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¿Se avecina una catástrofe social?

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Las urgencias económicas y los ataques del gobierno a usuarios del transporte y la salud. La respuesta de las instituciones políticas y organizaciones sociales y económicas. El cambio de centralidad en la discusión del modelo económico de una semana a la otra.
Raúl Dellatorre

Por Raúl Dellatorre

Hace exactamente una semana, todas las especulaciones pasaban por cómo iba a lograr el gobierno cosechar los votos para aprobar la ley ómnibus en Diputados con el menor deterioro posible. Aun con Milei moviéndose entre Mar del Plata y Jerusalén, el gobierno ocupaba el centro de la escena y se disponía a mover una pieza clave para consolidar su política económica: lograr la media sanción en la cámara baja. Una semana después, el panorama ha cambiado por completo. Milei sigue fuera del país, entre el Vaticano y Roma, pero ahora la centralidad la ocupan gobernadores, intendentes y hasta organizaciones gremiales empresarias y sindicales que empiezan a trabajar políticamente para conformar una representación capaz de intervenir en la discusión de políticas públicas. Todos ellos reconocen un mismo origen o impulso: fue el gobierno nacional el que, con sus políticas, los dañó en exceso y puso en movimiento a todas esas formas de representación que permanecían dormidas.

La crisis económica se agrava, con expresiones variadas pero convergentes. Cifras de caída del consumo, deterioro del salario, baja en la producción, aumentos desmedidos de productos o servicios tan esenciales como alimentos, medicamentos o seguros de salud (prepagas). El otro factor no menos importante de esta crisis es que el ministro de Economía la niega, la desconoce. Luis Caputo sorprendió esta semana con declaraciones en las que celebró que «la inflación está bajando» y que las cuentas públicas están alcanzando el «ansiado equilibrio» antes de lo pensado.

Y se trata de la misma semana en que el gobierno nacional quebró sus relaciones con una oposición dialoguista que se acercó a negociar el texto de una ley «votable» en el congreso y terminó acusada de traidora y corrupta luego de tener que retirar el proyecto de ley del recinto. A gobernadores e intendentes, el gobierno les tiró por la cabeza una quita de subsidios al transporte como represalia («venganza», lo calificaron un diputado nacional y un integrante del gobierno de Santa Fe) por no apoyar la ley, y además desplazó de sus cargos (secretaria de Minería y titular de Anses) a dos funcionarios ligados estrechamente a los gobiernos de Salta y de Córdoba, respectivamente.

Sin distinción de color político, la mayoría de gobernadores expresaron en duros términos su rechazo a la política de transporte del gobierno nacional y anticiparon que llevarán el asunto a instancia judicial. Intendentes de 22 importantes ciudades del interior unificaron su pronunciamiento en igual sentido, acusando al gobierno de intentar alcanzar el equilibrio por vía de arbitrariedades, de manera inequitativa y ahogando a las finanzas de las jurisdicciones afectadas. 

La catástrofe que se avecina

Desde la Federación Argentina de Municipios, que encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se lanzó en la tarde de este viernes un comunicado de alto contenido crítico. «Expresamos con alarma y extrema preocupación el camino anti federal y extorsivo que ha tomado el gobierno nacional. Argentina vive una dramática situación socioeconómica que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el presidente de la Nación y su ministro plenipotenciario de Economía. Ante el panorama inminente de mayor pobreza y altísima inflación, nos vemos en la obligación de alertar y exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que se avecina».

Continúa el documento dando argumentos a esa perspectiva de que una catástrofe se avecina. «Hoy las jurisdicciones provinciales y municipales están siendo atacadas de forma inescrupulosa generando un impacto sin precedentes en la vida de cada ciudadano argentino». 

De inmediato, describe: «el gobierno nacional no envía alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milei. En este período la demanda en comedores y merenderos aumentó en un 30%, como consecuencia del aumento en el precio de la comida y la caída en los ingresos de la clase media y los sectores populares. Somos los municipios quienes estamos abasteciendo esta real necesidad y urgencia». 

En materia de Salud, subraya que «no están privatizando, más bien están decididos a estatizar los servicios sanitarios, ya que la gente que se “cae” de las prepagas van directo al sistema de salud pública».

Advierte que «con la quita de subsidios a la educación, han tomado a las familias como rehenes, que ya no podrán afrontar los nuevos gastos en la educación privada y tendrán que migrar a la educación pública, donde no existe disponibilidad de vacantes suficientes».

Agrega también referencias a las consecuencias de la paralización de la obra pública y al ya mencionado corte de transferencias a las provincias para el autotransporte de pasajeros. «Esta medida es contra millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse. Perjudica y destroza el tejido social y productivo del país, además de mutilar los servicios de transporte municipales que desaparecerán», señala el comunicado de la federación de intendentes.

Este cuadro de situación ya se empieza a sentir en los territorios, tanto en el sector formal como en el trabajo informal, «empujando exponencialmente la demanda de asistencia». Era de esperar que este acelerado agravamiento de la situación social provocara una respuesta política como hacía rato no se veía. Dirigentes políticos que plantean un diagnóstico contundente y sin vueltas, y exigen espacios de discusión para elaborar respuestas urgentes. 

Pymes y sindicatos

La maltratada «política» reclama volver a escena y en un papel protagónico. Así lo entendieron también sectores de la industria y la producción ubicados en el segmento más sensible o más expuesto ante golpes recesivos como el actual. Pymes, cooperativas, empresas familiares, de la economía popular y el asociativismo, y hasta emprendedores individuales, expresados en decenas de organizaciones diferentes, están buscando una nueva herramienta común de representación política «que actúe de manera protagónica en la discusión de la agenda pública». Se proponen llegar a su concreción «en alianza con los trabajadores organizados», es decir los sindicatos.

El primer paso, a poco de haber asumido Milei, con una macro devaluación y anuncios de desregulaciones, desmantelamiento de programas de promoción y de protección industrial, fue la constitución del Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), que aglutinó a entidades con trayectoria en el sector pyme con polos y federaciones del sector cooperativo, organizaciones de género (cámara de mujeres empresarias, Liderar Mujer), mutuales de trabajadores, uniones industriales locales, frentes productivos municipales, movimientos populares y organizaciones defensoras de clubes e instituciones barriales, entre muchos otros.

La organización fue creciendo y sumando entidades (Asamblea Pyme, IPA, ProTejer y muchas más), y en las últimas dos semanas empezó a jugar un papel relevante desde los posicionamiento ante organismos públicos y en la formulación de propuestyas integrales en materia de desarrollo industrial. Esta ultima semana le presentaron a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, el reclamo de que se habilite una sesión especial para exponer su postura frente al DNU 70/23. 

«La derogación de las leyes de góndolas, compre nacional y del régimen de promoción industrial, sumada a las reformas en el Código Aduanero, impactan directamente en las Mipymes y cooperativas. Advertimos que de mantenerse estas circunstancias, vamos hacia una situación de destrucción irreversible de nuestras empresas pymes (…). si bien en los últimos años hemos sufrido un descenso en la tasa de surgimiento de pymes, hoy esa tendencia se ve agravada por la inflación, en el marco de una recesión profunda y no vemos la luz al final del túnel», expresa la nota a la vicepresidenta. 

Los une el espanto, pero además el deseo de recuperar un modelo inclusivo de desarrollo «con producción, trabajo y soberanía como ejes». 


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Axel Kicillof se solidarizó con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres

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El gobernador reiteró su queja por el recorte de fondo nacionales. «No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias».

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se solidarizó con sus pares patagónicos que, encabezados por Ignacio Torres, este viernes decidieron dar un paso al frente en la discusión con la administración de Javier Milei y amenazaron con no entregar los recursos hidrocarburíferos que se producen en esas provincias si el Ministerio de Economía de la Nación, Luis Caputo, “persista en retenerle a Chubut los fondos que por derecho le pertenecen».

Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta “extorsión” y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias”, escribió Kicillof en su cuenta oficial de X, en lo que sirvió para sostener una postura que desde la administración bonaerense se viene defendiendo desde el comienzo de la gestión libertaria.

En esa sintonía que encolumna prácticamente a todos los gobernadores del país, los mandatarios de Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Río Negro, se sumaron en el apoyo a Torres y denunciaron las “medidas extorsivas que plantea Milei”, que adjudican a «represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus».

«No aceptamos patrones de estancias ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», advirtieron y agregaron que “quitarte a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas».

La Provincia viene manifestándose en esa dirección desde hace ya tiempo y profundizó esa postura en las últimas semanas, cuando arremetió con las críticas por el ajuste nacional que ya golpea a docentes y usuarios del transporte y en el próximo mes se notará con más fuerza en las tarifas de servicios públicos. 

«No conocen la realidad del interior»

“Pueden intentar fundirnos y atacar a la provincia, pero nosotros vamos a seguir cumpliendo con el compromiso que asumimos con nuestro pueblo”, había dicho Kicillof horas antes al habilitar un anexo de la Escuela Secundaria N°6 en el paraje rural Don Cipriano en el municipio de Chascomús. 

“Es evidente que quienes solo hablan de ajustar y privatizar no conocen la realidad del interior de la provincia de Buenos Aires: aquí no llega el mercado para construir una escuela porque no es rentable, entonces es el Estado el que tiene garantizar las oportunidades para todos y todas”, expresó el gobernador quien estuvo acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Javier Gastón; y la directora de la institución, Belén Leglise.

«Estamos muy contentos porque, a pesar de estar atravesando una situación adversa producto de las políticas del Gobierno nacional, hoy podemos dar respuesta a una necesidad de las familias de Don Cipriano”, dijo el mandatario provincial que agregó:  “No era justo que los chicos y las chicas de este paraje rural tuvieran que irse o recorrer muchos kilómetros todos los días para recibir algo indispensable como es la educación de nivel secundario”, agregó.

El anexo de la EES N°6 saldará la demanda de oferta educativa de nivel secundario en la zona: contará con una matrícula de 15 estudiantes y formará parte de un polo educativo conformado también por la Primaria N° 20 y el Jardín de Infantes N° 3. Don Cipriano es un paraje rural en el que viven pocas familias y está ubicado a 30 kilómetros de Chascomús por la ruta provincial 20.

“Este anexo va a permitir que las y los jóvenes de Don Cipriano tengan la oportunidad de educarse y de generar arraigo en su comunidad. Esto se puede lograr gracias a la vocación de un gobernador que impulsa políticas públicas para mejorar la calidad de vida en los parajes rurales”, remarcó el intendente Gastón. 

Mediante el Programa Especial de Emergencia Educativa, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya finalizó 14 obras de refacción y puesta en valor de la infraestructura escolar de Chascomús. “El Estado tiene que estar presente para que todos los chicos y chicas, estén donde estén, tengan los mismos derechos: tenemos la responsabilidad de hacer más y seguir mejorando nuestra oferta educativa”, señaló Sileoni.

Durante la jornada, el gobernador y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, presenciaron en el Parque Libres del Sur la prueba de sonido de la orquesta infantil y juvenil local que encabezará el cierre de El Festival que organiza la Fundación SOIJAr. Esta octava edición del encuentro federal que convoca a jóvenes de todo el país conmemora el bicentenario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven y finaliza el próximo domingo.

“Este es un festival con un profundo sentido social, que promueve la inclusión y en el que participan orquestas de todo el país: conscientes de que la formación artística abre mejores posibilidades, se busca integrar a músicos ya consagrados con chicos y chicas que nunca pudieron contar con instrumentos musicales en sus casas”, expresó Saintout.

Sabemos que el ajuste ya está llegando a cada rincón de la Argentina y que impacta sobre todo en la producción y en el bienestar de los trabajadores”, dijo Kicillof al volver sobre la descripción de la situación que preocupa a los jefes provinciales. “Nosotros no estamos de acuerdo con esa política, razón por la cual vamos a seguir tomando nota de las necesidades y haciendo todos los esfuerzos para dar respuestas a las y los bonaerenses”, concluyó.


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