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El juicio por el caso conocido como “Empleado Infiel” comenzó con una discusión sobre los procedimientos que permitieron investigar el faltante de armas que debían permanecer bajo custodia judicial en Río Turbio. Durante la primera audiencia, la Fiscalía presentó una reconstrucción de los hechos y las defensas cuestionaron tanto el origen de la información como la intervención de la jueza que actuó en la etapa inicial.
Los acusados son Brian Emanuel Cabana, Rodrigo Exequiel Sánchez Maldonado y Jorge Francisco Muñoz, quienes enfrentan distintas imputaciones relacionadas con la presunta sustracción de armamento y su posterior provisión ilegal.
De acuerdo con lo expuesto durante el debate, un inventario realizado el 26 de diciembre de 2024 detectó el faltante de 45 armas de fuego que se encontraban bajo resguardo judicial. La investigación intenta establecer cómo se produjo la salida de esos elementos, quiénes habrían participado y cuál habría sido su destino.
Los mensajes que dieron origen a una de las controversias
Uno de los puntos centrales de la audiencia estuvo relacionado con una comunicación privada que habría recibido un integrante de la Policía de parte de un familiar.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el 30 de noviembre de 2024, Roque Víctor Muñoz envió un audio por WhatsApp a su sobrino, el comisario Pedro Conti, en el que alertaba sobre la presunta continuidad de las sustracciones de armas del depósito judicial.
Durante la exposición se mencionó una frase atribuida a esa comunicación: “Jorge sigue sacando las armas del juzgado”. También se indicó que en el mensaje se habría hecho referencia a una persona conocida como “Pupi”, quien presuntamente comercializaba parte del armamento.
La Fiscalía sostuvo que al día siguiente se habría enviado información adicional sobre el supuesto circuito de venta. Conti habría puesto esos datos en conocimiento de las autoridades judiciales.
Sin embargo, la defensa de Jorge Francisco Muñoz cuestionó el uso de esos mensajes como punto de partida de la investigación. Sus abogados argumentaron que el vínculo familiar entre quien habría enviado la información y el imputado debía ser considerado al evaluar la validez de las actuaciones.
La Fiscalía rechazó ese planteo y sostuvo que no se trató de una denuncia formal ni de una declaración testimonial del padre contra su hijo, sino de una comunicación privada que llegó a conocimiento de las autoridades a través de un funcionario policial.
Las fotografías de armas ofrecidas por WhatsApp
Durante el debate también se describió otra línea de información que, según la acusación, habría contribuido al avance de la investigación.
La Fiscalía señaló que el 5 de diciembre de 2024 un integrante de la Policía recibió una fotografía de una pistola que presuntamente estaba siendo ofrecida mediante WhatsApp. Según la exposición, las imágenes y los datos relacionados con esas ofertas permitieron profundizar las averiguaciones sobre posibles operaciones clandestinas.
La secuencia reconstruida durante la audiencia indica que la información llegó al juzgado el 6 de diciembre y que el 7 de diciembre se realizaron allanamientos en cinco domicilios, además de concretarse detenciones.
Para el Ministerio Público Fiscal, la existencia de esta segunda vía de información resulta relevante frente al pedido de nulidad presentado por la defensa de Muñoz. La acusación sostiene que las imágenes y los datos sobre la presunta venta de armas también habrían permitido avanzar en la investigación.
La validez de esos elementos y su relación con las medidas posteriores forman parte de las cuestiones que deberán analizarse durante el proceso.
El faltante de armamento y la presunta operatoria
El inventario realizado el 26 de diciembre de 2024 permitió establecer, según lo expuesto por la Fiscalía, que 45 armas de fuego no se encontraban en el depósito donde debían permanecer resguardadas.
A partir de ese relevamiento, la investigación buscó reconstruir los mecanismos que habrían permitido retirar armas cortas, largas y municiones vinculadas con distintas causas penales.
La hipótesis acusatoria sostiene que los involucrados habrían aprovechado sus vínculos laborales para acceder al lugar de almacenamiento y retirar los elementos en distintas oportunidades. Posteriormente, parte del armamento habría sido distribuido u ofrecido a terceros de manera ilegal.
Estas circunstancias deberán ser acreditadas durante el juicio. La acusación también deberá demostrar qué intervención habría tenido cada imputado y cuál fue su eventual participación en los hechos investigados.
Los cuestionamientos a la jueza que intervino inicialmente
Otro de los ejes de la audiencia estuvo centrado en la actuación de Bettina Bustos, la magistrada que intervino durante los primeros días de la investigación.
Las defensas cuestionaron que la jueza hubiera dispuesto medidas vinculadas con un caso que involucraba a personal de la dependencia judicial en la que se desempeñaba. A partir de ese argumento, solicitaron que se revisara la validez de las actuaciones iniciales y utilizaron la expresión “la jueza se estaba autoinvestigando” para describir su postura.
Los abogados también objetaron el momento en que se produjo la excusación de la magistrada y de integrantes de su equipo, así como las decisiones adoptadas antes de ese apartamiento.
La Fiscalía defendió la intervención inicial y argumentó que las medidas se tomaron ante la urgencia de la situación y sobre la base de información que, según su exposición, permitía sospechar que continuaban las presuntas operaciones ilegales.
De acuerdo con la cronología presentada por la acusación, los allanamientos y las detenciones se concretaron el 7 de diciembre. El 10 de diciembre se presentó una recusación y, el 17 de ese mes, el planteo fue rechazado por el juzgado de recursos. Ese mismo día, Bustos se excusó junto con su equipo.
Posteriormente, el 20 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia dispuso que la causa continuara ante otro magistrado, con intervención en Río Grande.
Mientras las defensas sostienen que el apartamiento debió producirse antes y cuestionan la imparcialidad de las medidas iniciales, la Fiscalía considera que la excusación no invalida automáticamente las decisiones anteriores.
Los pedidos de nulidad y la discusión sobre los allanamientos
Las defensas también solicitaron que se revisara la legalidad de distintos procedimientos, entre ellos el realizado en la vivienda de Brian Emanuel Cabana, ubicada en 28 de Noviembre.
Su representación legal cuestionó el desarrollo del allanamiento, la incorporación de los elementos secuestrados y las condiciones en las que se tomó la declaración indagatoria del acusado.
La Fiscalía rechazó esos argumentos y sostuvo que el procedimiento se realizó con la intervención de un grupo especial que aseguró inicialmente el lugar, seguido por el registro efectuado por personal de Investigaciones en presencia de dos testigos.
También afirmó que los testigos ratificaron el acta correspondiente y que existen constancias relacionadas con las requisas personales y del vehículo de Cabana.
Respecto de la declaración indagatoria, la acusación consideró que los planteos defensivos no precisaron de manera suficiente cuál habría sido la garantía vulnerada ni el perjuicio concreto ocasionado.
El tribunal resolvió diferir el tratamiento de los planteos preliminares para el momento del dictado de la sentencia, por lo que esas controversias deberán ser consideradas al evaluar el conjunto de las actuaciones y las pruebas incorporadas.
Quiénes son los acusados y qué se les atribuye
Las imputaciones son diferentes para cada uno de los tres hombres.
Brian Emanuel Cabana y Rodrigo Exequiel Sánchez Maldonado están acusados por la presunta provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad.
En el caso de Jorge Francisco Muñoz, la acusación incluye la presunta sustracción de objetos bajo custodia, en concurso real con la provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad.
Cabana cuenta con la defensa de César Antonio Guzmán y Joel Vallejos. Sánchez Maldonado está representado por Sandro Levin Dumenes y Daniel Albornoz, mientras que Muñoz es asistido por Emin Charif Sat y participa de manera virtual desde Río Turbio, según lo informado durante el debate.
La integración del tribunal
El juicio se desarrolla ante la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, presidida por la doctora María Alejandra Vila. Los vocales subrogantes son Carlos Arenillas y Yamila Bórquez, mientras que la secretaría está a cargo de Gabriela Mansilla.
La representación del Ministerio Público Fiscal corresponde a la doctora María Verónica Zuvic, quien sostiene la acusación contra los imputados.
Durante el proceso deberán analizarse testimonios, actas de allanamiento, registros de comunicaciones y otros elementos reunidos durante la investigación. La valoración de esas pruebas será determinante para establecer cómo se produjo el faltante de las armas y si corresponde atribuir responsabilidad penal a los acusados.
La causa, que se inició en 2024 y tuvo como punto de partida una investigación sobre presuntas sustracciones dentro de una dependencia judicial, llega así a la instancia oral con dos cuestiones centrales: la responsabilidad de los imputados en el faltante de las 45 armas y la validez de los procedimientos que permitieron reunir las pruebas.
Hasta que exista una sentencia, los tres acusados mantienen su presunción de inocencia.
