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Confirman que el acuerdo de precios por la carne seguirá hasta fin de año

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Julián Domínguez, ministro de Agricultura, realizó el anuncio luego de acordar la flexibilización del freno a las importaciones de carne.

Julián Domínguez, ministro de Agricultura de la Nación, confirmó este martes que el acuerdo de precios por la carne seguirá hasta fin de año.
“Las reglas de juego claras están, las medidas que fijó el Ministerio de Producción vamos a extenderla dos meses más”, indicó en diálogo con C5N.

Después de acordar la flexibilización del freno a las importaciones de carne en la reunión con la Mesa de Enlace, Domínguez subrayó que “no hay ninguna razón para que suba la carne”.

“El acuerdo continúa hasta el 31 de diciembre”, ratificó el ministro de Agricultura. Asimismo, indicó que el Gobierno tiene un compromiso de que no suban los precios ya que la carne es un “bien cultural”.

Al mismo tiempo, Domínguez indicó que “los gobernadores y las entidades coincidieron y tienen la proyección que el 2020 en que la Argentina más carne exportó”. Y aclaró: “Las exportaciones argentinas están reducidas en un 50%, no están cerradas” y aseguró que “no hay frigoríficos con gente suspendida”.

Junto al Jefe de Gabinete Juan Manzur, el ministro de Agricultura anunció que a partir del próximo lunes se liberarán las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China. “Respecto de la cuestión de la carne con destino a China, se abren las exportaciones a partir del día lunes. Resolvemos de esta manera un problema planteado por los gobernadores y las entidades y también la situación de los frigoríficos que no habían podido participar”, destacó

El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Santa Fe, Omar Perotti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, estuvieron presentes en el encuentro. También participaron el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; y de Coninagro, Elbio Laucirica.


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Eduardo Barcesat: «El poder real espera la inhabilitación a perpetuidad de Cristina»

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El constitucionalista asegura que todo el proceso contra la vicepresidenta «no puede calificarse de causa» y ofrece su interpretación del futuro inmediato, luego de la sentencia del 6 de diciembre.

Por: Tatiana Scorciapino

Después de seis años, dos tribunales y miles de análisis políticos, la Causa Vialidad, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada por supuesta adjudicación ilícita de obras públicas en Santa Cruz, tendrá este martes su primera sentencia. Lejos de los deseos del campo popular, se espera que la vicepresidenta sea condenada en primera instancia por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, tras el pedido de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que realizó el fiscal Diego Luciani. A pesar de que la resolución no será definitiva, puesto que la defensa tiene derecho a presentar apelaciones y que un tribunal de mayor jerarquía defina su caso, hay una premisa indeclinable: la dos veces presidenta de la nación recibirá una condena penal.

Sea cual sea la decisión del tribunal, la sentencia provocará un sinfín de reacciones que podrían afectar el desarrollo político del oficialismo y la oposición. Al respecto, el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, mostró su preocupación frente al desarrollo de la causa y puso en evidencia las irregularidades que se vieron durante todo el litigio.

-¿Se cumplió el debido proceso legal en toda la causa?

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-No, esta es una causa ficcional. Es una pústula institucional de un proceso cerrado, que fue reavivado por una jugarreta inmunda, y apartado de los jueces naturales de la causa que, por competencia territorial, debería ser la Justicia Federal de Santa Cruz. Este tribunal ya había expedido su sentencia pero, como no quedaron conformes, se le quitó la competencia y se inventó un nuevo hecho para reabrirla y llegar a esta instancia. Esta causa es un “como si existiera”, pero no es real. Es un expediente, no puede calificarse como causa. Un expediente en el que, además, toda la prueba pedida por la fiscalía le resultó adversa a la propia entidad. A pesar de todas las irregularidades, se genera un epifenómeno de esta ficción que es la acusación fiscal.

-Diego Luciani se convirtió en uno de los hombres más felicitados por la oposición, ¿qué análisis hace de su rol en la causa?

-A pesar de los elogios que recibió de la prensa hegemónica, su acusación fue insolvente y torpe. Tal este punto, que la propia fiscalía desistió de contestar los alegatos de los defensores de la vicepresidenta.

-Con su ejercicio cuestionado, ¿podría recibir alguna sanción por su rol en esta causa?

-Se debería apercibir a ambos fiscales. El tribunal debería remitirse al Ministerio Público Fiscal, que es el equivalente del Consejo de la Magistratura, y que sean sancionados por los ex fiscales que integran el organismo. Pero está claro que esto no sucederá. Con la presencia de (Eduardo) Casal a cargo de la Procuración General de la Nación es impensado que le escupa el rostro a otros fiscales, mucho menos, si son los que están acusando a la vicepresidenta.

-Teniendo tantas pruebas de la mala ejecución del fiscal, ¿por qué se dio lugar a que avance el juicio?

-Esto es consecuencia directa del lawfare, que es una descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sólo que en lugar de emplear el secuestro, la desaparición forzada, los centros clandestinos y la tortura, se utiliza el proceso judicial y ficcional como forma de sacar de pista al enemigo o adversario político. Tal como quedó a la vista en la investigación por el atentado a la vicepresidenta, hay manos muy superiores que estuvieron detrás de todo este proceso judicial.

-¿Es razonable que, de antemano, se dé por sentada la decisión del tribunal?

-No. Por eso, hay que poner de relieve que esto es un golpe de estado preventivo. Aplican esta jugada ante la posibilidad de que la figura de mayor realce político en la Argentina pueda encabezar o integrar una fórmula de amplio respaldo popular y progresista. De esta forma, se le quita al Frente de Todos un 35% de su caudal electoral efectivo, un índice que, hasta ahora, ninguna otra personalidad puede rellenar.

-¿Cómo quedaría parado el Frente de Todos con una posible condena a CFK?

-Sin dudas esta decisión de la justicia golpearía a la capacidad electoral de Cristina y, por consiguiente, de todo el oficialismo. Porque, obviamente, cualquier persona que reciba una condena en primera instancia perderá credibilidad ante la opinión pública nacional. Esto es, en definitiva, lo que buscan el tribunal y el poder real, que quieren a la vicepresidenta fuera del juego político.

-¿La ex presidenta podría quedar inhabilitada antes del cierre de listas?

-Desde el punto de vista de los tiempos judiciales, es algo muy remoto. Pero desde el punto de vista de los tiempos de la política y del lawfare es probable que lo ejecuten.

-A pesar del fallo, la vicepresidenta tiene derecho a apelar la decisión del tribunal ¿cuál es el siguiente paso en el proceso judicial?

-Primero estará la lectura de la parte dispositiva, donde se condena o se absuelve. Entre fines de febrero o marzo se hará la lectura de los considerandos de la sentencia, que es el momento en que corre el plazo para que la defensa o la Fiscalía interpongan el recurso de casación, la última instancia del proceso penal. Este proceso, normalmente llevaría todo el año 2023. Pero, como está a la vista, esto no es nada normal. Por lo que es muy probable que fijen una audiencia de sustanciación del recurso casatorio en marzo o abril, en vísperas del armado electoral.

-Teniendo en cuenta que su decisión puede afectar al desarrollo de la continuidad política y social del país, ¿cómo considera que fallarán los jueces?

-El tribunal, previsiblemente, dictará sentencia condenatoria. Pero, en este caso, no importa el tiempo de la pena privativa de libertad que disponga el Tribunal, lo que está esperando el poder real es que se declare la inhabilitación a perpetuidad o con un plazo determinado para que la vicepresidenta ejerza cargo públicos.

-¿La advertencia de manifestaciones a lo largo del país podría hacerlos cambiar su sentencia?

-Los jueces tienen que tener conciencia que, en caso de condenarla, se descolocan totalmente para cualquier futuro de que en una Argentina que recupere su estado de derecho. Con la sentencia, iniciará realmente lo que llamamos la pelea de fondo. En esta instancia deberá aparecer un nuevo contendiente, que es la movilización popular. El artículo 36 de la Constitución Nacional, que expone el derecho de resistir los actos de violencia institucional, debe ser invocado por el pueblo argentino para ponerle freno a una sentencia que humilla el discurso jurídico y la práctica jurisdiccional. En esta realidad, que el pueblo recupere el estado de derecho es una consigna revolucionaria.


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