Patagonia NexoEl acuerdo habilita el desembolso inmediato de 250 millones de dólares y redefine el esquema financiero de una de las obras energéticas más importantes del país. Pero su alcance excede lo económico: se inscribe en la creciente disputa global entre Estados Unidos y China por la influencia en América Latina.
Mientras el expresidente estadounidense Donald Trump volvió a advertir sobre el avance chino en la región y el secretario de Estado Marco Rubio despliega gestiones diplomáticas en el Caribe, Argentina opta por sostener un vínculo financiero y energético con Beijing en un proyecto que es clave para su matriz de generación eléctrica.
La administración libertaria, que llegó al poder con un discurso de fuerte alineamiento con Occidente y críticas explícitas al modelo chino, adopta aquí una postura pragmática: prioriza la continuidad de una obra estratégica que impacta directamente en el abastecimiento energético, la generación de empleo y la infraestructura de largo plazo.
Las represas santacruceñas —financiadas por el gigante asiático y ejecutadas por un consorcio encabezado por la estatal China Gezhouba Group— han atravesado años de paralización, renegociaciones y controversias técnicas. La nueva adenda no solo reactiva fondos, sino que reconoce sobrecostos acumulados y gastos derivados de desplazamientos geológicos detectados en el terreno.
En términos estrictamente económicos, la decisión puede leerse como una necesidad: sin financiamiento externo, obras de esta magnitud resultan inviables en un contexto de ajuste fiscal severo y restricciones presupuestarias. Pero en el plano político, también implica asumir que el desarrollo energético argentino no puede quedar atrapado en la lógica de bloques.
Para Santa Cruz, la reactivación no es un debate abstracto de geopolítica, sino una cuestión concreta de desarrollo regional. Las represas representan empleo directo e indirecto, movimiento económico y la posibilidad de fortalecer el rol de la provincia dentro del sistema energético nacional.
Sin embargo, también reabren interrogantes:
¿Cuál será el verdadero costo final del proyecto?
¿Cómo se equilibrará la relación con Estados Unidos en este nuevo escenario?
¿Puede Argentina sostener una política exterior que combine afinidad ideológica con pragmatismo financiero?
La firma de la Adenda 12 confirma que la infraestructura energética se ha convertido en un instrumento de poder global. China consolida su presencia a través del financiamiento de obras estratégicas; Estados Unidos intenta contener esa expansión; y países como Argentina deben decidir cómo posicionarse sin comprometer su autonomía.
Lejos de las consignas, la pregunta de fondo es si el país será capaz de convertir estas inversiones en desarrollo sostenible, transparencia en la gestión y fortalecimiento institucional. Porque más allá del origen del capital, lo que está en juego es la capacidad de transformar una obra largamente postergada en energía concreta para el crecimiento.
En definitiva, la reactivación de las represas no es solo un acuerdo financiero. Es una muestra de que, incluso en gobiernos con discursos definidos, la realidad económica y estratégica suele imponer decisiones pragmáticas. Y en un mundo cada vez más multipolar, la energía no solo ilumina hogares: también redefine alianzas.
