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Se cumplieron 10 años de la expropiación de YPF: hoy vale 75 por ciento menos y afronta un juicio multimillonario

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La idea era revertir la caída en la producción de petróleo y gas que caracterizó al último tramo de la gestión privada, encabezada por Repsol y la familia Eskenazi. La valuación bursátil de la compañía está en torno a los 3.400 millones de dólares, una quinta parte de lo que valía hace 10 años y si el juicio es adverso, la Argentina podría terminar pagando 8.400 millones de dólares.

La expropiación del 51 por ciento dela petrolera nacional YPF cumplió ya 10 años, luego de que el 16 de abril de 2012, mediante un decreto, que luego se convirtió en ley, el Estado nacionaliza la mayoría accionaria de la compañía, que en ese momento estaba en manos de Repsol.

La idea era revertir la caída en la producción de petróleo y gas que caracterizó al último tramo de la gestión privada, encabezada por esa firma y la familia Eskenazi.

Los rumores sobre un desembarco del Estado en YPF comenzaron a brotar cerca de 28 de enero de 2012.

La acción de YPF está en los 5 dólares desde la invasión rusa a Ucrania, una movida que permitió mejorar las cotizaciones de la mayoría de las petroleras occidentales.

De todas formas, la valuación bursátil de la compañía está en torno a los 3.400 millones de dólares, una quinta parte de lo que valía hace 10 años.

La vicepresidenta Cristina Kirchner defendió hace unas semanas la expropiación de la petrolera durante su segundo mandato como jefa de Estado, como una forma de reivindicación de su decisión: «Ahora Vaca Muerta es nuestro».

Los recursos que tiene la Argentina en energía y alimentos “son casi un botín de guerra», indicó en un acto el pasado 2 de abril, al tiempo que aseguró que «no habría Vaca Muerta ni soberanía hidrocarburífera» de no ser por las medidas tomadas: «Se deben revalorizar nuestras reservas de gas y petróleo».

Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo en gas no convencional y la cuarta más grande en petróleo no convencional.

En 2012, cuando se expropió YPF, la formación neuquina apenas atravesaba sus primeras etapas de pozos exploratorios, pero los técnicos ya veían gran calidad de la «roca», más allá que faltaban inversiones.

El primer desarrollo millonario allí fue de YPF asociado con la estadounidense Chevron. El acuerdo -que contenía polémicas cláusulas secretas- impulsó Loma Campana desde 2013.

En 2014, la producción de petróleo y gas del país fue la más baja desde 2003, pero Vaca Muerta comenzó a morder con cierta participación sobre la producción de petróleo.

Al principio, a las petroleras les costaba que los pozos fueran redituables, porque sus gastos eran muy altos, pero a medida que hubo más escala, se alcanzó mayor producción.

En 2015, la participación de Vaca Muerta sobre el total de la producción no superaba el dígito y en 2022 ya representa casi un 40% de la producción, informó este domingo diario Clarín.

La Argentina posee más gas que petróleo, pero hay un cuello de botella para transportarlo, por lo que la producción petrolera viene mucha más dinámica que la de gas.

Ieasa (la ex Enarsa) espera tener listo un gasoducto para el próximo invierno, al tiempo que las empresas dicen que podrían duplicar su producción actual de ese fluído.

La estatización del 51 por ciento de YPF despojó a Repsol de su control, pero también afectó a la familia Eskenazi.

Ese grupo nacional llegó a controlar el 25 por ciento de la empresa, que fue perdiendo su participación porque no pudo abonar los préstamos que le estaba pagando a Repsol con las mismas ganancias que generaba la petrolera nacional.

Petersen Energía, la sociedad de los Eskenazi, se había constituido en España, donde fue a la quiebra.

El fondo Burford -que se dedica a litigar activos en liquidación y busca apuestas arriesgadas y de altas ganancias- compró los derechos para los juicios que tuviera Petersen contra el Estado argentino, dueño del 51 por ciento de la firma, y se presentó en la justicia de Nueva York, que es el ámbito en que se dirimen estas controversias. Como YPF está listada en Wall Street, acepta las regulaciones estadounidenses al respecto.

El pleito lleva varios años, pero hay una posibilidad de que haya una sentencia a mediados de año.

El reclamo se basa en que el Estado argentino debería haber hecho una oferta pública y haberles pagado por el 25 por ciento de las acciones que tenían.

Sebastián Maril, uno de los especialistas que mejor conoce el juicio, destacó que un experto consultado estimó que la Argentina podría terminar pagando 8.400 millones de dólares a Burford (por los derechos de Petersen) y a Eton Park, otro fondo que era el tercer accionista de la petrolera.

El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, prometió no pagar por la expropiación lo que querían sus ex accionistas, pero dos años después de consumada, llegó a un entendimiento con Repsol.

Fue así que el Tesoro le pagó 5.000 millones de dólares en bonos a la petrolera española.

El jueves pasado venció el plazo para que cada parte presente un escrito pidiendo al tribunal estadounidense que dicte un fallo sumario a su favor.

En ese sentido, se hace por medio de argumentos exclusivamente jurídicos, sin necesidad de celebrar un juicio.

El reclamo de Burford y Eton -los US$ 8.400 millones- podría trepar hasta los 19.665 millones de dólares con el pago de intereses.

El Estado argentino e YPF consideran que esa cifra no tiene fundamentos, y que la metodología utilizada para realizar el cálculo de daños es defectuosa.

Ya presentados los escritos que piden una sentencia sumaria, ahora vienen posteriores escritos de oposición, que están previstos para el 26 de mayo, y la réplica, pactada para el 23 de junio de este años.

La jueza Loretta Preska no está sujeta a ningún plazo para emitir su fallo y debe resolver si la Argentina e YPF son responsables de aquello que les reclaman los fondos.

La defensa argentina entiende que, aún si fueran declarados responsables de haber procedido incorrectamente sobre los derechos de Petersen Energía, el monto a pagar por los supuestos daños corresponde a una etapa posterior a este proceso.

Los abogados de Procuración del Tesoro e YPF también sostienen que la sentencia, en el momento que ocurra, puede ser apelada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Burford se podría quedar con el 70 por ciento de lo obtenido en el juicio, mientras que hay un 30 por ciento de las eventuales ganancias que repartirá con un socio, cuyo nombre nunca fue revelado. Varios miembros de la familia Eskenazi declararon en este juicio.


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Los estatales declararon persona no grata a Milei y quieren impedirle la llegada al Foro de Llao Llao

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Laura Vales

Por Laura Vales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que este viernes, cuando Milei viaje a Bariloche para participar del Foro de Convergencia Empresarial en el hotel Llao Llao, recibirá al Presidente con manifestaciones de repudio. “En nuestra provincia es persona no grata, y se lo tenemos que demostrar”, anticipó sobre estas acciones callejeras el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar. Los estatales no descartan cortar las rutas para impedir que Milei llegue al Llao Llao, aunque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya dijo que va a impedirlo. De hecho ya se anunció la implementación de un operativo de seguridad para impedir los cortes y manifestaciones anunciadas.

En en el Foro participarán algunos de los empresarios más poderosos del país, como Marcos Galperin (Mercado Libre), Marcos Bulgheroni (PAE); Agustín Otero Monsegur y Carlos Miguens (citrícola San Miguel); Federico Braun (La Anónima); Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant); Karina Román (Logística Román); Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), y Verónica Andreani (Andreani). Además de Milei también participarán el presidente de Paraguay, Santiago Peña y el uruguayo Luis Lacalle Pou (que llegó a Bariloche en un avión privado junto a Galperín y otros empresarios argentinos radicados en Uruguay).

El lugar donde se realiza el exclusivo foro es emblemático. El Hotel Llao Llao es propiedad de Eduardo Elsztain (del Grupo IRSA), que durante la campaña y en las primeras semanas del gobierno de Milei lo alojó en el Hotel Libertador, del que también es dueño. El foro es un evento tradicional y muy reservado. Este año tiene a tres presidentes como invitados. Empezó este miércoles con Lacalle Pou exponiento; el jueves hablará el paraguayo y el viernes, día de las protestas, Milei tendrá a su cargo el discurso de cierre.

La protesta

Desde que en diciembre llegó a la Casa Rosada, el gobierno de La Libertad Avanza despidió entre 12 y 15 mil trabajadores del Estado. Unos 12 mil según el relevamiento del gremio, 15 mil de acuerdo al vocero presidencial Manuel Adorni, posiblemente en previsión de nuevas reducciones de personal. Para una fuerza política que propone la desaparición del Estado, todos los ajustes en el gasto público son ostentados como si se tratara de noticias buenas, pero insuficientes.

Con las manifestaciones, ATE quiere hacer visible además la crisis salarial del sector, ya que en la gestión de Milei los sueldos de los empleados públicos llevan acumulada una pérdida del 20 por ciento. “Hemos perdido más poder de compra durante estos últimos cuatro meses que en los ocho años anteriores. El recorte sobre salarios y jubilaciones es brutal”, señaló Aguiar.

Finalmente, el dirigente gremial, que es oriundo de la provincia de Río Negro, planteó una cuestión más política. Con la «ley bases» y el mega DNU, aseguró, se agravará la entrega de la Patagonia a capitales extranjeros. 

Aguiar señaló que el encuentro empresario “se realizará sin que la prensa pueda informar sobre las deliberaciones” y que sus protagonistas son “planeros con exenciones impositivas”, “Se reúnen en ese foro violadores de leyes laborales fugados al Uruguay, dueños de empresas energéticas enriquecidos con el aumento de tarifas, herederos de supermercados culpables de la inflación en la Argentina y CEOs de laboratorios que lucran con la salud de los jubilados” agregó, por lo que consideró que cuando Milei llegue a Bariloche “deberían cortarse todas las rutas”.

En respuesta al anuncio de la protesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió: “No nos van a cortar ninguna ruta, nosotros ya tenemos la decisión de trabajar todos y cada uno de los días”.

En declaraciones a la señal de cable LN+, Bullrich dijo que su gobierno ya consiguió “que las calles de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades estén liberadas” y añadió que “en Bariloche va a pasar exactamente lo mismo y mucho más si el que transita es el presidente de la Nación”.

A la protesta de este viernes se sumarán movimientos sociales de la UTEP y de las dos CTA. ATE resolvió además un plan de lucha para los próximos días, que incluye su participación en la marcha universitaria del martes 23 de abril y en la movilización del 1 de mayo así como adherir al paro convocado por la CGT para el 9 de mayo.


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