SOCIEDAD
Universidades: Para los rectores, el aumento anunciado «no soluciona el problema»

Después del anuncio oficial de un falso acuerdo con las universidades para actualizar la asignación presupuestaria, el Gobierno siguió operando para distender el conflicto con la comunidad académica e intentar desalentar la marcha nacional convocada para próximo martes en reclamo de más fondos para la educación superior. Pero no tuvo éxito. Diversas voces del ámbito universitario reiteraron que no se alcancó ningún acuerdo y que los fondos anunciados por la Secretaría de Educación son insuficientes. También reafirmaron la importancia de la marcha del 23. A última hora del viernes, desde Casa Rosada convocaron a los rectores universitarios a una reunión para el martes 30.
El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, desmintió la existencia de un acuerdo con el gobierno de Javier Milei, tras la información difundida por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que versaba sobre un aumento en los recursos destinados a gastos de funcionamiento de las universidades. “Da la impresión de que el Gobierno solo quiere desactivar la marcha. No hubo un acuerdo, ellos hicieron una propuesta”, afirmó Gelpi. Capital Humano ofreció un aumento del 70 por ciento en las partidas para gastos, que involucran una porción mínima del presupuesto universitario. La misma cartera ya había anunciado otro 70 por ciento de mejora para las mismas partidas, pero aún no se ejecutó. El actual presupuesto universitario es una prórroga del de 2023, pese a que se registró una inflación anual superior al 280 por ciento.
“El problema es que con este 70 por ciento estamos por debajo de la inflación, con lo cual no se soluciona el problema”, explicó el rector Gelpi, quien enfatizó el incumplimiento de las promesas realizadas por las autoridades gubernamentales. “El primer 70 por ciento del que hablan, no existe. Todas las semanas nos dicen que van a depositarlo, y aún no hay nada”, aseguró.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, detalló que «los gastos de funcionamiento representan solo el 10 por ciento del presupuesto universitario. El otro 90 por ciento son salarios (de docentes y trabajadores no docentes), que ya perdieron un 35 por ciento desde diciembre, comparados con la inflación”.
Otro de los funcionarios universitarios que se expresó fue el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco. “El Gobierno quiere invalidar o cuestionar la marcha”, planteó. “Nosotros la marcha la vamos a hacer porque la sociedad se la merece. Tenemos que visibilizar la situación de la educación superior que es un derecho de la sociedad. No estamos defendiendo la universidad en términos corporativos, la defendemos porque tenemos que sostener la capacidad para que se desarrolle el país, que es a través del conocimiento”, remarcó Greco, presidente saliente del Consejo Interuniversitario Nacional.
Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA, reclamó: “Tiene que haber un aumento por la inflación. No entiendo cómo lo ven tan claro para los senadores, pero no para este lado”, aseguró en diálogo con la AM750. Respecto del hospital, en el cual hubo un masivo abrazo simbólico en su defensa, informó que está funcionando “a muy escasa actividad”, lo cual dificulta la concreción de los turnos, tratamientos y operaciones programadas.
Cuando el jueves el Gobierno difundió un acuerdo que no existía con las universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -el órgano que reúne a los rectores- desmintió esa versión y avisó: “Quedamos a la espera de la invitación en la que se nos comparta, formalmente, la medida”, el aumento para las partidas de funcionamiento. A última hora del viernes, la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, confirmó la convocatoria a las autoridades de las universidades nacionales a una reunión el martes 30 de abril. Antes tendrá lugar la marcha nacional univeristaria convocada para el 23 en Plaza de Mayo. Ese mismo día se esperan movilizaciones de la comunidad académica en todo el país.
PROVINCIALES
Atentaron contra la obra de tendido de gas en Río Gallegos

La obra de tendido de gas en el barrio 22 de Septiembre de Río Gallegos, que beneficiará a más de 800 familias, sufrió un grave atentado esta semana.

Desconocidos provocaron daños en las maquinarias que trabajan en el lugar, rompiendo vidrios de los equipos, y en las últimas horas vandalizaron caños que ya habían sido instalados.
Jorge Fabatia, jefe de obra de la empresa ejecutora, explicó que los caños de polietileno de alta densidad (PEAD) fueron dañados con clavos y martillos. “Lamentablemente pareciera que hay gente que no quiere que se termine la obra, perjudicando a cientos de familias de Río Gallegos”, señaló.

La obra consiste en la colocación de más de 12 kilómetros de cañerías de distribución y ramales domiciliarios, trabajos que permitirán llevar por primera vez el servicio de gas natural a un barrio que hasta hoy depende de garrafas. El proyecto incluye además la construcción de la red troncal, la instalación de válvulas de seguridad y las conexiones necesarias para que cada familia pueda contar con el servicio en su hogar.

La concreción de esta obra representa un paso clave en la mejora de la calidad de vida de cientos de vecinos, ya que permitirá reducir costos, mejorar la calefacción en los hogares y garantizar un suministro energético seguro. Por eso, el atentado genera una especial preocupación en la comunidad, que espera con expectativa la finalización de los trabajos.
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