Patagonia NexoLa Cámara de Diputados de Santa Cruz volvió a poner sobre la mesa los números de su administración y aseguró que la reducción del gasto político y la reorganización interna permitieron sostener una política de recomposición salarial para los trabajadores legislativos.
La información difundida por la institución busca mostrar dos aspectos que la actual conducción considera centrales desde el inicio de la gestión: reducir estructuras políticas y, paralelamente, recuperar el poder adquisitivo de los empleados.
De acuerdo con los datos suministrados por la Dirección de Recursos Humanos de la Legislatura, los incrementos salariales otorgados durante los últimos años se ubicaron por encima de la inflación acumulada en 2024 y 2025.
Según el informe oficial, durante 2024 la recomposición salarial acumulada alcanzó el 146,26%, mientras que la inflación anual fue del 117,80%.
Para 2025, la Cámara informó un incremento acumulado del 45,26%, frente a una inflación del 31,50%.
La política continuará durante 2026. Según los números presentados por el Poder Legislativo, la recomposición acumulada llegará al 17,8%, contabilizando los aumentos otorgados en julio y aquellos previstos para septiembre y octubre.
Desde la institución interpretan estas cifras como una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y sostienen que el resultado fue alcanzado sin trasladar sobre el personal las medidas destinadas a reducir gastos.
La Presidencia de la Cámara vincula directamente la política salarial con el proceso de reorganización administrativa iniciado durante la actual gestión.
El planteo es que la reducción de cargos considerados innecesarios y una utilización diferente de los recursos disponibles permitieron generar margen para priorizar los ingresos de quienes trabajan diariamente en la Legislatura.
La administración encabezada por el vicegobernador Fabián Leguizamón busca instalar de esta manera una discusión que excede la reducción del gasto en términos absolutos: qué gastos se reducen y hacia dónde se redireccionan los recursos disponibles.
El balance presentado sostiene que el ordenamiento de la estructura política permitió avanzar simultáneamente sobre la recomposición salarial y la búsqueda de un funcionamiento administrativo más eficiente.
El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, defendió el criterio aplicado desde el comienzo de su gestión.
“Una administración responsable no ajusta sobre los trabajadores; administra mejor los recursos para proteger sus derechos. Nuestro compromiso fue demostrar que es posible ordenar el Estado y, al mismo tiempo, defender el salario de quienes todos los días hacen funcionar esta institución”.
Leguizamón sostuvo además que reducir gastos no debería convertirse en un objetivo aislado, sino estar acompañado por una definición sobre las prioridades presupuestarias.
“Administrar mejor no es gastar menos por gastar menos. Es decidir correctamente dónde se destinan los recursos públicos”.
Para el vicegobernador, el ordenamiento debe comenzar precisamente por las estructuras políticas para generar mejores condiciones de administración.
Los datos difundidos permiten mostrar una recomposición superior a la inflación en 2024 y 2025, según la comparación realizada por la propia Cámara.
En el caso de 2026, parte del porcentaje anunciado contempla aumentos previstos para septiembre y octubre, por lo que el resultado definitivo sobre el poder adquisitivo deberá evaluarse una vez concretados esos incrementos y conocida la inflación acumulada correspondiente al período.
La discusión adquiere relevancia en un contexto económico donde los salarios públicos continúan atravesados por la evolución de los precios y las posibilidades presupuestarias del Estado provincial.
La Cámara busca mostrar su propia experiencia como ejemplo de que la reducción del gasto político puede convivir con una recomposición de los ingresos de los trabajadores.
Por ahora, los números oficiales presentados muestran aumentos superiores a la inflación durante los dos primeros años analizados. El desafío para 2026 será sostener esa relación y demostrar, al cierre del ejercicio, que la reducción y reorganización de la estructura política efectivamente se tradujeron en una mejora real y sostenida para los trabajadores legislativos.
