Aunque el gobierno provincial defiende la ampliación del TSJ como un avance institucional, en Santa Cruz persisten los cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial. Las reformas, lejos de disipar dudas, reavivan el debate sobre la concentración de poder y la falta de transparencia.
Destacadas07/10/2025
Patagonia Nexo
La provincia de Santa Cruz atraviesa un momento clave en la redefinición de su sistema judicial. La reciente ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cinco a nueve miembros, con la posterior designación de nuevos vocales por parte de la Legislatura, no es solo una decisión técnica o administrativa: es un movimiento profundamente político, que desnuda la tensión histórica entre independencia judicial y control del poder político.
La narrativa oficial justifica esta ampliación con argumentos razonables: agilizar los tiempos de la Justicia, ampliar la representatividad territorial en el máximo órgano judicial, y reforzar la institucionalidad en un contexto de creciente conflictividad social. Sin embargo, estos discursos no pueden analizarse en abstracto, sino que deben leerse en el marco de una provincia con una fuerte tradición de concentración de poder.
Desde hace décadas, Santa Cruz ha sido escenario de una estrecha relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, marcada muchas veces por la subordinación del segundo al primero. No es casualidad que en cada reforma estructural –como esta ampliación del TSJ– se alzan voces que alertan sobre la cooptación de la Justicia, la falta de concursos transparentes y el riesgo de consolidar un sistema donde el “control de constitucionalidad” se ejerce bajo una lógica partidaria.
¿Más jueces, mejor justicia?
El debate no es menor: ¿aumentar la cantidad de jueces implica garantizar una mejor justicia? La respuesta no es automática. Si el proceso de selección de magistrados sigue atado a los intereses del oficialismo de turno, el cambio será de forma, no de fondo. Se corre el riesgo de legitimar un "blindaje institucional" que, lejos de acercar la Justicia a la ciudadanía, la vuelve aún más lejana e inoperante frente a los conflictos sociales, laborales y políticos que atraviesan a la provincia.
La situación actual se da, además, en un contexto de creciente reclamo de los trabajadores estatales y municipales por mejoras salariales y condiciones laborales dignas. En ese marco, el rol de la Justicia como garante de derechos fundamentales debería ser más activo, más presente, más imparcial. Sin embargo, muchas veces su intervención llega tarde, o directamente no llega.
¿Qué justicia necesita Santa Cruz?
Santa Cruz necesita una justicia ágil, cercana, proba y verdaderamente independiente. Una justicia que esté a la altura de los tiempos que corren, que escuche a las comunidades, que garantice el acceso igualitario al sistema judicial sin importar el poder adquisitivo o el color político.
Las reformas estructurales deben ir acompañadas de una profunda transformación cultural dentro del Poder Judicial: menos corporativismo, más transparencia; menos burocracia, más accesibilidad. Y sobre todo, un compromiso real con la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la justicia social.
El desafío está planteado. El riesgo también. Porque una Justicia funcional al poder no es Justicia. Es apenas una extensión del Ejecutivo, disfrazada de imparcialidad.
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