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Los responsables de Edesur en el banquillo de los acusados por los cortes

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La presentación será por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. El interventor del ENRE, Walter Martello, sostuvo hay una serie de incumplimientos que comprometen a la compañía, pero aclaró que elevarán el caso al Congreso para que la política decida. 

La Secretaría de Energía instruyó al ENRE a que mañana denuncie penalmente a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. Asimismo le exigió al ENRE que eleve el informe de estado de la concesión a la Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión.

Esta medida se anunció luego de varios días de cortes de luz en el área de concesión de la empresa, cuyo concesionario los italianos de Enel habían anunciado que abandonarían el país. Además el Frente de Todos presentará en el Congreso un proyecto para estatizar Edesur.

La ola de calor que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires durante los últimos 15 días volvió a dejar en evidencia las vulnerabilidades del sistema eléctrico, fundamentalmente en el área de concesión de Edesur. El martes unos 188 mil clientes de la distribuidora se quedaron sin servicio mientras debieron soportar una sensación térmica superior a los 40 grados. 

Este miércoles la lluvia trajo un poco de alivio en varias zonas, pero igual por la tarde seguían sin luz 71 mil usuarios de Edesur. Lo que preocupa en el gobierno no solo son los cortes sino su extensión, ya que hay familias que no tienen servicio hace más de 4 días y otras a las que se les viene cortando la luz de manera recurrente durante largas horas. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anticipó el martes que dentro de los próximos 90 días elevará las conclusiones de su informe de auditoría a las autoridades competentes y al Congreso Nacional y aclaró que los incumplimientos detectados “pueden afectar la continuidad de la concesión”.

Casi todos los cortes que se vienen registrando en el AMBA se concentran en el área de concesión de Edesur. La falta de inversión de la compañía y su lenta reacción cuando se producen los cortes la llevó a estar contra las cuerdas en varias ocasiones. De hecho, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya estuvo cerca de expropiar la empresa a comienzos de 2014 luego de los grandes apagones que se registraron en el AMBA, pero finalmente se descartó esa opción. Ahora Edesur vuelve a estar en la mira del gobierno por el deficiente servicio que presta y su impacto en la calidad de vida de decenas de miles de vecinos. “Ya es el séptimo día con más de 70 mil personas afectadas. Eso amerita sanciones extraordinarias. Algunas de ellas tienen resarcimiento directo al usuario, pero nuestro esfuerzo está puesto ahora en presionar a la empresa para, ahora que bajo la temperatura, empiece a levantar esos cortes que en muchos casos vienen desde cuatro o cinco días”, aseguró el interventor del ENRE, Walter Martello.

Página/12 preguntó en el ENRE cuáles fueron los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano más afectados por los cortes y el listado incluye a Caballito, Flores, Mataderos, Liniers, Villa Lugano, Lomas de Zamora y Quilmes. “Por supuesto que hay muchas más zonas afectadas pero estas son en las que se repitieron y se extendieron los cortes en los últimos días”, señaló una fuente del organismo. En esas zonas donde los cortes se han extendido durante días es donde los vecinos decidieron salir a cortar la calle y quemar gomas y/o basura para forzar algún tipo de respuesta, tanto de la empresa como de las autoridades.

Desde la compañía suelen remarcar que el congelamiento tarifario condicionó los niveles de inversión y constituye un dato imposible de soslayar al momento de entender la situación actual. Sin embargo, ese mismo congelamiento también afectó a Edenor y ni la cantidad de cortes ni la reacción frente a esos cortes viene siendo la misma.

Los próximos pasos

A mediados de febrero el ministro de Economía Sergio Massa instruyó la puesta en marcha de una veeduría del ENRE con auditoría en la distribuidora para revisar el valor del activo regulatorio, el cumplimiento del régimen de inversiones, los tiempos de respuesta a los usuarios y la calidad del servicio. A fines de febrero, el ENRE dio inicio a la auditoría técnica y este martes el organismo informó que dentro de los próximos 90 días elevará un informe con las conclusiones. “La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios y en la reposición del servicio, incumplimientos estos que, más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión”, aseguró a través de un comunicado.

Martello dio más precisiones esté miércoles en diálogo con la TV Pública. “El informe final va a dejar todos los parámetros por las fallas en la calidad del servicio para que quienes tienen la responsabilidad de decidir, que en este caso no es el ENRE, tomen las medidas que consideren pertinentes. Nosotros consideramos que 60 años más de concesión, que es lo que le queda a la empresa, no amerita que tengamos está calidad pésima de servicio y pésima de vida. Como es una decisión que va a trascender a varios gobiernos, creemos que es la política la que tiene que involucrarse y empezar a tomar decisiones sobre la continuidad o no de la empresa», sostuvo.

Martello aseguró que «no se quiere dejar ningún flanco abierto ante eventuales demandas judiciales de Enel”, la controladora italiana de Edesur. “Enel han contratado a un estudio internacional de abogados para litigar ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en caso de la rescisión (…) No le vamos a dar a Edesur la posibilidad de que litigue con fundamento, vamos a tomar todas las precauciones para que el Congreso, la política en su conjunto, defina qué hacer», agregó el interventor.

Con un pie afuera

Enel anunció en noviembre un plan de desinversión que incluye su salida de Argentina, Perú y Rumania con el objetivo de reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías más limpias. La firma vendió recientemente las centrales térmicas Costanera y Dock Sud y designó al banco Santander Río para que consiga un comprador para Edesur ya que quiere estar fuera antes de fin de año. Este es un dato que no pasa desapercibido en el gobierno porque forzar un conflicto en el CIADI con una empresa que se está yendo no parece la decisión más inteligente. Algunas voces oficiales señalan que lo mejor es tratar de incidir en esa transición para que ingrese un accionista nacional con otro grado de compromiso, pero todavía no hay nada definido. Los próximos meses serán claves para ver si Edesur se va por las buenas o por las malas.


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La Justicia falló a favor de Chubut: obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación

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  • El fallo es del Juzgado Federal de Rawson n° 1.
  • El Gobierno de Milei deberá girarle a la provincia los 13.500 millones de pesos que le había retenido.

La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut en la disputa que mantiene su gobernador Ignacio Torres con el presidente Javier Milei. El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación.

Se trata de los 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido y por los que se había abierto un fuerte conflicto entre la administración nacional y los gobernadores.

El fallo ordena el «cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

En el segundo punto resolutivo, exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».

La resolución del juzgado además sostiene que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias, en este caso a Chubut.

Para el fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.

«Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal». Y afirma que el Estado Nacional «estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad».

La Justicia Federal pone bajo la lupa el cambio de actitud de la Casa Rosada para con la provincia de Chubut. «habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo», explica.

Y apunta que la decisión del Estado es «irracional» porque es «contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa».

«A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales», sostiene el fallo del juez Hugo Sastre, titular de Juzgado Federal N°1 de Rawson.


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