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El Gobierno estableció un 60% de aumento a los estatales nacionales

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El Gobierno acordó el aumento del 60% para los gremios UPCN y ATE. Mantienen la suma fija de $4.000 y será revisado en octubre

Luego de que se conociera la inflación del 6% de abril, que acumula un 58% en los últimos 12 meses con el aumento más en 30 años, los gremios que representan a los trabajadores estatales nacionales consiguieron firmaron la paritaria con el Gobierno del 60% en cinco tramos con revisión en octubre.

“Fue un buen acuerdo, en línea con lo que firmaron otros gremios”, dijo Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN en diálogo con Clarín. Y agregó: “En octubre se hará una revisión, de hacer falta adelantar cuotas o agregar, se hará”

Además, el acuerdo paritario al que habían llegado los estatales con el Gobierno el año pasado se vence este miércoles 1 de junio. Pese a las trabas de esta semana por los meses en los que desde Nación pretendían que se pague el aumento las dos últimas cuotas, siempre en 2023.

El acuerdo, que cuenta con diez cláusulas, establece un incremento salarial del 16% para junio; un 12% en agosto y otro en 12% octubre. Ya en 2023, los aumentos serán del 10% en enero y de 10% en marzo.

A su vez, acordaron prorrogar hasta junio del año que viene el Premio Estímulo a la Asistencia, de $5.066 en junio y concluye con $6.987 en marzo del año que viene para “la asistencia perfecta”. Con una inasistencia justificada del 70%, marca $3.548 para junio hasta $4.894 marzo del año que viene con $4.894.

El Gobierno firmó el acuerdo mientras el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, se encuentra de viaje en Ginebra, Suiza, en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) hasta el 11 de junio.

En tanto, el acuerdo fue llevado por Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. “Junto con las representaciones gremiales firmamos un nuevo acuerdo paritario que establece un aumento del 60% para trabajadores de la Administración Pública Nacional dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 214 en el período junio 2022 – mayo 2023″, informaron desde Nación.


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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