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La protesta que llevan adelante efectivos policiales en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que trascendiera la participación de un empresario local en tareas de apoyo logístico vinculadas a la medida de fuerza.
Se trata de Pablo Núñez, empresario del sector del transporte que presta servicios para la Municipalidad de Río Gallegos, quien fue observado trasladando leña destinada a los efectivos que permanecen en distintos puntos de concentración en el marco del reclamo salarial.
La situación tomó relevancia pública debido a los vínculos familiares del empresario con integrantes del ámbito político e institucional de la capital provincial. Según trascendió, Núñez es familiar de la jueza de Paz de Río Gallegos, Ariela Grasso, hermana del intendente de la ciudad, Pablo Grasso.
La aparición de actores ajenos a la fuerza policial colaborando con la logística de la protesta generó distintas interpretaciones dentro del escenario político provincial.
Mientras algunos sectores consideran que se trata de una acción de apoyo particular, otros sostienen que la participación de personas vinculadas a espacios de poder reabre el debate sobre la posible intervención de actores políticos en un conflicto que tuvo origen en reclamos salariales y laborales.
Hasta el momento no se informó oficialmente sobre una participación institucional por parte de organismos públicos ni sobre la existencia de acciones coordinadas relacionadas con el abastecimiento de los manifestantes.
La protesta policial se mantiene activa en distintos puntos de la provincia y continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como institucional.
Desde el Gobierno Provincial sostienen que se han presentado diversas propuestas salariales y que continúan abiertas las instancias de diálogo con representantes de los trabajadores.
En paralelo, el conflicto sigue generando debate público respecto a su evolución, el impacto en la prestación de los servicios de seguridad y la participación de distintos actores que acompañan o respaldan las manifestaciones.
En medio de las repercusiones, también volvieron a mencionarse antecedentes judiciales vinculados al empresario. Sin embargo, cualquier referencia a causas previas debe ser considerada dentro de su correspondiente marco judicial y no implica, por sí misma, responsabilidad ni condena en relación con los hechos actuales.
Por el momento, la situación continúa siendo observada por distintos sectores políticos y sociales, mientras el reclamo policial permanece abierto y a la espera de una resolución.
