La marcha por las universidades fue millonaria y heterogénea en todo el país. Midió el fin del tiempo de gracia. Desde ahora el gobierno depende de sus acciones. Su respuesta es desmantelar dos hospitales de alta calidad.

Por Luis Bruschtein

La masividad de las marchas en todo el país, la participación de políticos de distintas fuerzas y las expresiones de los manifestantes confirmaron que la inercia del triunfo electoral ya no alcanza para frenar la bronca por el ajuste. La política se liberó de esa imagen congelada. Cristina saludó a los manifestantes en la calle, Lousteau encabezó la columna radical. Massa apareció por primera vez desde las elecciones. Y hasta se hizo presente Horacio Rodríguez Larreta.

La columna radical que entró por Callao fue muy numerosa. Todos ellos fueron votantes de Javier Milei. En los actos masivos de Córdoba y Mendoza, la mayoría votó al gobierno que fueron a criticar. En Córdoba llevaron una maqueta gigante de la motosierra que fue destruida por estudiantes armados con lápices. Es probable que esos chicos no lo hayan votado. Pero todos los que estaban alrededor aplaudían.

Hacía tiempo que no había actos tan masivos en las calles de Mendoza y Córdoba. Dos dirigentes radicales ultraoficialistas, el ministro de Defensa, Luis Petri y el diputado Rodrigo de Loredo, provienen de esas provincias cuyo voto en los últimos años tuvo un sesgo conservador.

De todos modos, gran parte de los movilizados en Buenos Aires, los que llegaron fuera de las columnas y los que lo hicieron en las agrupaciones, eran peronistas y kirchneristas que vienen haciendo una gimnasia de la movilización antimileísta junto con la izquierda.

Aunque las universidades son de todos los argentinos y constituyen una herramienta de movilidad social ascendente para los trabajadores, la marcha fue de clase media con aportes de otros sectores. Es un dato sobre la complejidad de la clase media, una advertencia para evitar simplificaciones.

Muchos criticaron a los políticos por no haber participado en las protestas anteriores. Pero si lo hubieran hecho, los hubieran acusado de embanderar los actos. Y la propaganda antipolítica del gobierno hubiera sido más efectiva. Son condiciones que cambian según los tiempos.

Si hubieran participado en las marchas anteriores, el efecto hubiera sido más negativo que positivo. Ahora fue al revés: a nadie le importó que el gobierno calificara a la marcha de “política”. Y cada fuerza se sintió acompañada por sus dirigentes y no les importó que también fueran dirigentes de otros partidos.

Parece un dato menor, pero el discurso de la antipolítica ha sido el principal del gobierno y la marcha demostró que ya no tiene la misma fuerza. Los comportamientos de la clase media suelen ser indicadores del humor social reconocido como lo que está bien o mal. No pasa lo mismo cuando protestan los movimientos sociales o los trabajadores. En parte, el trabajo de los políticos es medir esos tiempos. Por eso no fue tan casual que coincidieran.

Han participado legisladores y, como una excepción, también Axel Kicillof sin que su presencia fuera conflictiva. Pero no pudo estar el miércoles porque se encontraba en México como representante de los argentinos en la asunción de la nueva presidenta ya que el gobierno no quiso enviar ninguna delegación. Pero Kicillof ha sido la excepción.

El radicalismo priorizó durante mucho tiempo el antiperonismo por encima de otras convocatorias. Hasta el miércoles, había preferido entregarle la calle al peronismo y la izquierda para que no lo acusaran de compartir espacio con ellos. El ajuste también empezó a mellar el discurso antiperonista. No es porque se vuelquen al peronismo sino porque los problemas que conlleva el ajuste son más concretos y urgentes que el color de la camiseta.

Los manifestantes no hablaban sólo de presupuesto universitario. La carestía de la vida estaba en boca de todos. El veto inminente a la ley de Financiamiento Universitario funcionó como la gota que rebalsó el vaso. Algo que ya venía del conflicto con los jubilados. Y fue un disparador de la protesta por todo lo demás: los aumentos impagables de los alquileres, los alimentos, los remedios, la luz, el gas, el transporte.

Y muchos jubilados tratando de meter su reclamo cada vez que veían un micrófono y para expresar su solidaridad con los universitarios. Y los chicos hacían lo mismo con ellos. Se reconocían en las dos puntas del camino, las más vulnerables y las más atacadas por este gobierno. Con la marcha del miércoles el humor social terminó de dar la vuelta que empezó con ellos. El derrotero de la política seguirá ese camino.

Si los radicales se atrevieron a compartir la calle con el peronismo, el PRO, está discutiendo cómo votará el próximo miércoles, cuando tratarán de voltear el veto presidencial. Las perspectivas son muy parejas porque al oficialismo sólo le alcanza con impedir que la oposición junte los dos tercios de los presentes.

“¿Para qué voy a ir a comer milanesas si después no cumple nada?”, dicen que dijo Macri. Hay senadores del PRO, como Luis Juez que no quisieran votar contra la gente que marchó este miércoles en su ciudad. En el radicalismo dicen que tienen asegurado el voto contra el veto, que no habrá panqueques ni faltazos como en la de los jubilados. Unión por la Patria votará en contra con una disciplina que hasta ahora tuvo muy pocos infieles. Le resultará difícil al gobierno conseguir aliados y ya está presionando para cobrar aranceles en las universidades.

En el peronismo corren también los tiempos de sus internas. Cristina Kirchner ha reaparecido en forma progresiva y, tras el acto, numerosos dirigentes plantearon la candidatura de la ex presidenta para encabezar el PJ nacional como forma de ordenar a la principal fuerza de oposición. La irrupción de Cristina Kirchner es quizás el indicio más fuerte del cambio de escenario o el fin del período de gracia que tienen los presidentes cuando asumen. A partir de ahora valdrán sus políticas concretas y su impacto en la sociedad.

Un indicio del rumbo que seguirá el gobierno, que parece no percibir el cambio de escenario, está expuesto en la intención de desmantelar el Hospital Garrahan de niños y de cerrar el Hospital Laura Bonaparte, de salud mental y adicciones. Son medidas que ponen en peligro la vida de miles de pacientes que se atienden en esos hospitales de alta calidad. En este año, el Laura Bonaparte atendió a más de 25 mil pacientes. En un país que, como el resto del planeta, sufre el flagelo de la droga, el gobierno cerrará el único servicio de salud con estrategias de prevención y rehabilitación.

El ajuste se centró primero en los jubilados, sacándoles el 30 por ciento de sus jubilaciones y, al mismo tiempo que liberaban el precio de los remedios, les sacaron la gratuidad. Después fueron las universidades y la investigación científica, a las que desfinanciaron, y ahora son los hospitales que tienen relación con el gobierno nacional. Pero en el caso de la salud, está en riesgo la vida de miles de personas, por lo que las autoridades sanitarias podrán sufrir consecuencias penales.

Este gobierno pasará a la historia como el único que unió estupidez y crueldad al intentar el cierre de universidades y hospitales.