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El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, encabezado por Gabriel Contreras, puso en marcha un proceso de revisión sobre los ingresos de personal en el ámbito judicial, con el objetivo de analizar contrataciones recientes y avanzar hacia un sistema más transparente.
Según se informó, el relevamiento abarca las incorporaciones realizadas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, alcanzando a todas las dependencias judiciales de la provincia.
En ese marco, se confirmó que serán evaluados más de 130 contratos, con el fin de determinar si las designaciones respondieron a necesidades reales de cada área y si se cumplieron las funciones previstas.
El análisis incluye juzgados, cámaras y oficinas de distintas localidades, entre ellas Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Deseado, la Cuenca Carbonífera y El Calafate.
Uno de los puntos centrales de la nueva gestión es la decisión de retomar los concursos públicos para el ingreso de personal administrativo, un mecanismo que no se aplica desde hace más de una década.
Desde el organismo señalaron que el objetivo es garantizar mayor transparencia en el acceso a cargos, en línea con una demanda social que cuestiona los ingresos sin procesos abiertos.
En cuanto a la implementación de los concursos, se indicó que aún se encuentra en etapa de definición, analizando aspectos como el formato de evaluación, entrevistas y estudios psicológicos para los aspirantes.
Mientras se avanza en este proceso, no se descarta la continuidad de incorporaciones transitorias para cubrir necesidades urgentes en distintas dependencias judiciales.
Por otra parte, el Tribunal también solicitó informes sobre la situación de empleados y funcionarios que prestarían funciones fuera de la provincia, con el fin de evaluar condiciones laborales, funciones asignadas y la necesidad de dichas designaciones.
Estas medidas forman parte de una nueva etapa institucional del Poder Judicial santacruceño, que busca fortalecer el control interno, mejorar la gestión administrativa y avanzar hacia un esquema de mayor transparencia en el funcionamiento del sistema judicial.
