Patagonia Nexo
El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, expresó su postura frente a la eventual implementación de un sistema de cuotificación en la pesca de langostino en aguas nacionales, proponiendo criterios claros, participación federal y el reconocimiento al esfuerzo de conservación realizado por la provincia.
Desde el área señalaron que el establecimiento de cuotas puede resultar una herramienta válida para ordenar la actividad, siempre que se base en reglas transparentes, previsibilidad y un proceso de construcción participativo, con intervención de todos los sectores vinculados: provincias, empresas, trabajadores y organismos técnicos.
En este contexto, Santa Cruz planteó la necesidad de que el reparto no se limite únicamente a los antecedentes históricos de captura, sino que también contemple factores como la generación de empleo, el desarrollo industrial, las inversiones, el arraigo territorial y el cumplimiento de normativas vigentes.
Uno de los puntos centrales del posicionamiento provincial es el reconocimiento del trabajo sostenido en materia de preservación. En ese sentido, se destacó el cierre del Golfo San Jorge durante ocho años para la pesca de langostino, una medida que permitió resguardar una de las principales áreas de reproducción de la especie y contribuir a la sustentabilidad del recurso a nivel nacional.
A partir de ese antecedente, la provincia solicitó la asignación de una cuota social de 50.000 toneladas, que sería administrada por Santa Cruz. Según indicaron, esta herramienta permitiría fortalecer la actividad industrial, generar empleo local y potenciar el desarrollo de los puertos y economías regionales.
Desde el Gobierno Provincial remarcaron que el objetivo es lograr un esquema que combine sustentabilidad ambiental, crecimiento económico y equidad en la distribución del recurso, en el marco de una política pesquera con enfoque federal.
