidenta.

El ofrecimiento no pudo más que haber salido de la Corte porque, para el momento en que Kirchner llegó al gobierno, ya estaba en el máximo tribunal el reclamo para la reapertura de los juicios. Era lo que se conoce como el caso Julián Simón con el que se mostró que era una incongruencia juzgar a los responsables de las apropiaciones de niños sin juzgar a quienes posibilitaron que esas sustracciones de menores sucedieran: es decir, a los que desaparecieron a sus padres y madres..

A partir de 2006, se reabrieron los juicios que tienen a más de 1000 condenados. Uno de ellos fue Jorge Rafael Videla, el dictador que murió mientras se lo juzgaba por su responsabilidad en el Plan Cóndor. “Todavía recuerdo esa tapa de Página/12, donde Videla decía que su peor época había llegado con los Kirchner”, evocó CFK. Se trataba de una portada de este diario de febrero de 2012.

El jurista Baltasar Garzón la miraba de costado y asentía. El exjuez español conoce bien la historia. En los tiempos de vigencia de las leyes de impunidad, él fue quien impulsó las investigaciones desde la Audiencia Nacional de Madrid por los crímenes de la dictadura de Videla y compañía.

En el público, había aplausos en todos los sectores del CCK. En general, las oleadas de vivas a CFK comenzaban desde atrás y encendían a los dirigentes que ocupaban las primeras filas. Entre quienes la aplaudían con ganas estaban el gobernador Axel Kicillof o los ministros Eduardo «Wado» de Pedro (Interior), Martín Soria (Justicia) o Jorge Taiana (Defensa). Muchos se sumaban al «Cristina presidenta» que explotaba cada tanto y que hacía batir las palmas de dirigentes de derechos humanos como Lita Boitano, que estaba sentada junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

El lado de la historia

La dictadura simbolizó las muertes y las desapariciones pero también la destrucción de un modelo de país. «En el ’76, se interrumpe un modelo de acumulación que simbolizó por sobre todo el peronismo, que fue la movilidad social ascendente. Yo soy hija de esa Argentina, de la movilidad social ascendente, donde la hija de un trabajador acudía a la universidad y también accedía a la presidencia de un país. En el ’76 se quiebra esa Argentina de producción y de trabajo. El golpe de ’76 marca a fuego y destruye ese modelo donde se progresaba a través del trabajo. Si trabajabas y laburabas te iba a ir bien», resaltó la vicepresidenta y lo miró a Marco Enríquez Ominami, que funcionó como organizador del acto. A él le habló de Chile y del laboratorio del neoliberalismo tras el golpe de Estado con el que Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende hace ya casi 50 años.

Los números pueden abrumar. La misma CFK reconoció que puede ser difícil hablarles a un pibe o a una piba de 20 años de los desaparecidos de hace 40 años, pero la historia de las persecuciones tiene un hilo conductor. «En realidad este lawfare que inunda toda la región fue precedido por otros instrumentos previos: la Doctrina de Seguridad Nacional. En ese momento las Fuerzas Armadas cumplieron en toda la región la interrupción de las democracias», dijo.

«Tal vez todos tengamos la sensación que es todo muy injusto. Es muy injusto. Este Poder Judicial que persigue a dirigentes políticos, en este caso una expresidenta, son los riesgos de la política. Cuando uno decide jugar de un lado, sabe que no es gratis. Cuando vas con los otros y con los medios, no tenes problemas. El problema es cuando uno decide jugar del lado de los intereses del pueblo y de las grandes mayorías nacionales», reafirmó.

En las próximas semanas, los abogados de CFK apelarán la condena que recibió epítetos como «engendro» por parte de Garzón. Los diarios alineados con la oposición vaticinan que podría haber novedades con la reapertura de la causa Hotesur-Los Sauces en la Cámara Federal de Casación, pero la vicepresidenta el único mensaje que dejó es que se necesita coraje para no dejarse amedrentar por los tribunales. 

«No me importa si me van a meter presa, lo que me importa es que volvamos a reconstruir un Estado democratico y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. Volver a construir un país que alguna vez tuvimos, se puede hacer porque alguna vez lo hicimos», dijo. Y hubo aplausos y una dosis de esperanza porque la vicepresidenta habló de futuro.


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