Santa Cruz avanza con la “Ley Facundo”, una norma que busca proteger a trabajadores públicos ante denuncias

La aprobación de la denominada “Ley Facundo” representa un nuevo capítulo en una historia que comenzó en 2019 y que tuvo como protagonista a Facundo Díaz, un docente santacruceño cuya experiencia derivó en el impulso de una normativa destinada a establecer mecanismos de acompañamiento para trabajadores públicos que atraviesen determinadas situaciones judiciales o administrativas.

El proyecto, impulsado legislativamente por la diputada Adriana Nieto, fue aprobado por unanimidad y actualmente se encuentra en proceso de promulgación.

Detrás de la iniciativa se encuentra Graciela Riquelme, madre de Facundo, quien durante años sostuvo el reclamo para transformar la experiencia atravesada por su hijo en una herramienta que pudiera alcanzar a otros trabajadores.

La historia que dio origen al proyecto

Facundo Díaz se desempeñaba como docente y, según relató su madre, desarrollaba su actividad con una fuerte dedicación hacia sus alumnos.

Graciela recordó especialmente las propuestas que Facundo llevaba adelante en el ámbito educativo, utilizando elementos cotidianos para fabricar instrumentos musicales y desarrollando actividades destinadas a acercar a los niños al aprendizaje de una manera diferente.

Sin embargo, en septiembre de 2019 su situación cambió a partir de una denuncia que derivó en su separación de la actividad laboral.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Facundo atravesó ese período sin contar con el acompañamiento institucional que la familia consideraba necesario. A esta situación se sumó la exposición pública y el impacto generado por las redes sociales mientras el proceso aún se encontraba en desarrollo.

De la experiencia personal a una propuesta legislativa

Tras la muerte de su hijo, Graciela decidió impulsar una iniciativa que permitiera evitar que otros trabajadores atravesaran situaciones similares.

El proyecto comenzó inicialmente enfocado en el ámbito docente, pero durante su tratamiento legislativo fue ampliado hasta alcanzar a los empleados de la administración pública provincial.

Uno de los principales objetivos de la normativa es establecer mecanismos de asistencia para los trabajadores que sean denunciados, garantizando herramientas vinculadas con el derecho a la defensa y el principio de inocencia mientras las actuaciones correspondientes continúan su curso.

Entre las medidas contempladas se encuentra la posibilidad de contar con asistencia de un abogado, un profesional de la psicología y un perito de parte.

La norma establece así un esquema de acompañamiento que busca evitar que una persona quede sin respaldo institucional mientras atraviesa un proceso de estas características.

Una ley que amplía el alcance de la protección

La aprobación por unanimidad del proyecto significó la culminación de un proceso que comenzó años atrás y que atravesó distintas etapas legislativas.

Para Graciela Riquelme, el objetivo central fue darle un sentido colectivo a una experiencia familiar marcada por la pérdida, procurando que el caso de Facundo pueda convertirse en una herramienta de prevención y acompañamiento para otros trabajadores.

Desde el ámbito provincial se destacó además el acompañamiento recibido durante el tratamiento de la iniciativa y el diálogo mantenido con distintos sectores para avanzar en su aprobación.

Con la ley aprobada y a la espera de su promulgación, el nombre de Facundo Díaz queda asociado a una nueva herramienta de protección para los trabajadores de la administración pública de Santa Cruz, a partir de una iniciativa que nació de una experiencia particular y terminó convirtiéndose en una propuesta de alcance provincial.