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Desempleados que cumplan con los 30 años de aportes podrán jubilarse de manera anticipada

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El jefe de Gabinete, Juan Manzur y la titular del ANSES, Fernanda Raverta se encuentran reunidos y anunciarán esta noticia para los desempleados.

Este miércoles, el Gobierno anunciaría la jubilación anticipada para personas mayores de 55 años que se encuentren desocupadas y cuenten con los años de aportes necesarios para acceder a ese beneficio.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, se encuentran reunidos y anunciarían esta noticia en un acto oficial.
Esta jubilación anticipada alcanzará a hombres de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años, a quienes garantizará la cobertura social y el 80% del haber que le corresponda. Cuando cumplan la edad jubilatoria requerida , estas personas pasarán a percibir el 100% del haber de forma automática.

Días atrás, Fernanda Raverta había revelado que el Gobierno estaba trabajando en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada.

Y expresó: “Estamos construyendo una política que da respuesta a un problema que tenemos las argentinas y argentinos: hay personas que trabajaron toda su vida, que tienen sus 30 años de aportes y que, en los últimos años del gobierno anterior o incluso en la pandemia, perdieron su trabajo, no se pueden jubilar todavía y por su edad tienen una enorme dificultad para reincorporarse al mercado formal de trabajo”.


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Eduardo Barcesat: «El poder real espera la inhabilitación a perpetuidad de Cristina»

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El constitucionalista asegura que todo el proceso contra la vicepresidenta «no puede calificarse de causa» y ofrece su interpretación del futuro inmediato, luego de la sentencia del 6 de diciembre.

Por: Tatiana Scorciapino

Después de seis años, dos tribunales y miles de análisis políticos, la Causa Vialidad, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada por supuesta adjudicación ilícita de obras públicas en Santa Cruz, tendrá este martes su primera sentencia. Lejos de los deseos del campo popular, se espera que la vicepresidenta sea condenada en primera instancia por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, tras el pedido de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que realizó el fiscal Diego Luciani. A pesar de que la resolución no será definitiva, puesto que la defensa tiene derecho a presentar apelaciones y que un tribunal de mayor jerarquía defina su caso, hay una premisa indeclinable: la dos veces presidenta de la nación recibirá una condena penal.

Sea cual sea la decisión del tribunal, la sentencia provocará un sinfín de reacciones que podrían afectar el desarrollo político del oficialismo y la oposición. Al respecto, el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, mostró su preocupación frente al desarrollo de la causa y puso en evidencia las irregularidades que se vieron durante todo el litigio.

-¿Se cumplió el debido proceso legal en toda la causa?

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-No, esta es una causa ficcional. Es una pústula institucional de un proceso cerrado, que fue reavivado por una jugarreta inmunda, y apartado de los jueces naturales de la causa que, por competencia territorial, debería ser la Justicia Federal de Santa Cruz. Este tribunal ya había expedido su sentencia pero, como no quedaron conformes, se le quitó la competencia y se inventó un nuevo hecho para reabrirla y llegar a esta instancia. Esta causa es un “como si existiera”, pero no es real. Es un expediente, no puede calificarse como causa. Un expediente en el que, además, toda la prueba pedida por la fiscalía le resultó adversa a la propia entidad. A pesar de todas las irregularidades, se genera un epifenómeno de esta ficción que es la acusación fiscal.

-Diego Luciani se convirtió en uno de los hombres más felicitados por la oposición, ¿qué análisis hace de su rol en la causa?

-A pesar de los elogios que recibió de la prensa hegemónica, su acusación fue insolvente y torpe. Tal este punto, que la propia fiscalía desistió de contestar los alegatos de los defensores de la vicepresidenta.

-Con su ejercicio cuestionado, ¿podría recibir alguna sanción por su rol en esta causa?

-Se debería apercibir a ambos fiscales. El tribunal debería remitirse al Ministerio Público Fiscal, que es el equivalente del Consejo de la Magistratura, y que sean sancionados por los ex fiscales que integran el organismo. Pero está claro que esto no sucederá. Con la presencia de (Eduardo) Casal a cargo de la Procuración General de la Nación es impensado que le escupa el rostro a otros fiscales, mucho menos, si son los que están acusando a la vicepresidenta.

-Teniendo tantas pruebas de la mala ejecución del fiscal, ¿por qué se dio lugar a que avance el juicio?

-Esto es consecuencia directa del lawfare, que es una descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sólo que en lugar de emplear el secuestro, la desaparición forzada, los centros clandestinos y la tortura, se utiliza el proceso judicial y ficcional como forma de sacar de pista al enemigo o adversario político. Tal como quedó a la vista en la investigación por el atentado a la vicepresidenta, hay manos muy superiores que estuvieron detrás de todo este proceso judicial.

-¿Es razonable que, de antemano, se dé por sentada la decisión del tribunal?

-No. Por eso, hay que poner de relieve que esto es un golpe de estado preventivo. Aplican esta jugada ante la posibilidad de que la figura de mayor realce político en la Argentina pueda encabezar o integrar una fórmula de amplio respaldo popular y progresista. De esta forma, se le quita al Frente de Todos un 35% de su caudal electoral efectivo, un índice que, hasta ahora, ninguna otra personalidad puede rellenar.

-¿Cómo quedaría parado el Frente de Todos con una posible condena a CFK?

-Sin dudas esta decisión de la justicia golpearía a la capacidad electoral de Cristina y, por consiguiente, de todo el oficialismo. Porque, obviamente, cualquier persona que reciba una condena en primera instancia perderá credibilidad ante la opinión pública nacional. Esto es, en definitiva, lo que buscan el tribunal y el poder real, que quieren a la vicepresidenta fuera del juego político.

-¿La ex presidenta podría quedar inhabilitada antes del cierre de listas?

-Desde el punto de vista de los tiempos judiciales, es algo muy remoto. Pero desde el punto de vista de los tiempos de la política y del lawfare es probable que lo ejecuten.

-A pesar del fallo, la vicepresidenta tiene derecho a apelar la decisión del tribunal ¿cuál es el siguiente paso en el proceso judicial?

-Primero estará la lectura de la parte dispositiva, donde se condena o se absuelve. Entre fines de febrero o marzo se hará la lectura de los considerandos de la sentencia, que es el momento en que corre el plazo para que la defensa o la Fiscalía interpongan el recurso de casación, la última instancia del proceso penal. Este proceso, normalmente llevaría todo el año 2023. Pero, como está a la vista, esto no es nada normal. Por lo que es muy probable que fijen una audiencia de sustanciación del recurso casatorio en marzo o abril, en vísperas del armado electoral.

-Teniendo en cuenta que su decisión puede afectar al desarrollo de la continuidad política y social del país, ¿cómo considera que fallarán los jueces?

-El tribunal, previsiblemente, dictará sentencia condenatoria. Pero, en este caso, no importa el tiempo de la pena privativa de libertad que disponga el Tribunal, lo que está esperando el poder real es que se declare la inhabilitación a perpetuidad o con un plazo determinado para que la vicepresidenta ejerza cargo públicos.

-¿La advertencia de manifestaciones a lo largo del país podría hacerlos cambiar su sentencia?

-Los jueces tienen que tener conciencia que, en caso de condenarla, se descolocan totalmente para cualquier futuro de que en una Argentina que recupere su estado de derecho. Con la sentencia, iniciará realmente lo que llamamos la pelea de fondo. En esta instancia deberá aparecer un nuevo contendiente, que es la movilización popular. El artículo 36 de la Constitución Nacional, que expone el derecho de resistir los actos de violencia institucional, debe ser invocado por el pueblo argentino para ponerle freno a una sentencia que humilla el discurso jurídico y la práctica jurisdiccional. En esta realidad, que el pueblo recupere el estado de derecho es una consigna revolucionaria.


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