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Durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador santacruceño José Luis Garrido (Por Santa Cruz) irrumpió con una fuerte denuncia política e institucional: anunció que presentará un proyecto de intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, acusando al kirchnerismo de “bloquear causas de corrupción” y de “mantener el control de los organismos de control”.
“En Santa Cruz se vive una situación de conflicto de poderes. El kirchnerismo se atrincheró en el Tribunal de Cuentas y en el Superior Tribunal de Justicia para garantizar su impunidad”, expresó Garrido desde su banca, en una intervención que generó repercusiones inmediatas.
El diputado —referente del espacio político que respalda al gobernador Claudio Vidal— advirtió que existe “un bloqueo institucional que impide avanzar en causas judiciales por hechos de corrupción” y aseguró que “en Santa Cruz se copió el modelo del partido judicial”.
“Vemos y entendemos que la única forma de terminar con este uso y abuso de adoctrinamiento político en la Justicia es con una intervención federal. Los santacruceños necesitamos que el Congreso nos acompañe para recuperar un Poder Judicial independiente”, sostuvo Garrido.
El legislador también cuestionó la designación del exministro Fernando Basanta como vocal del Tribunal Superior, recordando que “no cumple con el requisito constitucional de los seis años de ejercicio profesional”, un hecho que, según dijo, “refleja la manipulación política dentro de la Justicia provincial”.
Respaldo político y denuncia institucional
Tras el discurso de Garrido, el diputado Facundo Prades tomó la palabra para respaldar el pedido de intervención y profundizar las críticas al sistema judicial santacruceño.
“No se trata solamente de una cuestión política, sino institucional. Durante muchísimo tiempo no se respetó la división de poderes en Santa Cruz. Es momento de acompañar al gobernador Vidal en este proceso de cambio y transparencia que busca terminar con décadas de impunidad”, afirmó Prades.
El proyecto de intervención
El proyecto presentado por Garrido propone declarar la intervención federal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz por un plazo inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga.
Durante ese período, el Presidente Javier Milei deberá designar a un interventor con amplias facultades para dictar reglamentos, revisar nombramientos y remover o suspender jueces en caso de irregularidades.
El texto de la iniciativa, que consta de 11 artículos, también instruye al Ministerio de Justicia de la Nación a supervisar el proceso, y al Ministerio de Seguridad a garantizar su cumplimiento mediante la actuación de fuerzas federales, si fuera necesario.
De aprobarse, sería una medida de altísimo impacto institucional, que abriría una nueva etapa en la relación entre la Nación y la provincia de Santa Cruz, y reabriría el debate sobre la independencia real del Poder Judicial en el sur del país.
