Los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa calificaron la iniciativa como un retroceso institucional que vulnera la independencia de poderes y atenta contra la estructura judicial vigente.
Info. General06 de octubre de 2025
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El conflicto judicial en Santa Cruz escala. El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa repudiaron de manera tajante el proyecto de ley que busca restituir a Eduardo Sosa como Procurador General de la provincia, presentado por el diputado Pedro Luxen, del bloque SER, por impulso directo del gobernador Claudio Vidal. La propuesta ingresó el viernes 3 de octubre a la Cámara de Diputados y será tratada en sesión extraordinaria este lunes 6 de octubre.
El texto plantea una modificación estructural dentro del sistema judicial santacruceño, reinstalando un cargo eliminado en 1995 bajo la gestión de Néstor Kirchner. Sosa había sido apartado tras la sanción de la Ley 2404, que dividió el rol de Procurador General entre la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia y la Defensoría General. Aunque la Corte Suprema de Justicia ordenó en reiteradas ocasiones su restitución, nunca se concretó.
Hoy, la presentación del proyecto reabre una herida institucional y genera un rechazo unánime en el ámbito judicial. Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que la iniciativa “centraliza el poder bajo criterios políticos, limita la independencia funcional y rompe el equilibrio de poderes establecido en la reforma constitucional de 1994”.
Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa fue contundente:
el proyecto “elimina la Defensoría General, destruye la defensa pública integral y somete su funcionamiento a una estructura jerárquica que viola la autonomía garantizada por la Constitución Nacional y Provincial”.
Ambos organismos coincidieron en que la aprobación de esta ley implicaría un grave retroceso institucional. “No es una defensa corporativa, es una defensa de la Constitución y de la independencia judicial”, remarcaron en un comunicado firmado por fiscales y defensores de toda la provincia.
En un mensaje directo a la Legislatura, exigieron:
“evaluar con responsabilidad institucional cualquier modificación y garantizar el respeto irrestricto a la independencia del Ministerio Público”
El pronunciamiento fue categórico:
“Este proyecto debe ser retirado de inmediato. Avanzar con su tratamiento es atentar contra el orden constitucional y la división real de poderes en Santa Cruz.”
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