Patagonia NexoLa crisis de Autofarma golpeó finalmente sobre el punto que los trabajadores intentaron evitar durante meses: la pérdida de sus puestos de trabajo.
En Río Turbio y 28 de Noviembre, el anuncio del cierre de las sucursales dejó a trabajadores y sus familias frente a un escenario cargado de incertidumbre, después de un largo período marcado por atrasos salariales, pagos fuera de término y reclamos para conseguir que la empresa regularizara su situación.
La preocupación no es exclusiva de la Cuenca Carbonífera. El cierre anunciado alcanza a las sucursales de Autofarma en Santa Cruz y tendría consecuencias sobre más de 200 trabajadores. Medios provinciales informaron esta semana que empleados de la firma confirmaron el cierre de las sucursales santacruceñas.
Patagonia Nexo habló con el abogado León Obregón y con trabajadoras cesanteadas de Río Turbio y 28 de Noviembre, quienes describieron la situación que atraviesan y los interrogantes que se abren a partir de ahora.
El conflicto no comenzó con el cierre.
Durante meses, trabajadores de Autofarma de la Cuenca Carbonífera venían haciendo públicos sus reclamos por irregularidades salariales. Incluso habían impulsado presentaciones ante las autoridades laborales buscando una salida que permitiera cobrar lo adeudado y, fundamentalmente, preservar las fuentes de empleo.
Pese a las dificultades, continuaron trabajando.
La expectativa era que la situación pudiera regularizarse y que las farmacias continuaran funcionando. Pero el anuncio empresarial terminó modificando completamente el panorama.
Ahora ya no se discute únicamente cuándo se pagarán los salarios atrasados.
Se discute qué sucederá con trabajadores que quedaron sin su fuente laboral y bajo qué condiciones Autofarma afrontará las desvinculaciones.
Durante la entrevista con Patagonia Nexo, el abogado León Obregón, representante de trabajadores afectados, explicó los aspectos legales que comienzan a adquirir relevancia después de la decisión empresarial.
Uno de los puntos centrales pasa por determinar formalmente las condiciones de las desvinculaciones y establecer qué obligaciones deberá afrontar la firma.
La discusión incluye salarios pendientes, liquidaciones e indemnizaciones, además de la forma jurídica mediante la cual la empresa pretende encuadrar el cierre.
Desde la representación de los trabajadores existe especial atención sobre cualquier intento de justificar las desvinculaciones a partir de dificultades económicas.
El cuestionamiento pasa por determinar si esas dificultades fueron formalmente acreditadas y si anteriormente se utilizaron los mecanismos previstos para intentar preservar los puestos laborales antes de avanzar hacia una medida extrema como el cierre.
Por eso, la intervención del Ministerio de Trabajo adquiere ahora una importancia central.
Pero detrás de expedientes, presentaciones y discusiones jurídicas hay una realidad mucho más concreta.
Hay trabajadores que se quedaron sin empleo.
Las trabajadoras entrevistadas por Patagonia Nexo relataron lo que significaron estos meses de incertidumbre y las consecuencias que los atrasos salariales fueron generando dentro de sus hogares.
Durante todo ese tiempo continuaron asistiendo a sus puestos.
Esperaron respuestas. Esperaron pagos. Esperaron que las promesas de normalización se cumplieran.
Y fundamentalmente esperaron conservar el trabajo.
El cierre terminó derrumbando esa última expectativa.
Para quienes hoy quedaron cesanteados, comienza una etapa todavía más difícil: reclamar lo que se les adeuda mientras deben buscar una alternativa laboral para sostener a sus familias.
En la Cuenca Carbonífera, perder puestos de trabajo privados tiene un impacto que trasciende las puertas de una empresa.
Río Turbio y 28 de Noviembre tienen un mercado laboral limitado y cada fuente de empleo representa ingresos que posteriormente circulan por comercios, alquileres, servicios y actividades locales.
Por eso, detrás de cada trabajador cesanteado aparece también un impacto sobre la economía regional.
La preocupación aumenta cuando se considera que muchos de estos empleados llevaban años desarrollando sus tareas dentro de la empresa y ahora deberán intentar reinsertarse laboralmente en dos comunidades donde las alternativas no abundan.
Durante el desarrollo del conflicto se mencionaron deudas que terceros mantendrían con Autofarma, entre ellas obligaciones relacionadas con prestaciones efectuadas a una obra social de Tierra del Fuego.
Sin embargo, desde la representación de los trabajadores sostienen que cualquier conflicto comercial o financiero de la empresa no elimina las obligaciones que Autofarma mantiene como empleadora.
Los empleados prestaron servicios.
Los salarios deben pagarse.
Y si la empresa decidió finalizar los vínculos laborales, ahora deberá definirse qué indemnizaciones corresponden y bajo qué condiciones deberán abonarse.
Ese será uno de los principales terrenos de discusión durante los próximos días.
El cierre de Autofarma transforma un conflicto salarial que llevaba meses desarrollándose en Santa Cruz en una problemática laboral y social de mayor dimensión.
En Río Turbio y 28 de Noviembre esa realidad ya tiene nombres, historias y familias detrás.
Son trabajadores que sostuvieron las sucursales aun cuando los salarios comenzaron a demorarse. Que continuaron trabajando mientras reclamaban respuestas. Y que ahora enfrentan el escenario que durante todo este tiempo intentaron evitar.
La intervención del Ministerio de Trabajo y las próximas decisiones legales serán determinantes para establecer cómo continuará el conflicto.
Mientras tanto, las trabajadoras cesanteadas de la Cuenca esperan respuestas.
Ya perdieron sus puestos de trabajo. Ahora reclaman que no se pierdan también los derechos adquiridos durante años de trabajo.
