Patagonia NexoEl sillón de Alcorta ya está en la mira.
Aunque todavía falta más de un año para las elecciones provinciales de 2027, los movimientos comenzaron y las especulaciones sobre nombres, acuerdos y posibles candidaturas ocupan cada vez más espacio dentro de la política santacruceña.
Pero esta vez existe una diferencia sustancial: todos comienzan a prepararse para competir, aunque todavía nadie conoce definitivamente las reglas con las que deberá hacerlo.
Santa Cruz atraviesa la construcción de un nuevo Código Electoral después de la eliminación de la Ley de Lemas, el sistema que durante décadas condicionó —y también facilitó— la manera de construir candidaturas, acuerdos, sublemas y estrategias electorales.
Hoy las estructuras partidarias intentan reordenarse, pero lo hacen con dudas.
Hay sectores políticos que comienzan a plantear acercamientos. Otros analizan posibles alianzas. Algunos dirigentes buscan instalar candidaturas y otros prefieren esperar a conocer cuáles serán finalmente las herramientas legales disponibles antes de mover definitivamente sus fichas.
Ahí aparece uno de los principales interrogantes rumbo a 2027.
Durante años, la Ley de Lemas permitió contener dentro de un mismo espacio electoral diferencias que no necesariamente debían resolverse antes de una elección. Distintos candidatos podían competir bajo un mismo lema y acumular votos.
Ese mecanismo ya no existe.
Por eso, las piezas del ajedrez político santacruceño ya no pueden acomodarse como estaban acostumbrados los partidos y dirigentes durante la vigencia de la vieja Ley de Lemas.
Un acuerdo entre dos sectores que antes podía resolverse electoralmente mediante diferentes sublemas ahora podría necesitar una interna, una alianza formal o la construcción de una candidatura común.
Y todavía falta conocer exactamente cuáles serán las herramientas.
En la Legislatura se analizan diferentes iniciativas para construir el nuevo Código Electoral. La Boleta Única aparece como uno de los puntos donde mayor consenso existiría, mientras permanecen bajo discusión cuestiones determinantes como las PASO, las adhesiones entre categorías, la simultaneidad de elecciones provinciales y municipales, la paridad, las reelecciones, las candidaturas simultáneas, Ficha Limpia y los debates preelectorales.
No son detalles técnicos.
De esas definiciones dependerá buena parte de la arquitectura electoral de 2027.
Por eso hoy pueden existir reuniones, conversaciones, fotografías y señales de acercamiento entre dirigentes de diferentes sectores.
Pero una cosa es acercarse políticamente y otra muy diferente saber cómo transformar ese acuerdo en una propuesta electoral dentro del nuevo sistema.
¿Habrá PASO?
¿Cómo se resolverán las internas?
¿Qué posibilidades existirán para las adhesiones entre categorías?
¿Cómo deberán constituirse las alianzas?
¿Qué sucederá con aquellos sectores que pretendan acompañar al mismo candidato a gobernador, pero quieran presentar candidatos diferentes en municipios o comisiones de fomento?
Las respuestas terminarán condicionando acuerdos que hoy pueden parecer posibles políticamente, pero cuya instrumentación electoral todavía resulta incierta.
La elección de 2027 tendrá además un componente histórico.
Durante más de cuatro décadas el peronismo ocupó un lugar central en el Gobierno de Santa Cruz y, desde 1991, el kirchnerismo construyó una prolongada hegemonía provincial.
La llegada de Claudio Vidal a la Gobernación en 2023 rompió esa continuidad y modificó el tablero político provincial.
Ahora aparece un segundo cambio de enorme importancia: 2027 será la primera elección a gobernador después de la eliminación de la Ley de Lemas.
Eso obliga a todos a revisar sus estrategias.
Al oficialismo.
Al justicialismo.
Al radicalismo.
A los partidos provinciales.
Y también a aquellos dirigentes acostumbrados a una herramienta electoral que permitía contener diferentes candidaturas dentro de un mismo espacio.
La política santacruceña deberá acostumbrarse a que muchas de sus diferencias probablemente tengan que resolverse antes de llegar al cuarto oscuro y no dentro de él.
Pero mientras la dirigencia intenta descubrir cómo acomodar el nuevo tablero electoral, existe otra discusión que comienza a crecer lejos de los despachos partidarios.
Y posiblemente sea mucho más importante.
La discusión que atraviesa hoy a Santa Cruz no parece ser solamente ideológica, como algunos sectores pretenden presentarla. Es, fundamentalmente, económica.
Kirchnerismo o antikirchnerismo. Peronismo o radicalismo. Oficialismo u oposición. Libertarios o quienes confrontan con el Gobierno nacional.
Esas divisiones existen y seguramente volverán a aparecer durante la campaña.
Pero hay otra realidad mucho más inmediata.
Trabajo. Salarios. Vivienda. Salud. Servicios. Costo de vida.
Son cuestiones que atraviesan diariamente a las familias santacruceñas y que no reconocen necesariamente fronteras partidarias.
El trabajador que perdió poder adquisitivo no resuelve el supermercado con una discusión ideológica.
Quien busca empleo necesita trabajo.
La familia que espera una vivienda necesita una respuesta habitacional.
Quien llega a un hospital necesita atención.
Y quien todos los meses debe decidir qué cuenta pagar primero probablemente observe la próxima elección desde una perspectiva mucho más concreta que la pertenencia partidaria.
Por eso, reducir anticipadamente 2027 a una nueva confrontación entre kirchnerismo y antikirchnerismo, izquierda y derecha, oficialismo y oposición podría significar interpretar parcialmente lo que está ocurriendo en la sociedad.
Eso tampoco significa que la situación económica tenga un único responsable.
El Gobierno nacional deberá enfrentar el impacto político de sus decisiones económicas.
El Gobierno provincial deberá mostrar qué hizo durante cuatro años para mejorar las condiciones de los santacruceños.
Los municipios deberán explicar sus administraciones.
Y la oposición tendrá que demostrar que además de cuestionar posee una alternativa.
Cada sector intentará establecer dónde comienzan y terminan las responsabilidades de Nación, Provincia y municipios.
Pero probablemente el ciudadano haga una evaluación mucho más sencilla:
¿Estoy mejor o peor que hace cuatro años?
Esa pregunta puede terminar teniendo más peso que muchas estrategias electorales.
Santa Cruz podría llegar entonces a 2027 atravesada por dos preocupaciones.
Por un lado, la política intentando descubrir cómo acomodar las piezas del nuevo ajedrez electoral.
Por otro, miles de santacruceños tratando de descubrir cómo acomodar las cuentas para llegar a fin de mes.
Y allí puede estar una de las claves de la próxima elección.
Mientras dirigentes y partidos analizan PASO, alianzas, adhesiones, candidaturas y estrategias, el ciudadano observa su salario, su trabajo, el alquiler, la posibilidad de acceder a una vivienda, la atención sanitaria y cuánto cuesta llenar el changuito.
La distancia entre esos dos mundos puede convertirse en un problema para cualquiera que no consiga interpretarla.
La carrera comenzó, aunque nadie pueda desplegar completamente su estrategia.
Las estructuras partidarias se reordenan, pero con dudas.
Los sectores políticos conversan.
Los dirigentes recorren localidades.
Los nombres empiezan a circular.
Algunos exploran acercamientos y otros esperan.
Pero todavía falta una pieza fundamental: la ley que determinará cómo se competirá por el poder en Santa Cruz.
Antes de finalizar 2026, las reglas deberían estar suficientemente claras para brindar previsibilidad a partidos, candidatos y electores.
Hasta entonces, el tablero seguirá abierto.
La vieja Ley de Lemas ya no está.
El nuevo Código Electoral todavía se discute.
Y 2027 está cada vez más cerca.
Todos quieren el sillón de Alcorta, pero nadie sabe todavía con qué reglas se jugará.
Y mientras la política busca definir cómo llegar al poder, posiblemente el mayor desafío no esté dentro de ninguna estructura partidaria.
Estará en convencer a un electorado para el cual la próxima discusión podría ser mucho menos ideológica de lo que algunos pretenden y mucho más económica de lo que muchos quisieran.
