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Senado: en su último día con mayoría el oficialismo quiere aprobar más de 100 decretos de Alberto Fernández

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La Cámara alta tiene previsto volver a sesionar el 9 de diciembre, un día antes de que cambie su composición de acuerdo a lo que se votó en las elecciones legislativas.

Las autoridades del Senado preparan una sesión para el 9 de diciembre para tomarle juramento a los senadores electos en los comicios legislativos y tratar una extensa agenda de temas, entre ellos, 116 decretos del presidente Alberto Fernández que el bloque del Frente de Todos quiere convalidar antes de perder la mayoría que ostenta actualmente.

El Senado no sesiona desde antes de las elecciones legislativas y, si bien no hay por el momento una convocatoria formal, fuentes parlamentarias confirmaron a NA que la decisión de volver a reunir al pleno un día antes de que cambie la conformación actual se tomó el pasado jueves, durante una reunión del bloque oficialista que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La necesidad de realizar al menos una sesión más antes del recambio había sido conversada previamente entre el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, y su par del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff: se preveía para la próxima semana pero se postergó para unificarla con la jura de los senadores electos, que asumirán formalmente el 10 de diciembre.

Esa será la primera particularidad de la sesión, dado que el reglamento establece que la jura de los senadores electos se realiza el 29 de noviembre, pero el cambio de las fechas de las elecciones legislativas de este año a causa de la pandemia llevó a postergar unos días esa ceremonia.

La segunda particularidad es que la sesión se llevará a cabo en el último día con mayoría oficialista, lo cual será aprovechado por el Frente de Todos para darle aval parlamentario en un solo trámite a 116 decretos del Poder Ejecutivo cuya aprobación se demoró por la campaña electoral.

Los decretos son sobre temas muy diversos: entre ellos hay varias ampliaciones presupuestarias que dispuso el Gobierno; la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; la prórroga de la prohibición de despidos; la derogación sobre una medida de la gestión anterior respecto de Migraciones; aumentos jubilatorios y medidas de aislamiento por la pandemia.

Por ley los decretos del Poder Ejecutivo tienen que ser aprobados por alguna de las dos cámaras del Congreso para tener plena validez y, desde el inicio del gobierno de Fernández, ese trámite siempre se dio en el Senado por la holgada mayoría del oficialismo que le permitió a Cristina Kirchner manejar los tiempos y las formas.

Esa mayoría dejará de ser tal el 10 de diciembre, cuando el bloque oficialista pasará de tener 41 senadores a 35, dos menos de los necesarios para abrir una sesión, mientras que la principal bancada opositora crecerá de los 26 escaños que tiene hoy a los 31.

Por ello, el Frente de Todos apuró el tratamiento de los 116 decretos en un solo paquete en la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario la semana pasada, con el fin de dejarlos listos para aprobarlos en el Senado.

El bloque de Juntos por el Cambio se retiró de aquella reunión tras plantear su rechazo a tratar todos los decretos en «un trámite exprés» y «de manera conjunta», como expresaron Naidenoff y el diputado del PRO Pablo Tonelli.

De esta manera, la principal bancada opositora anticipó su postura en contra del intento del Frente de Todos de aprobarlos antes del recambio legislativo, lo que fue cuestionado por el oficialismo al considerar que la reacción es una movida política.

En ese contexto, el bloque de senadores del oficialismo buscará hacer valer su mayoría en el último día para evitar eventuales inconvenientes cuando los números del recinto se modifiquen.

Además, para la sesión se prevé incorporar numerosos proyectos solicitados por algunos de los senadores que se despiden de la Cámara alta, tanto del oficialismo como de la oposición, razón por la cual dedicaron la última semana a reunir a las comisiones para darles dictamen y dejarlos listos para su aprobación.


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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