Patagonia NexoEn el marco de la discusión política generada por el fallo del Tribunal Superior de Justicia que volvió a poner en el centro del debate la retención de aportes previsionales municipales, el exdiputado provincial Alberto Lozano publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que repasó el funcionamiento del sistema de financiamiento provincial durante las décadas de 1990 y comienzos de los 2000.
En su publicación, sostuvo que durante esos años el manejo de los recursos provinciales se utilizó como una herramienta de presión política sobre los municipios gobernados por fuerzas opositoras, especialmente a través de la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial N.º 1782.
Según afirmó, durante la gestión del entonces intendente radical Freddy Martínez al frente del municipio de Río Gallegos (1991-2003), la normativa era aplicada de manera selectiva. En ese sentido, aseguró que mientras los municipios alineados con el gobierno provincial podían acumular deudas previsionales y continuar recibiendo asistencia financiera, las comunas opositoras sufrían retenciones totales o parciales de la coparticipación por el incumplimiento en el depósito de los aportes a la Caja de Previsión Social.
De acuerdo con Lozano, esa situación generaba severas dificultades económicas para afrontar el pago de salarios y garantizar la prestación de los servicios municipales, configurando —según expresó— un mecanismo de "asfixia financiera" utilizado con fines de extorsión política.
El exlegislador también hizo referencia al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de los adelantos extraordinarios de coparticipación. En ese punto, sostuvo que esos recursos llegaban con mayor facilidad a los municipios oficialistas cuando atravesaban crisis económicas, mientras que las administraciones opositoras debían afrontar sus compromisos con menores niveles de asistencia provincial.
Otro de los antecedentes que recordó fue que en 1991 la Provincia realizó un aporte extraordinario destinado a cancelar las deudas previsionales acumuladas por los municipios. Sin embargo, señaló que posteriormente la mayoría de las intendencias dejó de depositar regularmente los aportes corrientes correspondientes a la Caja de Previsión Social.
Para Lozano, el origen del problema no respondía únicamente al comportamiento de los municipios sino también a una Ley de Coparticipación que, según afirmó, nunca fue actualizada para acompañar el incremento de responsabilidades asumidas por las administraciones locales. Esa situación, indicó, llevó a numerosos municipios a destinar esos recursos al sostenimiento de servicios esenciales.
En ese contexto, sostuvo que la diferencia radicaba en que esa realidad era tolerada cuando se trataba de municipios identificados con el oficialismo provincial, mientras que en los gobiernos opositores la deuda previsional era utilizada como argumento para aplicar retenciones de fondos y ejercer presión política.
Finalmente, Lozano consideró que el debate actual sobre los aportes previsionales no puede analizarse de manera aislada de esos antecedentes históricos. A su entender, revisar la forma en que se administraban los recursos públicos durante aquellos años resulta necesario para comprender una discusión que, según expresó, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Santa Cruz.
