Especialistas coinciden en que el sistema jubilatorio es «insostenible». En 4 años se empezarán a jubilar los monotributistas y no habrá plata para pagarles.

La marcha trás que el Gobierno debió dar sobre el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus aleja cada vez más la posibilidad de alcanzar el equilibrio presupuestario este año, y mantiene el polvorín que representa un sistema previsional imposible de sostener a mediano plazo, advierten especialistas previsionales.

Son expertos que vienen analizando -algunos desde hace dos décadas- un endeble sistema al que aportan apenas 6 millones de personas sobre un total estimado en 14 millones de trabajadores.

No es un problema sólo argentino. El desafío de los sistemas previsionales es tan grave que aún países escandinavos y Japón se están planteando qué hacer, ante un envejecimiento poblacional acelerado, que en la Argentina ha mostrado un ritmo de crecimiento que sorprende a los expertos.

Para el economista Jorge Colina, director de Idesa -la consultora cofundada por el director ejecutivo actual de la Anses, Osvaldo Giordano- más que de “reforma jubilatoria” o de “ajuste” hay que hablar de un “ordenamiento”.

Colina advierte, además, que “no se pueden seguir renovando las moratorias” y en cambio recomienda «mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada en 2016. Según considera, esa prestación debería ser la puerta de entrada al sistema, en vez de las moratoria.

Según datos oficiales, en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay alrededor de 7 millones de prestaciones del régimen general, mientras que 240.000 son de regímenes especiales.

Esos regímenes especiales incluyen desde docentes y docentes universitarios hasta los retirados del Poder Judicial, pasando por los del Servicio Exterior de la Nación y del Yacimiento de Río Turbio y los recolectores de residuos, y hasta sectores vinculados con la marina mercante, entre muchos otros.

Además, hay 982.902 beneficios de regímenes provinciales y 13.197 de los municipales.

Son cajas a las que aportan profesionales de diferentes rubros, según la jurisdicción, y hay unos 48.200 retiros de regímenes como los de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario y guardaparques).

Las pensiones no contributivas, en tanto, son casi 1,6 millones (la gran mayoría son por invalidez y no por vejez), mientras que por la PUAM hay unas 300.000 prestaciones.

El monto en jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y por hijo representa poco más del 46% de las erogaciones previstas en el Presupuesto Nacional y asciende a $31,1 billones anuales, sobre un total de 67,3 billones previstos.

En 2024 se invertirá en jubilaciones y pensiones a cargo de la ANSES, también en asignaciones familiares (entre las que se destaca la asignación universal por hijo), en las pensiones no contributivas y la pensión universal para el adulto mayor, la atención a ex-cajas provinciales, entre otras iniciativas.

Asimismo, se destacan las pensiones no contributivas por invalidez laborativa a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

De esta forma, se atenderá a 9,2 millones de jubilados, pensionados y retirados y 4,2 millones de niños con la Asignación Universal por Hijo, entre otras prestaciones.

Las moratorias kirchneristas: un ‘pagadiós’ imposible de afrontar por un sistema que encima tiene un altísimo porcentaje de empleo en negro, que no aportan a las cajas previsionales.

Uno de los principales problemas del sistema previsional es que la mayoría de las prestaciones (58%) fueron obtenidas tras accederse a un plan de pagos -una herramienta clave para ganar votos que aplicó el kirchnerismo-, por no contar sus titulares con la cantidad de aportes que exige la ley (30 años como mínimo en el régimen nacional). Ese mecanismo dejó además prácticamente en la quiebra al PAMI, la obra social más grande de la Argentina.

Para colmo de males, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) alerta que el denominado “bono demográfico argentino” (período previo a que la relación entre aportantes y pasivos genere un problema mucho mayor) termina en 2030. Acá nomás en términos de análisis demográficos.

En este escenario, experto advierte que la Argentina envejece rápido y señalan que en cinco años envejeció lo que Europa en 25.

El problema de las moratorias.
El investigador del Conicet Oscar Cetrángolo reconoce el problema que significa que haya más jubilados por moratoria que por régimen regular en la Argentina.

Además dice que en los últimos cinco años hubo un fuerte ajuste fiscal sobre las jubilaciones: “El ajuste vino por el uso de la fórmula de movilidad, que da índices que quedan rezagados con una inflación creciente».

«Cuando baja la inflación, ese gasto se recupera rápidamente porque el rezago juega al revés-. Hay que ver qué hace a la Justicia porque todos los damnificados por este esquema pueden reclamar”, alertó.

Para Cetrángolo, al ajuste lo pagaron los trabajadores que aportaron, porque los de la mínima (la mayoría entró por moratorias) fueron recibiendo bonos y la pirámide se fue aplanando. Este tema es clave. Hay miles de quejas por esta situación en la que se beneficia al que no aportó y se perjudica al que sí lo hizo.

Desde el Cippec proponen crear una “continuidad” entre los regímenes contributivos y no contributivos, lo que implica modificar los requisitos para acceder a una jubilación y cambiar el cálculo de los haberes iniciales.

“El acceso a una jubilación general unificaría las dos puertas de entrada actuales (contributivo y semi contributivo o moratoria) y la PUAM”, sintetiza.

La mayoría de los regímenes especiales son deficitarios.

Gala Díaz Langou, directora del CIPPEC, alertó que sobre los 177 regímenes previsionales de excepción que hay en la Argentina, 175 son deficitarios.

Y encima, sus beneficiarios reciben, en promedio, 85% más de jubilación que la media del resto.

Plantea que la experiencia argentina demuestra que, en lo previsional, no sirve poner parches ni querer empezar de cero: “Revisar los regímenes de excepción y fortalecer el régimen general de reparto, mejorando su acceso, sus componentes y su fórmula de actualización es arreglar con una solución real lo que no funciona, potenciando lo que sí funciona”, resume.

Según un trabajo realizado por Rafael Rofman en el 2021 para el CIPPEC, ya ese año había en la Argentina unos 3,7 millones beneficiarios de regímenes de excepción (un 40% del total). Y los haberes, en promedio, eran un 85% superior al promedio del régimen general.

Hace dos años, los recursos que la sociedad destina a estos esquemas ya alcanzaban el 7% del Producto Bruto.

Los sistemas previsionales funcionan como esquemas de aseguramiento colectivo contra distintos riesgos sociales.

Su principal objetivo es asegurar ingresos para quienes, por razones de edad, no tienen posibilidad de obtenerlos en el mercado laboral.

“Por tratarse de un seguro para toda la sociedad, parecería que lo ideal es que las reglas sean idénticas para todas las personas que participan. A pesar de esto es habitual que, además del esquema general que cubre al común de la población, existan regímenes con características especiales, justificadas en la excepcionalidad de algunos grupos de beneficiarios”, explicaba Rofman.

Regímenes previsionales especiales en la Argentina.

¿Y los que se jubilarán por el monotributo?
El monotributo fue creado en 1998, por lo que en cuatro años (2028) comenzarán a jubilarse los que aportaron toda su vida laboral.

Según expertos, hacen falta 13 ó 14 aportantes para pagar un haber mínimo, lo que implica que jubilarse como monotributista representará sobre el gasto público una segunda ola similar a la moratoria. En estas condiciones no hay forma de financiar el sistema general, ya que es muy bajo el aporte por monotributo, explican.

Además, Díaz Langou dice que la regla de los 30 años de aportes era para un mercado laboral “de otra época, con más formalidad”.

Hacia adelante, afirma, debería contar “cada año de aporte”. Y considera que la “oportunidad” de hacer los cambios es ahora, porque en abril de 2025 vence la moratoria vigente.