Así lo expresaron mediante un comunicado. Enumeraron los puntos en los que están en desacuerdo.

El gremio Judicial de Santa Cruz adhirió al paro nacional y expuso, luego de un análisis, «el grave retroceso que significaría la aprobación de la Ley Bases, que será debatida la semana en la cámara alta en donde los senadores por Santa Cruz deberán votar».

El gremio de Judiciales de Santa Cruz adhirió al paro general  este jueves 9 de mayo, que fue en defensa de los derechos laboral y contra la Ley Bases que el gobierno nacional pretenden aprobar en el senado el próximo 16 de mayo.

En este contexto, Judiciales realizó un análisis sobre qué consecuencias tendrá la reforma laboral , incluida dentro de la Ley Bases, que los senadores de Santa Cruz deberán votar la semana próxima.

La evaluación exhaustiva de las potenciales implicaciones derivadas de la modificación propuesta a la reforma laboral, se contempla la legalización del trabajo en negro, la liberalización de despidos, la flexibilización de las contrataciones y la transferencia de poder absoluto a los empleadores sobre los trabajadores.

Legalización del Trabajo en Negro: la legalización del trabajo en negro tendría consecuencias devastadoras para los trabajadores y la economía en su conjunto. Eliminaría las protecciones laborales básicas, exponiendo a los trabajadores a salarios injustos, condiciones laborales precarias y falta de seguridad social. Además, fomentaría la competencia desleal entre empresas, promoviendo la explotación laboral y socavando la calidad de vida de los trabajadores.

Liberalización de Despidos: la liberalización de los despidos generaría inseguridad laboral y desequilibrios en las relaciones laborales. Los empleadores podrían despedir a los trabajadores de manera arbitraria y sin justificación, lo que aumentaría la vulnerabilidad de los trabajadores y debilitaría su capacidad de negociación. Esto conduciría a un aumento en la rotación laboral, la disminución de la calidad del empleo y una mayor desigualdad económica.

Flexibilización de Contrataciones: la flexibilización de las contrataciones, permitiendo contratos temporales sin límites claros, otorgaría un poder excesivo a los empleadores para determinar las condiciones laborales según su conveniencia. Esto daría lugar a la proliferación de contratos precarios, salarios bajos y falta de estabilidad laboral para los trabajadores. Además, socavaría los derechos laborales fundamentales, como el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva.

Transferencia de Poder a los Empleadores: con la transferencia de poder absoluto a los empleadores, los trabajadores se verían privados de cualquier voz o control sobre sus condiciones laborales. Esto daría lugar a abusos de poder, discriminación laboral y represalias contra aquellos que se atrevan a cuestionar las prácticas injustas. La desigualdad de poder entre empleadores y trabajadores se acentuaría, exacerbando las disparidades sociales y económicas.

Pérdida de Derechos Laborales: la consolidación de todos los derechos laborales adquiridos a lo largo de los años en una sola sesión legislativa conllevaría a una pérdida significativa de derechos para los trabajadores. La reversión de décadas de avances en materia laboral tendría repercusiones negativas en la calidad de vida de los trabajadores, la estabilidad económica y la cohesión social.

En resumen, la modificación propuesta de la ley laboral representaría un grave retroceso en términos de derechos laborales y justicia social.

Por eso el Judiciales insta a los senadores a una cuidadosa consideración de estas implicaciones antes de proceder con cualquier cambio legislativo, porque es fundamental proteger los derechos de los trabajadores y promover un entorno laboral justo y equitativo para todos los miembros de la sociedad. Con información del diario Nuevo Dia