Patagonia NexoSanta Cruz atraviesa una situación demasiado seria como para que sus problemas se conviertan en escenografía de una disputa de protagonismos. La incertidumbre laboral, la caída de ingresos familiares y las dificultades de las comunidades petroleras requieren una dirigencia concentrada en resolver. Cada minuto dedicado a exhibirse debería tener una explicación frente a quienes siguen esperando respuestas.
La discusión por la prórroga de la emergencia hidrocarburífera terminó con el proyecto enviado al archivo por 21 votos, en una jornada atravesada por reclamos sindicales y cruces políticos. Ese resultado merece un análisis sobre sus fundamentos y sus consecuencias. Pero también corresponde cuestionar las conductas que desplazaron la atención hacia la exposición personal de los dirigentes.
La participación de Daniel Peralta y Javier Jara en una transmisión en vivo con Rafael Güenchenen, mientras se desarrollaba la sesión, dejó una escena políticamente cuestionable. Cuando la Legislatura discute una herramienta vinculada con una actividad que sostiene a miles de familias, la prioridad de los diputados debe estar en el ejercicio de su función parlamentaria.
Una transmisión puede explicar una posición. También puede convertirse en un escenario de promoción personal. La diferencia está en su contenido, su oportunidad y su utilidad para la ciudadanía. Frente a la urgencia del empleo, los gestos de cercanía entre referentes aportan poco si no están acompañados por propuestas concretas y compromisos que puedan controlarse.
Un trabajador desocupado necesita saber cuándo y en qué condiciones podrá volver al yacimiento. Una familia necesita previsibilidad para afrontar sus gastos. Ninguna fotografía entre dirigentes responde esas preguntas.
La crítica alcanza especialmente a quienes utilizan el peso de sus cargos para ocupar el centro de la escena. Peralta y Jara deben explicar sus posiciones mediante argumentos, intervenciones y votos. Güenchenen debe responder ante sus representados por las decisiones de la conducción sindical y por los resultados de sus gestiones. La visibilidad pública aumenta esa responsabilidad.
El derecho a movilizarse es indiscutible. Los trabajadores pueden y deben reclamar cuando sienten amenazado su sustento. Precisamente por la legitimidad de esa preocupación, resulta reprochable que el reclamo quede absorbido por una exhibición de relaciones políticas. Quienes conducen tienen la obligación de preservar la voz de sus representados y evitar que sus necesidades funcionen como fondo de una puesta en escena.
Tampoco corresponde confundir a los trabajadores con sus dirigentes. Participar de una protesta expresa una demanda; no implica acompañar cada acercamiento, cada declaración ni cada cálculo político de quienes encabezan la organización.
La oposición tiene derecho a rechazar una prórroga. Ese rechazo debe sostenerse con fundamentos y con una explicación sobre el camino que propone. Archivar una iniciativa es una decisión parlamentaria; recuperar el empleo exige un trabajo posterior que debe quedar a la vista. Celebrar un desenlace político sin precisar alternativas sería una respuesta insuficiente frente a la gravedad del problema.
La misma vara debe aplicarse al Gobierno provincial. Defender la gestión de Claudio Vidal obliga a mostrar inversiones ejecutadas, equipos operativos, producción y puestos de trabajo efectivos. Los anuncios requieren seguimiento y los compromisos empresariales necesitan controles. La confrontación con el gremio o con los diputados no reemplaza esa obligación.
El espectáculo beneficia a quienes consiguen instalar su imagen durante unas horas. Sus costos quedan en las comunidades que continúan esperando. Mientras los dirigentes intercambian gestos y reproches, las familias deben resolver cómo pagar los servicios, sostener sus hogares y atravesar la incertidumbre.
Por eso estas acciones merecen una crítica firme. La crisis laboral no puede convertirse en una plataforma de promoción personal. Quien ocupa una banca, conduce un sindicato o administra el Estado debe rendir cuentas por lo que hace y por lo que consigue.
Santa Cruz necesita que sus representantes estén a la altura de sus responsabilidades: debatir, controlar, negociar y presentar soluciones verificables. Cuando el protagonismo personal desplaza esas tareas, la política se degrada en espectáculo y el reclamo de los trabajadores pierde el lugar que debería ocupar.
Con información de patagoniaalmundo.com.ar
