Patagonia NexoLa muerte de Sergio Taselli vuelve a poner sobre la mesa una de las etapas más difíciles de Río Turbio y 28 de Noviembre. Su nombre quedó ligado a la administración privada de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, a las denuncias de vaciamiento y a una experiencia que dejó trabajadores sin empleo y un complejo productivo profundamente deteriorado.
Su fallecimiento se conoció mediante un aviso fúnebre publicado el domingo 4 de octubre en el diario La Nación, en el que Mariano Cúneo Libarona y su familia participaron de su muerte.
En la Cuenca Carbonífera, la noticia remite a los años de ajuste, incertidumbre y reclamos laborales que acompañaron la concesión encabezada por el empresario. Los trabajadores denunciaron la pérdida de empleos, el desguace del patrimonio y el manejo de recursos públicos destinados a sostener la actividad minera. Esos reclamos también llegaron a la Justicia.
La concesión se adjudicó el 17 de junio de 1994, mediante el Decreto 979/94, firmado por el presidente Carlos Menem y el ministro de Economía Domingo Cavallo. En Santa Cruz gobernaba Néstor Kirchner, quien ejerció tres mandatos consecutivos entre 1991 y 2003. Por lo tanto, toda la administración privada del complejo, desde su inicio hasta la rescisión de 2002, transcurrió durante su gobernación.
La decisión contractual correspondió al Estado nacional. El contexto provincial también forma parte de esa historia: el deterioro de la principal actividad económica de la Cuenca ocurrió dentro de Santa Cruz, durante aquellos años de gobierno de Kirchner.
El consorcio adjudicatario estaba integrado por IATE S.A., Eleprint S.A., Dragados y Obras Portuarias S.A. y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. El acta contractual identificaba a Sergio Taselli como presidente de la sociedad concesionaria.
La entrega abarcó mucho más que la explotación del carbón: incluyó el ramal ferroviario y los servicios portuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos. Se puso bajo administración privada un sistema productivo completo, desde la extracción hasta el transporte y la salida del mineral.
El decreto de adjudicación estableció un subsidio anual de 22,5 millones de pesos, equivalentes entonces a 22,5 millones de dólares por la convertibilidad. El esquema mantuvo un importante aporte estatal para sostener la explotación concesionada.
El destino de esos recursos se convirtió en uno de los ejes de las denuncias. Los representantes de los trabajadores cuestionaron cómo se administraban los subsidios y qué ocurría con los bienes públicos entregados al concesionario.
En 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde y todavía con Néstor Kirchner como gobernador, el Estado nacional aprobó la rescisión de la concesión mediante el Decreto 1034/02. La norma dejó asentado que el abandono del complejo ponía en riesgo la integridad física del personal y la preservación de sus bienes. También dispuso una intervención y una auditoría integral.
Ese reconocimiento oficial muestra la gravedad del resultado. El Estado debió volver a hacerse cargo de instalaciones cuya seguridad y conservación estaban comprometidas, mientras la región enfrentaba las consecuencias laborales y económicas de la crisis.
La resistencia de los trabajadores tuvo un capítulo judicial. Raúl Wanzo, representante de ATE y querellante en la causa, fue uno de quienes impulsaron las denuncias sobre la administración del yacimiento y el destino de los fondos nacionales.
En 2011, el juez federal Sergio Torres procesó a Taselli por presunta administración fraudulenta y dispuso un embargo de 45 millones de pesos. Posteriormente, la Cámara Federal confirmó su procesamiento.
Las actuaciones examinaron operaciones que involucraban el patrimonio de YCRT. Entre los hechos investigados figuraban la transferencia del buque Corrientes II y maniobras contables relacionadas con el patrimonio de la concesionaria y la recepción de subsidios.
La discusión por el vaciamiento tuvo así una expresión concreta en los tribunales: el manejo de bienes, dinero público y obligaciones asumidas para mantener la actividad del complejo.
La investigación alcanzó además a funcionarios encargados de fiscalizar la administración privada. En 2013, Daniel Cameron, entonces secretario de Energía de la Nación, fue procesado por su actuación en el control de la concesionaria durante parte del período investigado.
La Justicia examinó su intervención en la comisión fiscalizadora y las omisiones que habrían permitido un perjuicio económico al Estado. Este antecedente incorporó otro aspecto central: la responsabilidad de quienes debían vigilar el cumplimiento de los compromisos del concesionario.
La concesión y su deterioro ocurrieron durante la gobernación de Néstor Kirchner. Las responsabilidades penales mencionadas corresponden a las personas y conductas examinadas en los expedientes judiciales.
Taselli expandió sus negocios hacia la energía, la metalurgia, la maquinaria agrícola y los alimentos. También quedó involucrado en otras investigaciones, entre ellas la causa Cuadernos, en la que fue detenido en 2018 y posteriormente recuperó la libertad.
Pero en Río Turbio y 28 de Noviembre, su trayectoria se recuerda principalmente por lo ocurrido con YCRT. La pérdida de puestos de trabajo golpeó a familias mineras y debilitó una actividad de la que dependía buena parte de la economía local.
La muerte del empresario vuelve a abrir ese capítulo de los años noventa: una concesión iniciada bajo la Presidencia de Menem, desarrollada durante la gobernación de Néstor Kirchner y terminada en 2002 con un reconocimiento oficial del abandono del complejo.
Para la Cuenca Carbonífera, recordar a Taselli implica recordar también a los trabajadores que perdieron su empleo, a quienes sostuvieron los reclamos y a las familias que atravesaron las consecuencias de aquella administración.
