NACIONALES
Renuncia de Máximo Kirchner, acto por la Corte Suprema: La hora de las decisiones al filo
El debate que abrió en el Frente de Todos el acuerdo con el FMI y el acto por una justicia democrática definen el escenario político. La oposición se abroquela en defensa de una justicia armada a su medida y reepite la obsecuencia con los acreedores que dejó al país con una deuda impagable.
La renuncia de Máximo Kirchner en desacuerdo con la negociación con el FMI, la marcha a Tribunales contra la Corte del lawfare y el viaje de Alberto Fernández a China y Rusia, que motivó la inusitada crítica de Mauricio Macri, plantearon en la semana las disyuntivas que debe atravesar el país que todavía sufre el asedio de la pandemia. En cada una de esas encrucijadas se juega un tipo de país diferente. Ahora más que nunca resulta ridícula la denominación de “Cambiemos” con la que se autodescribió la fuerza que no quiere cambiar nada. En las tres opciones constituye el polo conservador: es la que tomó la deuda y metió al FMI, la que formó la Corte y manipuló jueces con su mesa judicial y la que profundizó el esquema de patio trasero de Washington.
La obsecuencia de Macri con Donald Trump quedó cristalizada en dos imágenes: las palmaditas que le daba como si fuera su mascota y cuando lo dejó con la mano extendida en la reunión del G20. Antes de Trump, Macri había designado canciller a Susana Malcorra, una especie de secretaria de la canciller norteamericana Hillary Clinton, en la ONU. En contrapartida desmontó por cuestiones ideológicas tres grandes inversiones de alrededor de seis mil millones de dólares que iban a realizar los rusos y los chinos en megarepresas en Neuquén y Santa Cruz.
La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos generó alto revuelo. Se habló de crisis, de rupturas y hasta anunciaron la defunción de la alianza para el mes de junio. Pero la aclaración de que permanecía en el bloque partidario indicó que, antes que ruptura, el gesto del jefe de la Cámpora y titular del PJ bonaerense, fue síntoma de un reacomodo de las fuerzas internas del Frente. Habrá una vuelta de tuerca para buscar el punto de armonía entre las diferencias y lo que los une.
El debate en el Frente de Todos por la renuncia de Máximo
La decisión de Máximo fue criticada por los que sintieron que debilitaba al gobierno en un mal momento. Y fue avalada por los que coincidían con el planteo crítico por la negociación con el Fondo. De hecho no es lo más común que alguien renuncie a un lugar de poder por un planteo ético.
Más allá de esa discusión es evidente que buscó generar un hecho político, que tomó la forma de protesta –y hasta de advertencia– al presidente Alberto Fernández por no tomar en cuenta otras posiciones a lo largo de una negociación en la que seguramente se produjeron tironeos en temas estratégicos: la reducción del déficit en medio punto más de lo que estaba previsto, la reducción de la emisión y el aumento de las tasas de interés.
A partir de los planteos públicos del gobierno, se había creado expectativa sobre algunos puntos que no se alcanzaron, como la ampliación de los plazos y la anulación de sobretasas. Las críticas están centradas en esos puntos, algunos de los cuales se seguirán discutiendo con el Fondo. Y se requerían metas más flexibles en las tres señaladas más arriba.
Los que rescatan la negociación como un mal menor, rechazan que se haya perdido la conducción de la economía. Afirman que no había forma de salir indemne de esta puja por una suma desopilante con las principales potencias. Y reivindican que esas tres variables plantean un escenario, dentro del cual el gobierno puede decidir políticas y medidas.
En este punto dan como ejemplo la reducción del déficit y recuerdan el pedido de Cristina Kirchner a que el Fondo colabore en el esfuerzo para que el mayor peso recaiga en quienes fugaron los millones de dólares que ahora hay que pagar. La AFIP indicó en la semana, que tiene nueva información sobre depósitos de argentinos en el exterior y que serán prioridad en las estrategias de recaudación. Pero disminuir el déficit sólo con un crecimiento del 4 por ciento –bueno para tiempos normales– no alcanza, señalan los críticos.
Sin embargo, este debate está centrado alrededor de las metas que se plantearon y las que no se consiguieron. No se centró entre el pago y el no pago, que fue otro planteo. Pareciera que para muchos, la propuesta de no pagar sería como si la deuda nunca hubiera existido. Con la idea de que, al no pagar, no habría costos. Pero no pagar podía tener un costo más alto que esta negociación. Se hubieran disparado todas las variables macro y se habría creado un escenario con pocas posibilidades de crecimiento.
Son debates que deciden el futuro de los argentinos. Y lo que hace todo más difícil y complejo es que el 40 por ciento de esas posibles víctimas (o beneficiarios) no saben, siquiera, que la deuda la tomó el gobierno de Cambiemos (o Juntos por el Cambio o Juntos). Piensan que la tomó este gobierno. Durante los próximos catorce años, sus vidas dependerán de algo que no conocen y sobre la que inciden cuando votan.
Cuando se dice que los temas como la deuda o los temas de la Justicia –como el de la Corte del lawfare– no le interesan a la gente, quiere decir que hay un dispositivo relacionado con la información, que mantiene a un sector importante de la población pegado a un inmediatismo individual que facilita su manipulación. Si se suma los malinformados a este sector de desinformados, la política queda arrinconada a discursos mínimos y elementales. Y además tiene que encontrar la forma de llegar porque ya no alcanzan los medios tradicionales.
La militancia hubiera sido una vía concreta de llegada a muchos sectores, pero no tuvo casi ninguna participación en este proceso. La participación puede ser una herramienta problemática, (el que participa tiene derecho a intervenir en las decisiones) pero es la única respuesta que tienen los movimientos populares a partir de su escasa potencia de fuego mediática.
La negociación técnica es solamente una parte de la negociación, porque después el pueblo vota. Una gran movilización sobre este debate en unidades básicas, comedores populares y otros locales, en sindicatos y en las universidades, como la que se produjo con la ley de medios, hubiera creado un escenario diferente.
El desprestigio de un poder judicial a la medida de Macri
Como la economía, la Justicia ha sido otra baja que dejó Mauricio Macri. El acto masivo por “una justicia independiente y democrática” que en CABA se realizó frente a Tribunales el martes y se repitió en otras ciudades puso de manifiesto que por lo menos la mitad del país considera parcial a este Poder Judicial, y fundamentalmente a la Corte. Antes al comisario y al juez los ponía el estanciero. La modernidad suprimió esa imagen grotesca, pero la reemplazó por otros mecanismos que garantizan los mismos resultados.
El gobierno de Cambiemos (o Juntos por el Cambio, o Juntos) llevó ese mecanismo a un límite extremo tras el cual no hay retorno. El desprestigio ha sido tan elocuente que hasta la defensa que quiere hacer el macrismo y sus aliados suena a falsa. El espionaje, la manipulación de jueces y fiscales para formar fueros adeptos, totalmente subordinados a los intereses políticos y económicos que representó el gobierno de Mauricio Macri, no se pueden tapar.
Para algunos, el acto no fue tan masivo y criticaron la ausencia de columnas importantes. En pleno verano, con la mitad de la gente de vacaciones. El acto fue masivo. Más numeroso, incluso, que el que se realizó cuando Néstor Kirchner desplazó a la Corte menemista de la mayoría automática. Si lo copaban las orgas se hubiera convertido en un acto partidario más. Sin embargo, la mayoría de los asistentes llegó por su cuenta, casi sin aparato movilizador y se replicó de la misma forma en todo el país.
En cambio fue patético el acto que hizo la derecha neoliberal para preservar un Poder Judicial hecho a su imagen y semejanza. Por esa razón, el acto de estos conservadores decadentes en su defensa, confirmó la necesidad de transformarlo. Es una Corte que perdió legitimidad y que atenta contra la credibilidad y el consenso que necesita el Poder Judicial. Cada decisión que tome será leída desde su trayectoria parcial y corporativa. La defensa del macrismo no es legítima. Ni siquiera es creíble porque hasta ellos mismos saben que defienden a quienes le obedecieron y protegieron. Para gran parte del país, no existe la Justicia.
Por Luis Bruschtein
NACIONALES
Divide y reinarás: El Gobierno aumenta el presupuesto solo para la Universidad de Buenos Aires
Incrementará un 300 por ciento los recursos destinados a los gastos de funcionamiento. El Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. El vicerrector Emiliano Yacobitti aseguró que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió levantar la emergencia presupuestaria, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Javier Milei por los gastos de funcionamiento, que recibirán una suba del 270 por ciento, y de sus hospitales, cuyo incrementp será cercano al 300 por ciento. En un comunicado, el Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. Tampoco la inversión en ciencia y las obras que están paradas. En tanto otras 60 universidades continúan con el reclamo que llevó a la marcha universitaria y que no fue respondido. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio. Las otras universidades indicaron que el aumento solo a la UBA «resulta inadmisible y provocador«. «No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, lanzaron. El Gobierno quedó a tiro de una cautelar.
Desde el comienzo de las negociaciones con las universidades y, sobre todo, en las reuniones posteriores a la marcha universitaria que resultó masiva en todo el país (algunas estimaciones llegaban al millón de personas), el Gobierno buscó dividir a la UBA del resto de las instituciones. De hecho, tuvieron una atención especial con el rector Ricardo Gelpi, a quien la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, recibió un día antes que al resto. En los encuentros con todos los rectores, el Gobierno escuchó, pero no hubo avances reales en destrabar fondos. De hecho, en una exposición ante el Congreso, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, no pudo dar precisiones sobre cómo se resolverá el conflicto universitario.
A partir de ahí, lo público se separa de las negociaciones a puertas cerradas. Con la UBA particularmente, el encargado de las negociaciones, que pasó a ser Torrendell, tuvo tres reuniones más. Estuvo presente también el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, aunque moderó sus modales. Allí, las autoridades de la UBA insistieron con el planteo de actualizar lo presupuestario y tuvieron varias discusiones, avances y retrocesos. Finalmente, desde el Gobierno nacional aceptaron aumentar aquellas partidas sin las cuales directamente se iba a un cierre de la UBA: el funcionamiento básico (la luz, etc) y el presupuesto para los hospitales. Según confirmaron a este diario, no solo acordaron sino que ya empezaron a pagar.
En el caso de la UBA, los gastos de funcionamiento representan el 14 por ciento de los gastos totales (porque allí hay que contemplar también los seis hospitales; en otras universidades es la mitad de ese porcentaje). «Si ellos no garantizaban ni el presupuesto mínimo para prender las luces, teníamos que cerrar», insistieron desde el rectorado a este diario.
Sigue la discusión
No obstante, en el comunicado que emitió el Consejo Superior de la UBA para anunciar que levantaba la emergencia universitaria, dejaron en claro que sigue la discusión por ese otro 86 por ciento del gasto sobre el que no hubo acuerdo (principalmente, son los salarios docentes y no docentes). Lo que recibieron fue una actualización de los gastos de funcionamiento del 270 por ciento interanual y del 300 por ciento para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculados al área asistencial. Se trata de 26.016.488.265 pesos que el Gobierno les comenzó a transferir con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros 35.436.785.336 de pesos para sostener los niveles de atención de la salud.
“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, señaló la UBA, que también destacó que continúa el “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial como también otras partidas “particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”. Es decir, las obras que están paradas, algunas de las cuales ya estaban en curso.
En materia salarial, no hubo acuerdo con el Frente Sindical de las Universidades: la propuesta del Gobierno, ante una inflación acumulada superior al 70 por ciento, fue: 16 por ciento en febrero, 12 por ciento para marzo y 8 por ciento para abril. Es decir, un 36 por ciento. Los números solos indican por qué están muy lejos de un acuerdo con los gremios. Desde el Consejo Superior de la UBA advirtieron que este acuerdo debería llegar urgente y también se mostraron a favor de que el Congreso sancione una Ley de Financiamiento Universitario que establezca un criterio de actualización para el presupuesto universitario, para que no se repita lo de este año.
Tras el acuerdo, Yacobitti escribió en su cuenta de Twitter: «Gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro». Luego aclaró: «Vamos a seguir reclamando por los salarios docentes y no docentes que perdieron más de un tercio de su capacidad económica en 4 meses, por los recursos para CyT y las obras de mantenimiento de los edificios y laboratorios».
Y luego volvió a aclarar: «También es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes». Esto último quizás tenga que ver con la reacción del resto de las universidades, que tronaron apenas se conoció la noticia.
«Universidades de segunda»
Todas las universidades vienen funcionando con un presupuesto que se votó a fines de 2022 y que, insisten, es insuficiente para llegar no ya a fin de este año, sino a mitad de año en algunos casos. Por lo tanto, apenas se conoció el aumento para la UBA, las otras 60 casas de estudio pusieron el grito en el cielo y hablaron de una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno.
Hubo una reunión de emergencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para tratar el tema. «Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, señaló antes de ingresar a la reunión Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.
El CIN emitió luego un comunicado que dejó en claro como estaban los ánimos: «Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, remarcaron los rectores en un comunicado del CIN.
«Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios», le advirtieron al Gobierno.
Por otro lado, advirtieron que el Gobierno reconoció con ese pago que tienen razón y que «hay plata». Según pudo saber este diario, todavía no harán una presentación judicial, sino que esperarán una respuesta del Gobierno, pero la disparidad de criterios pone a la administración nacional a tiro de una cautelar. En el comunicado indicaron que esa transferencia a la UBA «implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.
«Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas», concluyeron.
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