¿Hay diferencias con el Madres a la Lucha? El modelo de desarrollo K y una postal que interpela a Pablo Grasso

El barrio Madres a la Lucha no nació ayer. Su historia se remonta a diciembre de 2007, cuando familias que no encontraban respuestas a su necesidad habitacional comenzaron a instalarse en terrenos cercanos al vaciadero municipal de Río Gallegos. Con los años, el asentamiento creció y las dificultades para acceder formalmente a servicios básicos se convirtieron en parte de su realidad cotidiana.

Esa historia adquiere nuevamente relevancia frente al debate político provincial y a las discusiones sobre los modelos de desarrollo que gobernaron Santa Cruz.

Pablo Grasso conduce la Municipalidad de Río Gallegos y ha construido buena parte de su discurso alrededor de la presencia estatal, la obra pública y la inclusión.

Pero Madres a la Lucha obliga a mirar más allá del discurso.

Casi dos décadas esperando

En 2022, organizaciones territoriales describían un barrio de alrededor de 500 familias que todavía padecía conexiones precarias y ausencia de redes formales de servicios esenciales.

En 2023, un informe de La Nación volvió a mostrar las dificultades de familias que reclamaban urbanización y convivían con conexiones precarias y riesgos asociados a esa situación.

El contraste alimenta una pregunta política: ¿qué diferencia existe entre hablar de inclusión social y conseguir que esa inclusión se traduzca efectivamente en infraestructura, servicios y condiciones dignas de vida?

Y abre otra discusión todavía más profunda: ¿puede presentarse como exitoso un modelo político que durante tantos años convivió con barrios donde cientos de familias debieron organizarse para resolver necesidades elementales?

Grasso avanzó con la regularización

El análisis también requiere señalar los avances registrados durante la actual administración municipal.

En marzo de 2024, la gestión de Grasso entregó decretos de adjudicación a 19 familias y anunció el objetivo de regularizar la totalidad de las adjudicaciones en venta del barrio. Meses después, otras 56 familias recibieron sus decretos y el Municipio informó que ya eran más de 200 los lotes que habían comenzado el proceso de regularización.

Durante 2025, además, funcionarios municipales volvieron al sector para coordinar trabajos de mantenimiento y mejorar la transitabilidad. En aquel momento, los propios vecinos plantearon problemas relacionados con el alumbrado público y otras demandas pendientes.

Es decir, existen acciones concretas de regularización que deben formar parte del balance.

Pero también existe una historia que resulta difícil separar del debate político: Madres a la Lucha lleva cerca de dos décadas esperando una integración urbana definitiva.

¿Un modelo que incluyó o administró la pobreza?

Allí aparece la discusión de fondo.

Durante décadas, Santa Cruz fue presentada por el kirchnerismo como la provincia donde comenzó un determinado modelo político y económico que luego alcanzaría dimensión nacional.

Sin embargo, barrios como Madres a la Lucha permiten discutir los resultados de ese proceso desde otra perspectiva: la de las familias que durante años permanecieron esperando tierra regularizada, infraestructura y servicios básicos.

Por eso, frente al concepto de “modelo de desarrollo”, aparece una definición mucho más crítica: ¿desarrollo o una estructura política que terminó administrando —e incluso reproduciendo— situaciones de pobreza y dependencia?

Calificarlo directamente como una “fábrica de generar pobreza” constituye una posición política. Pero la existencia y persistencia de barrios populares con necesidades estructurales ofrece elementos concretos para discutir cuánto de aquel desarrollo proclamado alcanzó efectivamente a todos.

El Madres a la Lucha, un espejo incómodo

La discusión excede incluso a Pablo Grasso.

El barrio atravesó gobiernos municipales, provinciales y nacionales de diferentes etapas. Su historia muestra que los problemas estructurales no comenzaron con la actual gestión municipal y tampoco desaparecieron con ella.

Por eso, más que una fotografía aislada, Madres a la Lucha representa una deuda acumulada del Estado.

Hoy, mientras la política santacruceña vuelve a discutir renovación, modelos de provincia y proyectos de futuro, ese barrio continúa funcionando como un espejo incómodo.

Porque después de tantos años de poder político, presupuestos, discursos de inclusión y promesas de transformación, queda una pregunta difícil de esquivar:

¿Cuánto desarrollo puede reivindicar un proyecto político cuando todavía debe explicar por qué hubo familias que esperaron casi dos décadas para comenzar a acceder plenamente a aquello que para otros vecinos de la capital resulta elemental?