Patagonia NexoEl gobernador Claudio Vidal presentó los alcances de la reglamentación de la Ley de Promoción Industrial N.º 4011 y sostuvo que la herramienta será central para atraer inversiones y diversificar la economía de Santa Cruz. Durante una rueda de prensa realizada este miércoles 28 de octubre, repasó proyectos energéticos, pesqueros y agroindustriales y anunció mayores controles sobre la contratación de trabajadores santacruceños.
El mandatario calificó a la ley como la más importante para la provincia y planteó que su aplicación busca favorecer la instalación de empresas, la ampliación de actividades y el desarrollo de proveedores locales.
“Es generar un poco de autonomía, es creer en nosotros mismos para poder sacar esto adelante, es apostar a la diversidad productiva de la provincia”, expresó.
Vidal informó que el Gobierno trabaja junto a una empresa petrolera en un proyecto de inversión superior a los 600 millones de dólares, para el que se prevé solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
También mencionó dos iniciativas vinculadas con la actividad no convencional, con participación de una compañía estadounidense y otra canadiense. Según precisó, una de las áreas ya fue licitada, mientras se avanza en el procedimiento correspondiente a la restante.
El gobernador ubicó estos proyectos dentro de la estrategia para ampliar la actividad energética y generar oportunidades de empleo. Los anuncios corresponden a iniciativas en desarrollo y no implican que las inversiones ya se hayan concretado.
Durante el encuentro, Vidal destacó lo que describió como una mejora en el funcionamiento de los puertos y una recuperación del trabajo en plantas pesqueras de Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián.
Según sostuvo, aumentaron las capturas de langostino y calamar y se amplió la actividad en tierra. Además, señaló que Santa Cruz dispone de una cuota social de merluza de 22.000 toneladas, frente a las 4.800 toneladas que, de acuerdo con sus declaraciones, tenía anteriormente.
En materia agropecuaria e industrial, mencionó una nueva campaña productiva, la puesta a punto de una planta de peletizado de madera y pasturas y la reciente inauguración de una fábrica textil.
El mandatario presentó estas actividades como parte de una política orientada a ampliar la matriz económica provincial y agregar valor a la producción.
Vidal llamó a los municipios y a las comisiones de fomento a participar de la aplicación de la ley y a promover iniciativas productivas en sus localidades.
Entre las posibilidades, mencionó el desarrollo de nuevos parques industriales y el trabajo conjunto para generar condiciones que permitan atraer inversiones.
El planteo apunta a que la promoción de la actividad económica involucre tanto al Ejecutivo provincial como a las administraciones locales, con proyectos vinculados a las características de cada comunidad.
Otro de los anuncios fue la decisión de duplicar los controles sobre el cumplimiento de la normativa 90/10, que prioriza la contratación de mano de obra santacruceña.
Vidal anticipó que se difundirá un informe sobre la evolución de la composición del personal en los yacimientos mineros y sostuvo que las inversiones deben traducirse en oportunidades para los habitantes de Santa Cruz.
“La Ley 90/10 se tiene que respetar”, afirmó. En ese sentido, vinculó los incentivos a la actividad privada con la defensa de los puestos de trabajo locales.
Consultado por las críticas a la política de desarrollo, el gobernador defendió la búsqueda de capital privado y aseguró que mantendrá el rumbo de su gestión. También respaldó la promoción de inversiones en el marco del debate sobre tierras fiscales y el proyecto de Península de Magallanes.
Por otra parte, respondió a los planteos del intendente de Río Turbio, Darío Menna, sobre obra pública y transferencias de recursos. Vidal afirmó que la coparticipación se remite conforme a la ley y reclamó que se complete la rendición de los fondos destinados a obras.
La puesta en marcha del régimen de promoción industrial quedó así vinculada a tres objetivos planteados por el Ejecutivo: atraer inversiones, ampliar las actividades productivas y fortalecer la contratación de trabajadores de Santa Cruz.
