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El Gobierno de Santa Cruz intervino en el yacimiento Cerro Negro, ubicado en la zona de Perito Moreno, y dispuso la clausura preventiva de ocho sectores de la operación minera a partir de una serie de irregularidades detectadas durante inspecciones realizadas en el lugar.
El procedimiento estuvo encabezado por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, junto al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, con participación de personal policial y organismos vinculados al control del transporte.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, las inspecciones permitieron detectar situaciones que fueron consideradas de riesgo para la seguridad de los trabajadores, principalmente en sectores relacionados con las operaciones subterráneas.
Como consecuencia de las medidas adoptadas, la empresa habría dispuesto la desmovilización del personal con goce de haberes, mientras continúan las actuaciones administrativas correspondientes.
Observaciones sobre vehículos y transporte de combustible
Uno de los aspectos que generó mayor preocupación durante los controles estuvo relacionado con el parque automotor utilizado dentro de la operación minera.
Según explicó Aravena, durante una de las inspecciones realizadas en horario nocturno se habría detectado una maniobra destinada a evitar el control de determinados vehículos en el sector denominado portal San Marcos.
“Escondieron los vehículos bajo mina cuando se enteraron que estábamos reingresando con un grupo importante de policías”, afirmó el secretario de Trabajo.
Los controles contaron con la participación de verificadores policiales y personal de áreas de Transporte, que tenían como objetivo revisar la documentación y las condiciones de los vehículos utilizados en la explotación.
Entre las observaciones se encontró un vehículo destinado al transporte de combustible que no contaba con la Revisión Periódica Obligatoria (RPO).
Aravena cuestionó especialmente las condiciones en las que se desarrollaba ese traslado dentro de la mina.
“Que un camión con combustible baje 300 metros a una mina, a un lugar hermético, donde hay gente trabajando, donde hay potencial de riesgos, donde las temperaturas son elevadas, eran condiciones de alta deficiencia”, señaló.
Alertas durante el ingreso a la mina
Las inspecciones también incluyeron recorridas por sectores subterráneos del yacimiento. En ese contexto, el funcionario relató haber detectado situaciones vinculadas con los sistemas de alerta y las condiciones ambientales dentro de la mina.
Según su relato, durante uno de los descensos un dispositivo comenzó a emitir una alarma de manera permanente.
“Me subo al transporte, empezamos a bajar, cuando pasamos la estocada número uno comienza a sonar permanentemente”, relató Aravena.
El secretario agregó que posteriormente, durante otro ingreso al portal San Marcos, percibió condiciones que, según indicó, podrían estar relacionadas con la presencia de gases.
“Sí había gases porque la condensación se percibía en el ambiente, en la garganta”, manifestó.
Estas situaciones fueron incorporadas a las observaciones realizadas durante las fiscalizaciones y forman parte de los fundamentos utilizados para disponer las medidas preventivas.
Ocho sectores quedaron sin actividad
A partir de las irregularidades constatadas, la Secretaría de Estado de Trabajo resolvió disponer el cese de actividades en ocho puntos del yacimiento.
La medida fue presentada como preventiva y vinculada directamente con la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el personal que desarrolla tareas en esos sectores.
“En estas faltas muy graves es donde dictamos cese de actividades por existir un potencial riesgo a la seguridad de los trabajadores”, explicó Aravena.
El levantamiento de las restricciones estará sujeto a la corrección de las observaciones detectadas y al cumplimiento de las condiciones exigidas por los organismos de control.
Las actuaciones continuarán mediante la elaboración de las actas correspondientes y el desarrollo del procedimiento administrativo.
El Gobierno ratificó el reclamo por la mano de obra local
Durante sus declaraciones, Aravena también hizo referencia al cumplimiento de las normas provinciales vinculadas con la contratación de trabajadores locales.
En particular, sostuvo que la Provincia continuará exigiendo el cumplimiento del régimen de mano de obra local 70/30, ante situaciones que, según indicó, involucrarían el ingreso de trabajadores provenientes de otras jurisdicciones.
El funcionario planteó que la fiscalización laboral forma parte de una política orientada a defender tanto las condiciones de seguridad como las oportunidades de empleo para los trabajadores santacruceños.
“Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es estar del lado de los trabajadores, defender sus derechos y resguardar su seguridad”, afirmó.
En la misma línea, cuestionó cualquier situación en la que las condiciones económicas o productivas puedan quedar por encima de la seguridad laboral.
“Un gramo de oro no vale una vida”, sentenció.
Continúan las actuaciones
La situación en Cerro Negro continuará bajo seguimiento de los organismos provinciales, mientras se sustancian las actas correspondientes y las medidas administrativas derivadas de las inspecciones.
Según lo informado, las autoridades prevén avanzar además en una mesa de trabajo conjunta, donde deberán analizarse las observaciones realizadas y las condiciones necesarias para que los sectores alcanzados por las medidas puedan volver a operar.
Por el momento, los ocho sectores permanecen alcanzados por el cese de actividades, hasta tanto se determine el cumplimiento de las exigencias establecidas durante las inspecciones.
