El Gobierno le pidió a la Corte Suprema la liberación de dirigente social jujeña Milagro Sala tras seis años de detención al considerar que se trata de una “presa política”.

El Gobierno le pidió a la Corte Suprema la liberación de dirigente social jujeña Milagro Sala tras seis años de detención al considerar que se trata de una “presa política”.

Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, viajaron a Jujuy para reunirse con la líder de la Tupac Amaru.

Según manifestó De Pedro, días atrás se vio en los medios de comunicación “cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la Justicia para armar causas en la provincia de Buenos Aires” durante la gestión de María Eugenia Vidal.

En tanto, el ministro indicó que en 2020 se filtró un audio de Pablo Baca, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Jujuy, en el que el funcionario judicial “admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno”.

“Estuve con Milagro Sala, que lleva 6 años detenida. Es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno. Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”, señaló el ministro del Interior.

Por su parte, Gómez Alcorta indicó que el 16 de enero se cumplieron los seis años de “la ilegal, arbitraria e injusta detención de Milagro Sala”. Y añadió “Como desde aquel 16 de enero de 2016, seguimos exigiendo su libertad y el fin de su persecución”.

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación conducida por Horacio Pietragalla Corti también se pronunció sobre el proceso de “persecución política” que la dirigente social vive en la provincia de Jujuy y pidió por su liberación.

“Milagro Sala, dirigente social, mujer e indígena: 6 años privada de su libertad. 11 causas penales, 1 contravencional, 6 debates orales y públicos, 2 causas en etapa de investigación y 4 elevadas a juicio. Las autoridades políticas y judiciales de Jujuy y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen la posibilidad de poner fin a esta persecución que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”, solicitó el organismo.