Malvinas: Argentina busca frenar el proyecto petrolero Sea Lion mediante una acción internacional

El conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas ingresó en una nueva etapa diplomática y judicial. El Gobierno nacional busca impedir que continúe el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

La iniciativa se enmarca en el procedimiento de arbitraje internacional anunciado por la administración de Javier Milei el 28 de septiembre, cuando instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar acciones bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Luego de cumplirse el plazo de dos semanas concedido a Londres para detener las actividades, la Argentina avanzó con su estrategia para solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. Sin embargo, la información periodística disponible al 13 de octubre señalaba que la presentación todavía se encontraba en preparación, por lo que no corresponde dar por confirmada su formalización sin una comunicación oficial que lo acredite.

El reclamo argentino y la intervención internacional

La posición del Gobierno nacional sostiene que las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afectan los derechos que Argentina reivindica sobre su plataforma continental y profundizan una controversia reconocida por las Naciones Unidas.

En el comunicado oficial difundido a fines de septiembre, la Presidencia señaló que el arbitraje tiene como finalidad impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos mediante el proyecto Sea Lion y evitar nuevas decisiones que, según la postura argentina, puedan agravar el conflicto.

La presentación ante el Tribunal del Mar buscaría una intervención urgente para preservar los derechos invocados por el país mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de analizar el fondo de la controversia.

El mecanismo está contemplado en el artículo 290 de la CONVEMAR, que permite solicitar medidas provisionales en determinadas condiciones antes de que quede conformado el órgano arbitral. Para resolver, los jueces deberán evaluar si existe una base suficiente para considerar que el futuro tribunal tendría competencia y si las circunstancias justifican una intervención urgente.

La solicitud no implica una suspensión automática de las operaciones petroleras. Será el Tribunal el que determine si corresponde ordenar medidas, cuál sería su alcance o si debe rechazar el planteo.

La Cancillería coordina la estrategia jurídica

La gestión es coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, junto con los equipos jurídicos del Estado. En la preparación del procedimiento intervienen la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro.

La estrategia argentina se apoya en las disposiciones de la CONVEMAR y en las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas e instan a las partes a buscar una solución pacífica.

Entre los antecedentes citados por el país se encuentran las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976. La primera convocó a Argentina y al Reino Unido a negociar una solución a la controversia; la segunda instó a evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuaran las negociaciones.

El planteo ante el Tribunal del Mar, no obstante, tiene un alcance jurídico específico: no busca que ese organismo resuelva directamente la soberanía territorial de las islas, sino que examine cuestiones vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho internacional del mar.

Sea Lion: un proyecto petrolero con producción prevista para 2028

El emprendimiento se desarrolla en aguas ubicadas al norte de las Islas Malvinas y tiene como objetivo avanzar con la extracción de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte.

La iniciativa está a cargo de Navitas Petroleum, que posee una participación del 65 % y opera el proyecto, y de Rockhopper Exploration, titular del 35 % restante.

Según los planes informados por las empresas, el desarrollo contempla una primera etapa con pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. Las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027, mientras que el inicio de la producción comercial se proyecta para 2028.

El avance de estas etapas constituye uno de los puntos centrales del reclamo argentino. El Gobierno busca obtener una definición internacional antes de que el proyecto alcance nuevas fases de desarrollo y explotación de los recursos hidrocarburíferos.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar

Si la Argentina formaliza el pedido, el organismo internacional deberá estudiar los argumentos presentados y escuchar las posiciones correspondientes antes de adoptar una decisión.

En caso de ordenar medidas provisionales, estas serían obligatorias para las partes, conforme a la Convención. Posteriormente, el tribunal arbitral que intervenga en la controversia principal podría mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

El resultado dependerá de cuestiones como la competencia del futuro tribunal arbitral, la urgencia invocada y la posibilidad de que la continuidad de las actividades afecte los derechos que se encuentran en discusión.

Mientras tanto, el Reino Unido mantiene su posición respecto de las actividades petroleras vinculadas con las islas, en desacuerdo con el reclamo argentino.

La disputa por Sea Lion suma así un nuevo capítulo en el conflicto diplomático por Malvinas. La prioridad del Gobierno argentino es impedir el avance de la explotación petrolera mediante herramientas jurídicas internacionales, aunque el resultado dependerá de las decisiones que adopten los organismos competentes y del desarrollo del procedimiento.