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Precios congelados: estacioneros alertan por un eventual desabastecimiento de combustibles

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Tras el anuncio por parte del Gobierno de postergar hasta marzo la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), referentes de estaciones de servicio mostraron su preocupación por el impacto que puede tener la medida en el sector y alertaron por el creciente desabastecimiento que experimentan las estaciones del interior del país.

«De acuerdo a un informe dela Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), la situación de las estaciones de servicio es compleja, donde más de la mitad (52,3 por ciento) no lograr vender volúmenes de combustible suficientes como para alcanzar el punto de equilibrio, operando directamente a pérdida», indicaron en un comunicado.

«Este cuadro se viene agravando en los últimos meses por las denuncias de estaciones de bandera blanca (muy presentes en rutas o pueblos de menor densidad urbana) que dejan de recibir combustible o se enfrentan a escenarios donde se aplican cupos de venta. Es que en escenarios donde las petroleras no logran rentabilidad vendiendo sus productos, prefieren guardar el combustible para abastecer a las estaciones propias, lo que deja afuera a los jugadores más chicos», señalaron.

“Es complejo que se tomen medidas como este decreto que congela el precio sin contemplar las consecuencias. El campo empieza en poco tiempo a trabajar la cosecha y las máquinas agrícolas no tienen garantizado el abastecimiento del combustible. También está la demanda por la temporada turístico, otro factor que suma presión”, sostuvo Gabriel Bornoroni, presidente de CECHA.

Acuerdo salarial

Por otro lado, las cámaras de estacioneros que conforman Expendedores Unidos sostuvieron que el aumento salarial firmado por la Federación de Entidades de Combustibles (FEC) «supera ampliamente la inflación» y afirmaron que será difícil de afrontar porque «más del 50% de las estaciones de servicio trabajan por debajo de su punto de equilibrio, directamente a pérdida».

En un comunicado, Expendedores Unidos aseguraron que en enero de este año el salario básico de un playero era de 51.569 pesos y, según el acuerdo firmado por FEC, en igual mes del 2022 ascenderá a «89.401 pesos, un aumento del 73% interanual y de casi 120% en dos años».

«Los valores expuestos indican que los aumentos salariales arribados por FEC, en su limitado ámbito real de incumbencia, superan en más del 20% los niveles inflacionarios y los incrementos que se han verificado en las demás actividades sectoriales», agregó el escrito.

Frente a ello, la asociación de cámaras pidió «diálogo y racionalidad a la hora de paritar los salarios de nuestra actividad».

«Propiciamos mantener las fuentes de empleo y una digna retribución para nuestros trabajadores, pero ello será imposible con estaciones de servicio cuya actividad resulta por demás inviable», añadió Expendedores Unidos.

«Enfrentamos la situación más crítica de los últimos años, con una pandemia de por medio, congelamiento de nuestros ingresos y menguados o nulos volúmenes disponibles para el expendio de combustibles, según la situación operativa de cada petrolera y/o de las estaciones blancas, que acechan cada vez más nuestra actividad», agregaron.

Expendedores Unidos está conformada por la Federación de Empresarios Combustibles de la Republica Argentina; la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido; AFS; la Asociación de Operadores de YPF; y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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