Patagonia NexoEn este contexto, se confirmó la organización de una semana completa de paro entre el 27 y el 30 de abril, mientras avanzan los preparativos para una nueva movilización federal, que podría replicar la masividad de protestas anteriores.
El conflicto se profundiza tras el vencimiento de los plazos judiciales que obligaban al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Gobierno decidió apelar las resoluciones y analiza alternativas para no aplicar la norma en su totalidad, incluyendo el envío de un proyecto propio al Congreso con menor impacto presupuestario.
Desde el ámbito universitario advierten que la situación es crítica. Señalan que el atraso salarial, la falta de actualización presupuestaria y la incertidumbre financiera afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones, generando preocupación por la continuidad de actividades académicas, de investigación y extensión.
En ese sentido, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que las universidades “no aguantan más la situación”, al tiempo que alertó sobre la pérdida de docentes e investigadores producto del deterioro salarial.
Por su parte, los gremios docentes aseguran que el conflicto podría extenderse en el tiempo si no se habilitan instancias de diálogo. Reclaman una recomposición urgente de ingresos y el cumplimiento efectivo de la ley vigente, que establece mecanismos de financiamiento para el sistema universitario.
Mientras tanto, desde el Gobierno evalúan distintas estrategias para administrar el impacto fiscal del conflicto, incluyendo la posibilidad de aplicar parcialmente las obligaciones o postergar desembolsos, en medio de una disputa que ya escaló al plano judicial.
Con este escenario, el sistema universitario se encamina a una nueva semana clave, donde la protesta volverá a ganar las calles y pondrá en el centro del debate el financiamiento de la educación pública en Argentina.
