Patagonia NexoLa vocal del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, María Matilde Morales, fue formalmente notificada de una denuncia presentada en su contra por presunta morosidad reiterada y negligencia en el ejercicio de sus funciones. El planteo cuestiona demoras en la resolución de expedientes de control correspondientes a empresas y sociedades del Estado y entes descentralizados.
Según informó Mediática Digital, la notificación está fechada el 29 de septiembre y las actuaciones tramitan ante el Tribunal Superior de Justicia bajo el expediente N.º 2044/26. En esta instancia se dispuso correr vista al Procurador General para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presentación.
El eje de la denuncia está puesto en expedientes que, de acuerdo con los denunciantes, permanecieron pendientes de resolución durante años bajo la jurisdicción de la vocal.
La documentación citada por el medio señala que en mayo de 2025 había 85 expedientes pendientes. Un relevamiento posterior, realizado en mayo de 2026, habría identificado 67 actuaciones que continuaban sin fallo. La acusación sostiene que esas demoras podrían configurar un incumplimiento reiterado de las funciones asignadas a Morales.
La presentación también menciona presuntas irregularidades documentales en determinados expedientes. Entre los cuestionamientos figuran problemas de foliatura, documentación faltante y dificultades para reconstruir la trazabilidad de actuaciones relacionadas con el control de fondos públicos.
Esos señalamientos integran la denuncia y deberán ser evaluados durante el trámite correspondiente. No constituyen, por el momento, hechos acreditados ni una determinación de responsabilidad.
Morales recibió copia de las actuaciones para ejercer su derecho de defensa. La notificación formaliza su conocimiento del planteo, pero no implica que se haya dispuesto la apertura del proceso de enjuiciamiento.
El jury todavía no fue admitido. El próximo paso informado es el pronunciamiento del Procurador General sobre la admisibilidad de la denuncia, una instancia que será relevante para determinar la continuidad del procedimiento.
El caso pone bajo examen el desempeño de una integrante del organismo encargado de controlar los recursos públicos provinciales. La discusión deberá establecer si las demoras y las presuntas irregularidades denunciadas justifican avanzar con un proceso de enjuiciamiento.
Por ahora, las actuaciones se encuentran en una etapa preliminar, con el derecho de defensa vigente y sin una resolución que determine responsabilidad de la funcionaria.
Fuente: Mediática Digital.
