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Ante la drástica caída en la oferta de alquileres, el oficialismo impulsa el debate de una nueva ley en el Congreso

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que la ley vigente tenía buenas intenciones pero que «fracasó». Buscarían reducir la duración de los contratos y modificar el mecanismo de actualización de los precios de los alquileres. El Gobierno analiza suspender la norma actual por 180 días.

Ante la drástica caída en la oferta de alquileres y el contexto de alta inflación que no cede, el oficialismo intentará modificar la ley de alquileres, iniciativa que contaría con el respaldo de Juntos por el Cambio, que hace tiempo viene pidiendo la derogación ante la falta de resultados positivos.

«Es necesaria una revisión integral de la legislación actual que claramente no generó certezas ni a los propietarios ni a los inquilinos. En la búsqueda de equilibrios hay que dar garantías a ambos lados del mostrador», sostuvo en declaraciones a NA la diputada nacional electa del Frente de Todos Marcela Passo, quien impulsa una nueva normativa junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Los cambios principales que están en evaluación, según indicó a este medio la referente massista, son la reducción del plazo de duración de los alquileres, él índice de actualización de los valores de los alquileres y la frecuencia de los aumentos (con la nueva ley el ajuste del precio pasó de ser semestral a anual).

La ley se sanciono el 11 de junio del 2020 . El Frente de Todos aportó 39 de los 41 votos a favor.

«El Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó», remarcó el líder del Frente Renovador.

«(La Ley) que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino», completó al participar del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino.

En este sentido, el ex intendente de Tigre y referente del Frente de Todos llamó llamó a «discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país».

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que desde el oficialismo «se está trabajando y se está previendo presentar una modificación» en la normativa dado que «la implementación de la ley en el momento de la aplicación no trajo los resultados que se esperaban».

«Una cantidad de funcionarios y diputados consideran que se puede mejorar», acotó Cerruti en la habitual conferencia de prensa realizada los jueves en la Casa Rosada.

«Los precios de los alquileres, como todo aquello que forma parte de lo que tiene que pagar una familia, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina», enfatizó.

En este marco, desde el Poder Ejecutivo analizan suspender por decreto o por ley la actual legislación por 180 días, para que en ese período una comisión redacte una nueva ley.

«La suspensión por 180 días es una variante que se está analizando. Lo hablo Sergio (Massa) con (el presidente) Alberto (Fernández)», reveló Passo a NA.

Las distintas alternativas para mejorar el acceso a los alquileres están siendo estudiadas por Massa junto al ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi, y también con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Además de una nueva ley de alquileres, Passo señaló a NA que el oficialismo impulsará en paralelo un «conjunto de medidas» complementarias para dar respuesta al problema habitacional, que incluirán «un nuevo instrumento hipotecario que de la posibilidad de comprar la vivienda propia».

La idea, que se está conversando con el Ministerio de Economía, es modificar el índice de indexación para que no se ajuste por UVA sino por el índice de variación salarial.

A su vez, se trataría un proyecto de incentivos al sector de la construcción para que los inversores apuesten al ladrillo, lo que -según Passo «ayudaría a la reactivación de la economía» por el impacto que esa industria tiene en la creación de empleo.

La persistente inflación, que terminará el año por encima del 50%, complica todas las variables, incluidos en especial los alquileres, donde la oferta sufrió una fuerte retracción este año.

Fueron numerosos los propietarios que sacaron de la oferta a sus propiedades y sostienen que el marco regulatorio impuesto por la ley de Alquileres no brinda reglas de juego claras a la actividad inmobiliaria.

Las cámaras del sector inmobiliario ya venían alertando sobre la necesidad de cambios en la norma, para que la oferta no siga desapareciendo.

El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba), que viene reclamando una nueva ley desde hace varios meses, dice tener la promesa de que la nueva ley se discutirá en breve.

«Estaban esperando a que pasaran las elecciones para lanzar este tema, que es necesario para que el sector no siga cayendo», dijeron fuentes de Cucicba a la agencia NA.

El reclamo de los martilleros es regresar a los 24 meses de contrato y admitir un libre acuerdo para un ajuste semestral.

Para realizar los cambios en la ley de alquileres habría consenso con la oposición, ya que por ejemplo la diputada nacional electa de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal, la más votada en la Capital Federal, prometió en campaña que trabajaría para la derogación de la normativa actual y la aprobación de una nueva legislación


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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