Patagonia Nexo
Un caso ocurrido en la provincia de Salta encendió la polémica en todo el país luego de que se viralizara una factura emitida por un hospital público, en la que se le cobra a un paciente extranjero un total de 2.000.000 de pesos por servicios de salud.
El comprobante, fechado el 22 de mayo, detalla 1.500.000 pesos correspondientes a la atención médica y 500.000 pesos por medicamentos, bajo el concepto de “cobro por extranjero en salud pública”, una medida que la provincia comenzó a implementar en 2024.
Este tipo de facturación representa un cambio significativo respecto al modelo histórico argentino, caracterizado por la atención sanitaria gratuita y universal, y abre un nuevo escenario en la administración de los recursos del sistema de salud.
Posturas enfrentadas
La difusión del caso generó un fuerte debate en la opinión pública. Por un lado, hay quienes respaldan la medida, señalando que los recursos del sistema público deben priorizar a los residentes locales, especialmente en contextos de limitaciones presupuestarias.
En contrapartida, otros sectores cuestionan la decisión y sostienen que el acceso a la salud debe garantizarse como un derecho universal, sin distinción de nacionalidad, advirtiendo que este tipo de políticas podrían marcar un retroceso en materia de equidad.
El caso no solo tuvo impacto en redes sociales, sino que también puso en agenda una discusión más amplia sobre cómo se financia el sistema de salud y quiénes deben acceder a sus prestaciones.
En este contexto, la situación en Salta vuelve a instalar una pregunta central en el debate público: ¿debe mantenerse la gratuidad universal en la salud o establecerse criterios diferenciados según la residencia?.
