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El Gobierno de Santa Cruz dio inicio a una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de avanzar en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional N.º 27.801, que modifica el marco legal para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y reunió a representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, quienes comenzaron a analizar las acciones necesarias para adaptar el funcionamiento de los dispositivos provinciales al nuevo esquema normativo.
Adecuación de los dispositivos existentes
Durante la reunión se evaluaron los principales aspectos de la nueva legislación y los desafíos que representa su aplicación en Santa Cruz.
El trabajo estuvo orientado a fortalecer los dispositivos de intervención ya existentes, además de planificar nuevas herramientas que permitan brindar una respuesta especializada en el marco del sistema de protección integral de derechos para adolescentes.
Del encuentro participaron la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta; el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; y la subsecretaria de Interior, Marcela Oviedo.
En representación del Poder Judicial asistieron integrantes del Juzgado Penal Juvenil, además de funcionarios de distintas áreas provinciales vinculadas a las políticas de niñez, adolescencia, discapacidad y adultos mayores.
Trabajo conjunto para aplicar la nueva normativa
Durante la jornada también se planteó la necesidad de adecuar los recursos y fortalecer la infraestructura destinada a la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal, contemplando incluso la posibilidad de desarrollar un nuevo dispositivo en la zona norte de la provincia.
Desde la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia destacaron que el trabajo articulado entre los distintos organismos permitirá avanzar en la correcta implementación del nuevo régimen, mediante la planificación de políticas públicas acordes al marco legal vigente.
La iniciativa busca consolidar un sistema de intervención especializado que garantice la protección de derechos de adolescentes alcanzados por la nueva normativa y permita adecuar el funcionamiento provincial a las disposiciones establecidas por la Ley Nacional N.º 27.801.
